Familiares de víctimas de la violencia institucional y organizaciones políticas y sociales realizaron este jueves marchas con distanciamiento y manifestaciones virtuales contra el gatillo fácil y los abusos de las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país.
Se trata de la Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus, sus organizadores dispusieron que las manifestaciones se realicen respetando las recomendaciones de distanciamiento social.
«No vamos a parar de luchar hasta que nos dejen de matar. Basta de desapariciones forzadas y causas armadas», indicaron en un documento que fue leído en la Plaza de Mayo por los organizadores de la Marcha.
El acto en la histórica Plaza comenzó a partir de las 15.30, y los convocantes pusieron en la Pirámide de Mayo fotos de las víctimas de la violencia institucional y el gatillo fácil. Los actos se replicaron en Río Negro, Neuquén, Tucumán. Salta, Rosario, Córdoba, Corrientes, Monte caseros, Misiones, Buenos Aíres, Mendoza y Pergamino.
«Por Facundo y contra el gatillo fácil» es el lema de esta marcha que al reclamo tradicional que se realiza en esta fecha se sumó un pedido para esclarecer la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 30 de abril.
Cristina Castro, madre del joven desaparecido en cercanías de la ciudad de Bahía Blanca, estuvo en la Plaza de Mayo, donde recibió el respaldo de los manifestantes e insistió en responsabilizar a la Policía bonaerense en el hecho.
«Vine por respuestas y para pedir justicia», señaló Cristina en el cierre de la lectura del documento y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
«Todos tienen los mismos derechos, nuestros pibes también. Y cuando dejen de matarlos, habrá justicia. Por eso, todos los 27 de agosto nos van a encontrar en esta Plaza», señaló durante el acto Emilia Vasallo, madre de Pablo Alcorta, un joven asesinado por efectivos policiales en 2013.
«En este camino de lucha, entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares», indicaron los organizadores en un documento.
En ese sentido, agregaron: «Las prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.500 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983».
