Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el gobierno nacional dejó de enviar alimentos a los 41 mil comedores comunitarios que existen en Argentina. Por esta decisión, 10 millones de personas quedaron sin su plato de comida. Las partidas están asignadas, pero el Ministerio de Capital Humano no las ejecuta. La demanda de alimentos viene creciendo al ritmo de la inflación y de la desocupación. Lejos de dar respuestas, desde el gobierno apuntan contra las organizaciones que prestan su ayuda para sostener estos espacios. Este lunes, vecinas y vecinos se movilizaron ante la sede de Capital Humano en Buenos Aires y en distintos puntos del país para pedir que se vuelva a entregar la mercadería.
La semana pasada, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le respondió a las organizaciones que se habían acercado a la sede del ministerio en la ciudad de Buenos Aires que no iba a hablar con ningún referente, sino que iba a hacerlo directamente “con la gente que tiene hambre”. “Pidió que se hiciera una cola y puso una mesita con un guardaespaldas en un patio delantero para atender. Fue un acting. Estuvo cinco minutos ahí y enseguida empezaron a reprimir, a tirar gases”, relata María Claudia Albornoz, de La Poderosa. En respuesta, este lunes las «filas del hambre» se replicaron en todo el país para para hablar con la ministra. Unas 10 mil personas, alrededor de 40 cuadras, sólo en la Capital Federal, a donde como la ministra no los recibió volverán este martes.
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Además de las partidas nacionales, hay una partida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para comprar mercadería que tampoco se está utilizando. Esos fondos fueron entregados en el marco del programa “Apoyo a la gestión de la política alimentaria y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias”, cuyo objetivo es fortalecer a las organizaciones sociales que sostienen los comedores comunitarios en Argentina.
En los últimos días, desde el ministerio de Capital Humano afirmaron que, con el objetivo de «transparentar la política alimentaria», están auditando los comedores sociales que reciben ayuda en mercadería. «Se podrá corroborar su existencia, controlar su funcionamiento, obtener el listado de los beneficiarios y constatar la infraestructura para la cantidad de beneficiarios declarados», manifestaron a Ámbito.
Pettovello tiene nula experiencia en políticas públicas vinculadas a políticas sociales. Sin embargo, antes de asumir, la Licenciada en Periodismo por la Universidad de Belgrano y en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, ya había anticipado en una entrevista a La Nación+ que su intención es “eliminar a los intermediarios” (en relación a los movimientos sociales). En los últimos días, trascendió que se está estudiando un mecanismo para que cada comedor compre los alimentos a través de una tarjeta.
El Ciudadano dialogó con cuatro integrantes de organizaciones sociales y todos coinciden en el análisis: por un lado, el gobierno nacional ostenta un gran desconocimiento sobre la génesis y los mecanismos que sostienen un comedor comunitario. Por el otro, advierten una intencionalidad política de desarticular a los movimientos sociales.
“Nunca vi este nivel de cinismo, de violencia y de ninguneo. No hemos tenido gobiernos buenos, pero realmente el ensañamiento que tiene este Gobierno con las personas que vivimos en situaciones de pobreza es muy duro. Y se entiende cuando leés la Ley Ómnibus y ves la política que quieren implementar, que es favorecer a los sectores concentrados de la economía”, cuestiona Albornoz.
Por su parte, Pablo Basso, del Movimiento Evita de Rosario, considera que este tipo de medidas tienen “la intencionalidad de cercenar los espacios en donde los vecinos se organizan, le plantean reclamos al Estado y generan espacios de contención para los jóvenes”. Al respecto, agrega: “Rosario es la ciudad más atravesada por la narcocriminalidad, la inseguridad y las balaceras y los espacios comunitarios cumplen un rol muy importante de contención de los jóvenes ante este fenómeno”.
Desde la ciudad de Santa Fe, Carlos Abad, integrante del movimiento Nuestramérica, manifiesta: “Este es un gobierno de ultraderecha y fascista manejado por las principales corporaciones y capitales concentrados. Odian cualquier política pública de asistencia a los sectores más humildes. Lo único que les importa es la ganancia y la acumulación desaforadas. Pero además, con este tipo de medidas buscan desarticular parte de la capacidad de organización y de lucha de los sectores más dinámicos que han sabido ser resistencia de la política neoliberal y de ajuste. Y esos son los movimientos populares”.
