Son tres contadores que actuaron en la verificación de las acreencias, pero que tenían como asesor jurídico al mismo estudio que el financista denunciado y ahora de nuevo detenido: el despacho que encabeza el abogado Juan Pablo Orquera. La Cámara confirmó un fallo de primera instancia, pero desestimó que los síndicos devuelvan los aranceles cobrados por la tarea