El Gobierno español investiga los visados vinculados a Julio Iglesias utilizados en 2021 para trasladar a trabajadoras desde República Dominicana a España. El Ministerio de Exteriores inició una inspección de oficio para verificar si la tramitación de esos permisos se ajustó a la normativa vigente y para determinar cómo se gestionaron las autorizaciones consulares en ese período.
Julio Iglesias y la inspección por visados Schengen
Fuentes oficiales confirmaron que la Inspección General de Servicios analiza la tramitación de visados Schengen de corta estancia, utilizados para el ingreso de varias internas que iban a trabajar temporalmente en una vivienda del cantante en Ojén.
En el expediente figura una carta enviada por Julio Iglesias al consulado en República Dominicana, en la que solicitó asistencia “con la tramitación de los visados Schengen” para ese personal.
Desde el Ministerio de Exteriores aclararon que la inspección es administrativa y que “no afecta a Julio Iglesias”, ya que el procedimiento se encuentra en una fase preliminar de recopilación y contraste de documentación vinculada a prácticas consulares y fechas específicas.
Julio Iglesias y el debate sobre permisos de corta estancia
Los permisos analizados corresponden a visados Schengen tipo C, que habilitan estancias breves y que, según el consulado, “no son permisos de trabajo”.
Sin embargo, fuentes consultadas señalaron la existencia de una “zona gris”, debido a que este tipo de visados se utiliza con frecuencia para el traslado de personal temporal, como internas o asistentes.
En la documentación incorporada al expediente, el propio cantante habría reconocido que el motivo del desplazamiento era laboral, un punto que complejiza la interpretación habitual de este tipo de autorizaciones y reaviva el debate sobre su uso.
El alcance de la investigación contra Julio Iglesias
Antes de esta inspección, la Audiencia Nacional había archivado una denuncia presentada por dos exempleadas.
La investigación actual, según el medio que reveló el caso, sigue abierta y se limita a examinar expedientes consulares y comunicaciones administrativas, sin implicar imputaciones penales.
Fuentes oficiales indicaron que no hay sanciones previstas hasta que finalice el informe. En caso de detectarse irregularidades, podrían recomendarse medidas disciplinarias o ajustes normativos para reforzar los controles sobre los visados de corta estancia.
