Una inspección de la Administración Federal de Ingresos (Afip) detectó extremas condiciones de insalubridad y precariedad en tres campamentos donde trabajadores rurales realizan tareas manuales de desflore de maíz, al allanar ayer un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte del Rosario, provincia de Córdoba. “El trabajo prestado en las condiciones que detectamos es ilegal; pero si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos en este campo, estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra”, afirmó ayer en un comunicado el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.
“En este caso se descubrió una planificación laboral nociva de un grupo económico multinacional”, explicó el funcionario.
Los inspectores de la Afip relevaron a 158 trabajadores, de los cuales 140 hacen el desflore del maíz y el resto se dedican al mantenimiento de los cultivos y preparación de la tierra.
Al ser consultados por los agentes de control, los empleados manifestaron que fueron empleados por Adecco Specialities, empresa que fue contratada por Pioneer Argentina.
En tanto, los peones comentaron que fueron llevados a los campos desde varias localidades de la provincia de Santiago del Estero.
En el relevamiento, los funcionarios de la Afip constataron que los trabaja-dores rurales cobran 97 pesos diarios y que se lo pagan al finalizar todo el trabajo, previo descontarle dinero en caso de dañar las plantas que tratan.
Ninguno de los trabajadores conocía cómo se medía dicho daño, por lo que, en definitiva no sabían cuánto iban cobrar.
Además, los trabajadores no tienen permitido abandonar el predio hasta que terminen el trabajo; el campo está aproximadamente a 40 kilómetros de tierra de una ruta por la que transita el transporte público.
Por su parte, el director general de los Recursos de la Seguridad Social de la Afip, Carlos Sánchez, evaluó: “Las empresas que tercerizan a sus trabaja-dores deberían controlar que los empleados que prestan servicios lo hagan en las condiciones establecidas por la ley. De lo contrario, estamos frente a un ardid para eludir las verdaderas responsabilidades como empleadores”.
La Afip presentará la denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en la sede judicial correspondiente; las posibles sanciones se encuadran en delitos previstos en la ley 24.769 por evasión previsional que prevé penas de prisión de 2 hasta 6 años.
