A 38 años de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Marcos A. Zar de la Armada, la Justicia espera la extradición desde los Estados Unidos del teniente Roberto Bravo y que la Cámara de Comodoro Rivadavia resuelva algunas incidencias planteadas por las partes, para entrar en la etapa de elevación a juicio oral y público.
En tanto, con actos y eventos culturales, que se extendieron durante toda la semana, organizaciones sociales y la Secretaría de Derechos Humanos del Chubut homenajearon a las víctimas de la masacre, militantes de izquierda fusilados en los calabozos de la base Almirante Marcos A. Zar el 22 de agosto de 1972.
Una semana antes, los presos políticos se habían escapado de la cárcel de Rawson en dos tandas: una logró abordar un avión de línea que fue desviado a Chile y los restantes se entregaron en el aeropuerto viejo de esa ciudad.
Las instalaciones de este último edificio fueron remodeladas y transformadas en el Centro Cultural de la Memoria, sede de actos para recordar a las víctimas y en las que se expone la muestra permanente de fotografías de la época.
En la Masacre de Trelew murieron acribillados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey y Eduardo Campello.
También perecieron allí, en lo que la causa sindica como «un baño de sangre», Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
En tanto, quedaron con vida Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, quienes resultaron gravemente heridos y con los años fueron reportados como desaparecidos durante la dictadura militar iniciada en 1976.
La investigación de la Masacre de Trelew se mantuvo paralizada durante más de 35 años en la Justicia federal bajo argumentos jurisdiccionales, hasta que asumió el juez federal Hugo Sastre, quien dictó el pedido de captura de los responsables que se materializó en febrero del 2008 con las primeras detenciones.
En la elevación a juicio, el juez Sastre les imputa a los procesados el delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos), todos en concurso real».
En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de seis cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, teniente Roberto Bravo, capitán Emilio Del Real, capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).
De los mencionados ninguno cumple prisión efectiva, y se espera la pronta extradición de Bravo, que fue localizado en Estados Unidos, detenido para su identificación y luego excarcelado mientras se sustancia el largo proceso de repatriación.
Esta semana se aguardaba la audiencia de extradición de Bravo, que estaba agendada para el martes pasado en un tribunal de Miami, pero se postergó hasta el 31 de agosto por problemas de salud del abogado defensor del ex marino, quien se mantiene en libertad bajo pago de una cuantiosa fianza.
«Esperaba contar con la extradición como regalo de cumpleaños pero no se me dio», dijo a Télam el secretario penal del Juzgado Federal de Rawson, Mariano Miquelarena, quien festejó sus 53 años el miércoles 18 cuando se aguardaban señales desde los Tribunales norteamericanos.
También están acusados de la masacre Rubén Norberto Paccagnini (jefe de la base), Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento.
Paccagnini, Mayorga y Bautista no aparecen «disparando» en la escena del crimen sino como parte de una cadena de mandos que «habría ejecutado órdenes emanadas del entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, de ultimar a los 19 detenidos en la base», según indica la acusación.
Por otra parte, la causa aguarda que la Cámara de Comodoro Rivadavia resuelva algunas incidencias planteadas por las partes, para entrar en la etapa de la elevación a juicio oral y público.
