El juicio oral y público por la verdad de la denominada Masacre de Napalpí continuó este jueves con las declaraciones testimoniales de investigadores, juristas y especialistas en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la exEsma, quienes coincidieron en que el genocidio fue parte de «un proyecto sistemático» por parte del Estado argentino para «invisibilizar y explotar laboralmente a los indígenas».
En las audiencias iniciadas a las 9.10, el tribunal tomó declaración al historiador Mariano Nagy; la antropóloga, Silvina Turner; la documentalista e investigadora Valeria Mapelman; el antropólogo, Héctor Trinchero; y la antropóloga Diana Lenton. En el cierre, recibió el testimonio del exministro de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni.
«Las consecuencias de estos crímenes masivos perduran en los hijos, perduran en los nietos y perduran en la memoria de todos aquellos que descienden de las víctimas, sobre todo, cuando estos crímenes se cometen contra grupos humanos discriminados y estigmatizados», aseveró el exministro de la Corte Suprema durante su declaración.
Zaffaroni expresó que el esclarecer la verdad de lo sucedido era una «deuda del Estado», no sólo por tratarse de un crimen de Estado, sino en un sentido más amplio porque se trata de una contribución indiscutible al esclarecimiento de nuestro ser nacional».
El objetivo de este proceso, primero en su tipo a nivel nacional, es el de avanzar en una reparación histórica por crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado el 19 de julio de 1924 en el entonces territorio nacional de Chaco, en cercanías a las localidades de Quitilipi y Machagai en la zona central de la provincia.
Según se informó durante el juicio, si bien no tiene consecuencias penales, se trata de una búsqueda de la verdad y tiene como finalidad «la reivindicación de la memoria de los pueblos indígenas, y la reactivación de la confianza en la sociedad en los derechos humanos».
Zaffaroni subrayó que «el proceso penal no persigue solamente la imposición de penas, sino el derecho de las víctimas a saber la verdad» y dijo que «este hecho, que fue uno de los más sangrientos, produjo una herida que tiene que ser mostrada a nuestro pueblo; es importantísimo para generar conciencia pública argentina y para acabar con la invisibilización de nuestra riqueza étnica».
Por su parte, la antropóloga Diana Lenton, consideró que el genocidio contra los pueblos originarios «continúa», no sólo por «las huellas traumáticas de la violencia» sino también porque «se sigue reproduciendo una política activa e ideológica de olvido».
«La ciudadanía argentina ha sido privada de lo que ha pasado. Un pueblo no puede sobrevivir si no puede transmitir su cultura y su identidad, el despojo del idioma, la separación del grupo y no saber identificarse es parte de un proyecto sistemático para minar su capacidad de resistencia», subrayó Lenton.
En esta línea, la documentalista e investigadora Valeria Mapelman, explicó que la violencia por parte de las fuerzas represivas se producía cuando los grupos indígenas se negaban a ser «reducidos».
Durante las audiencias se proyectaron entrevistas a los sobrevivientes -ya fallecidos- Melitona Enrique y Rosa Chará, que aportaron sus voces en registros grabados años atrás por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco.
Asimismo, en la audiencia de hoy, la antropóloga forense Silvia Turner, enseñó a los presentes las excavaciones llevadas a cabo en el sitio de la masacre.
Si bien reconoció que «los resultados obtenidos pueden no responder a las expectativas» esto no cuestiona «los testimonios ni la información que indica estos entierros».
«Había una relación de servidumbre de los indígenas. Donde el Estado se los entregaba a los empresarios y se armaba un circuito económico», resaltó en su testimonio el historiador Mariano Nagy y dijo que «las reducciones indígenas eran un engranaje más que permitía extraer esos recursos y aprovechar esas fuerzas productivas».
En tanto, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, sostuvo en declaraciones a Télam que «el eje primordial y final de esto es activar la memoria y crear de forma colectiva una conciencia ciudadana» que «nos permita a todas y todos comprender las graves violaciones hacia los derechos humanos que se cometieron para que esta historia no vuelva a repetirse».
En esa misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos de esa provincia, Nayla Bosch, remarcó que «el derecho a la verdad y al acceso a la justicia no puede denegarse» y subrayó: «Se trata de una deuda histórica».
El juicio oral comenzó el pasado 19 de abril, Día de la Reafirmación de los Derechos de Pueblos Originarios, en Resistencia, y ya lleva cuatro jornadas realizadas a la fecha, con audiencias semanales.
La de hoy fue la segunda audiencia realizada en el predio de la exEsma, donde el martes brindaron sus testimonios el sociólogo Marcelo Musante, el historiador Nicolás Íñigo Carrera, la antropóloga Lena Davila, el historiador Alejandro Covello, las archivistas Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaule y el arquitecto y antropólogo Carlos Salamanca.
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo de este juicio, aclaró que el objetivo del debate es «reconstruir y conocer la verdad histórica» a través de la prueba aportada por la fiscalía sobre esta matanza perpetrada hace 98 años en la zona central de Chaco, que por entonces era un Territorio Nacional.
