Cientos de mujeres se concentraron este martes en las puertas de Tribunales provinciales para exigirle al Estado nacional, al provincial, el municipal y al Poder Judicial medidas concretas para frenar la violencia de género que azota al país. “Las mujeres estamos hartas y necesitamos políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar lo que sufrimos”, fue el lema de la convocatoria.
La concentración fue impulsada por la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres. “Hartas”; “¿Hasta cuándo? ¡Emergencia ya!”; “Ni soy histérica ni estoy menstruando, grito porque nos están asesinando”; “Quien ama no mata, no humilla, no maltrata”; “No es el largo de mi pollera es lo corto de tus ideas”, “Basta de matarnos” y “Ni una más”. Esos fueron algunos de los carteles que llevaban las mujeres que asistieron a Balcarce y Pellegrini para para manifestarse contra la violencia machista.
Mercedes Meier, diputada provincial del Frente Social y Popular, dijo a El Ciudadano que además de exigir la emergencia nacional también pelean para que puedan tener una pensión aquellas que fueron desvinculadas del trabajo. Además buscan que les sea más fácil alquilar a las que tengan que abandonar su hogar.
“Femicidios, violaciones en manada, una niña violada y obligada a ser madre, queda mucho por recorrer. Estamos exigiendo la declaración de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. El gobierno nacional no solo recortó parte del presupuesto, sino que con la inflación y el ajuste queda un magro presupuesto de 11 pesos anuales por cada una de nosotras”, se lamentó la militante.
Por su parte, Claudia Semino, secretaria de Género de Amsafé, remarcó que la cantidad de femicidios aún no se terminan de dimensionar.
“Sabemos que no va a ser sencillo y tenemos que reclamar y estar juntas para todo esto. Nos encontramos con mujeres que sufren violencia de género y entran en un círculo vicioso. No tienen recursos y no pueden resolver la situación y desde el Estado no se les da una respuesta. Necesitamos la emergencia, es una realidad, no un slogan”, advirtió.
El petitorio
El petitorio que dieron a conocer este martes resume los problemas con los cuales se topan con frecuencia las que se acercan a los Tribunales para denunciar a sus agresores.
El primer lugar en la lista lo ocupa el pedido de sanciones para el incumplimiento de las órdenes de restricción. Estas medidas dispuestas por un juez (como la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, cese del hostigamiento) tienen como objetivo proteger a una persona que siente amenazada su seguridad e integridad. Sin embargo, “con frecuencia los agresores no las cumplen ni son sancionados por esto”, indicaron desde la campaña.
También reclamaron que todos los operadores del Poder Judicial estén capacitados en perspectiva de género, lo mismo que el personal encargado de tomar las denuncias.
El reclamo incluye la creación de guardias mínimas en la Fiscalía y en los Centros Territoriales de Denuncias para que las mujeres puedan denunciar agresiones.
Además, se exige el cumplimiento de la ley nacional 27.372, de derechos y garantías a las personas víctimas de delitos, en particular a la no revictimización. Es decir que la víctima no debe ser tratada como responsable del hecho sufrido y las molestias del proceso penal deben limitarse “a las estrictamente imprescindibles”.
Cada vez más muertes
Con la muerte que se dio este martes, en lo que va del año ya asesinaron a 14 mujeres en el país.
La lista incluye a Agustina Imvinkelried, de 17 años, que fue asesinada cuando salía de bailar en un boliche en Esperanza, Santa Fe.
A la par, Celeste Castillo, de 27 años, fue asesinada por su pareja, un oficial de la Policía, Héctor Montenegro, en Santiago del Estero.
Mientras que Nayla Mamaní, de tan solo 10 años, fue apuñalada 32 veces en el partido bonaerense de Longchamps.
Por su parte, Gisel Romina Varela, de 33 años, era policía y el femicidio lo cometió su ex pareja mientras ella esperaba el colectivo en la ciudad de Mar del Plata.
Daiana Moyano tenía 24 años. Su cuerpo fue hallado en los alrededores de la ciudad Mi Esperanza, en Córdoba, con signos de abuso sexual y golpes. Por el crimen hay un hombre detenido. Mientras que Danisa Canale fue asesinada a martillazos por su marido, en Galvéz, Santa Fe.
Valeria Juárez, de 32 años, de la provincia de Chaco, fue asesinada de un escopetazo por su padre, Elías Juárez, quien luego de cometer el hecho se suicidó.
En paralelo, Romina Ugarte murió asesinada a balazos en su casa de Cañuelas. El que era su novio policía se encuentra detenido.
Susana Yas, de 77 años, fue asesinada recientemente en Mar del Plata. La causa está en plena investigación. El cadáver de la jubilada presentaba una herida profunda en la cabeza y golpes.
Liliana Loyola, de 64 años, era de San Juan. Y fue quemada por su hijo el 29 de noviembre pero falleció el 9 de enero luego de agonizar en el hospital. Su hijo, Juan Echegaray, la atacó porque ella no quiso darle plata y luego de prenderla fuego se fugó.
Liliana Ramona Olguín, por su parte, tenía 49 años y fue asesinada a puñaladas el 20 de enero en Las Heras, Mendoza. Por el crimen detuvieron a su ex pareja, con quien todavía convivía.
En la misma línea, Ramona Romero, de 23 años, fue asesinada el 20 de enero por Manuel Salgada, su ex pareja, quien después de acuchillarla, se suicidó al cortarse las venas. El crimen ocurrió en San Miguel, Corrientes.
Finalmente, el caso de Carla Soggiu podría sumarse a la lista. El cadáver de la mujer de 28 años fue hallada el 19 de enero en el Riachuelo, días después de que no se supiera nada de ella más que había accionado el botón antipánico que tenía por haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.
