A 28 años de lo que se denominó la Masacre de Wilde, la Fiscalía y las tres querellas que participan del juicio solicitaron penas máximas para los siete ex policías que son juzgados, pero además le reclamaron al tribunal oral la inmediata detención de todos ellos, lo que fue apoyado por los familiares de las víctimas, que no cesan en su pedido de una Justicia justa.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora escuchó esta semana los alegatos tanto de la fiscalía como de las tres querellas que representan a los familiares del librero Edgardo Cicutín, del remisero Roberto Corbo, sus pasajeros Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa (todos estos fallecidos) y de Claudio Díaz, el único sobreviviente.
Para la fiscal Viviana Simón, desde el 17 de octubre cuando comenzó el demorado juicio oral, se escucharon decenas de testigos que le permitieron dar por acreditado que los siete acusados son autores de los crímenes de uno de los casos más resonantes de gatillo fácil de la historia policial en el país.
No sólo eso, sino que reclamó la inmediata detención de los ex comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el ex oficial Osvaldo Lorenzón; el ex subteniente Pablo Dudek; los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga; y el ex cabo Marcos Rodríguez, quienes llegaron al debate en libertad.
«Acuerdo previo para matar, organización con medios, vehículos, armas de fuego, cantidad de participantes, ejecución», son algunas de las afirmaciones que, a lo largo de varias horas, esgrimió la fiscal en su contundente pedido de perpetua para los acusados.
«La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho», aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como «un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado».
El delito fue tipificado como «homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa».
El abogado Ciro Annicchiarico, querellante en representación de Raquel Gazzanego, esposa de Cicutín (una de las víctimas), de sus hijos y del único sobreviviente, Díaz, apuntó sobre uno de los argumentos que, desde el primer día, sostienen los acusados: que en el caso no hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes.
«Fue una encerrona sorpresiva», se trató de una «cuádruple ejecución extra legal más una tentativa de homicidio», dijo el letrado con la certeza de que las víctimas eran inocentes, ante los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.
«Es tan evidente la mecánica de los hechos, la materialidad ilícita, el dolo de homicidio y la autoría, que entenderlo de otro modo sería cerrar los ojos a la verdad, no hacer justicia», expresó el abogado.
Y fue más allá al sostener que «si se trataba de interceptar a sospechosos de algún delito, la obligación policial era hacerlo conforme a las reglas que gobiernan la buena actuación de prevención policial y que emergen de la ley procesal penal también que regia en ese momento, darse a conocer como auto policial, subsiguiente detención y puesta a disposición de la Justicia, que es la única encargada de administrarla».
Para el abogado, nada de esto ocurrió y también pidió perpetua para todos ellos y que sean detenidos de inmediato, ante el peligro de fuga.
El alegato del abogado Gustavo Romano Duffau, que representa a Patricia, la esposa del remisero Norberto Corbo, no varió en casi nada de lo que el día anterior había manifestado su colega. El pedido de la pena y de la detención de los policías fue similar, y los argumentos, también.
«Fue una patota homicida, un plan irregular, un plan criminal conjunto, cada uno de los sujetos que intervino unge como una pieza funcional de apoyo para que el plan y el fin propuesto pudiera ser consumado, era un verdadero grupo cuyo objetivo era cometer delitos», sostuvo.
Palabras más o menos similares a las de su colega, pero tan contundentes como el pedido de condena.
La querella restante fue la del abogado Eduardo Michaud, que representa a la familia de los fallecidos Mendoza y Bielsa, quienes se movilizaban en el remis manejado por Corbo.
«De acuerdo a los impactos de bala que se contabilizaron en los autos, queda claro que la intención de los efectivos fue acribillar a los ocupantes. No hubo advertencia, no fueron agredidos (por las víctimas), no hubo armas de fuego (en poder de los hombres asesinados)», dijo el letrado en una parte de su alegato final.
La semana próxima será el turno de los alegatos de las defensas.
Hasta el momento, ninguno de los ex policías declaró en el marco del juicio, pero uno de ellos, Lorenzón dio un breve testimonio a la agencia de noticias Télam en el que ofreció lo que, quizá, sea un adelanto de su defensa: «Lo que pasó hace 28 años en ese hecho fue un caso de enfrentamiento de policías y delincuentes. No fue un caso de gatillo fácil. Todo eso le hace muy mal a la institución policial. Sólo nos defendimos de un grupo de delincuentes».
El juicio continuará el próximo miércoles a las 14.15, cuando será el turno de la primera de las defensas de los acusados.
El caso
La Masacre de Wilde se produjo el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con sospechosos y les dispararon cerca de 200 veces con pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos.
La causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».