Tanto el Movimiento Evita como Nuestramérica pertenecen a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que la semana pasada organizaron una acción frente a los supermercados para pedir comida. “Las grandes cadenas de supermercados tienen una gran responsabilidad en la formación de precios y en la poca accesibilidad que tienen los alimentos en la mesa de los argentinos. El 95% del precio de los alimentos lo deciden diez empresas, de las cuales nueve son multinacionales”, apunta Abad.
Mientras tanto, quienes integran las organizaciones hacen malabares para cocinar sin la mercadería que dejó de enviar el Gobierno. Bingos, beneficios, donaciones e incluso huertas comunitarias empiezan a activarse para cubrir la ausencia deliberada.
Desde el barrio Empalme Graneros, Estela Pinto de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) comparte su tristeza por no poder dar respuesta a todos los chicos que se acercan a su casa con el táper para buscar comida. Y pide: “Ojalá este gobierno se fije más en los pobres, porque la estamos pasando mal. Nosotros no somos vagos, trabajamos. Limpiamos los barrios, cocinamos… Ojalá reflexione y ayude a los comedores, que ayude a las criaturas. Él dice que quiere que Argentina avance, pero con hambre y sin trabajo no sé si va a avanzar”.
“La gente está desesperada”
Pinto cocina para 150 personas en el comedor San Cayetano, que montó en su casa en el barrio Empalme Graneros. El suyo es uno de los 68 comedores que la CCC tiene en Rosario. “Desde noviembre no nos dan nada. Para las fiestas la Provincia nos dio algo, pero fue muy escaso. Hoy ya no tenemos leche para el merendero y por cómo aumentaron las cosas, solamente podemos hacer guiso. No alcanza para otra cosa”, cuenta la mujer.
Sin el aporte de mercadería del Gobierno nacional, queda la ayuda de la Provincia y de la Municipalidad. Mientras que el gobierno provincial no actualiza los montos desde septiembre, lo que entrega la Municipalidad tampoco alcanza. Pinto cuenta que los 55 mil pesos que le dieron para todo febrero ya se terminaron: esa es la cifra que utiliza (haciendo un cálculo aproximado) por cada comida.
Hace 15 años que participa en la organización y hace cinco que lleva adelante el comedor, pero nunca se encontró con una situación así. “Este gobierno nos está matando. Estaría bueno que nos reciban, para que sepan que lo que mandaban antes ya era poco. Y que visiten los comedores y que vean la necesidad que hay”.
Al comedor llega cada vez más gente. A Pinto y a las cuatro mujeres que cocinan con ella, les piden que cocinen a diario. “En el barrio no hay trabajo. El que trabaja en la construcción te dice que está todo parado, el que cirujea no consigue nada. Y lo único que tienen es un comedor cerca, pero nosotros no podemos dar todos los días porque no nos alcanza”, relata Pinto.
“Te da tristeza porque vienen los chicos con el táper y se lo llevan vacío, porque no alcanza. Se ve la necesidad. Enero fue más crítico que nunca. Desde que asumió este gobierno, las cosas salen el triple”, lamenta. Y dice, sin esconder la amargura: “La gente busca comida desesperada”.
La comida no se prepara sola
Según el Registro Nacional de Comedores Comunitarios hay 41 mil comedores y merenderos en todo el país que brindan alimentación gratuita al menos tres veces por semana a personas en situación de vulnerabilidad social. Sirven almuerzos o cenas, a veces también desayunos o meriendas. En algunos casos los platos se sirven en el lugar, en otros se entregan viandas. Además, estos lugares suelen funcionar como espacios culturales, deportivos, de salud comunitaria o de educación popular.
Estos espacios intentan llenar los estómagos vacíos, tratan de hacer frente a la malnutrición de pan y sólo pan. Son las responsables de que las imágenes del despojo no sean las de miles y miles de niños con las panzas henchidas de hambre. Y ante tamaño esfuerzo el Gobierno nacional “ayuda”, desde el 2001 para acá, entregando “módulos alimentarios”: mercadería que, por lo general, son productos secos (fideos, polenta, aceite). Pero como no basta sólo con un paquete de fideos y una caja de salsa de tomates para que un guiso llegue a la mesa, las organizaciones ponen el trabajo, el gas, la cocina, el espacio físico y toda la logística que hoy en Argentina alimenta a 10 millones de personas.
Además de la asistencia del Gobierno nacional, muchos comedores también reciben ayuda de las provincias y de los municipios. En el caso de la provincia de Santa Fe, el subsidio para los comedores se gira a través de una tarjeta institucional que permite a las organizaciones comprar la mercadería en supermercados mayoristas.
A los comedores van niñas, niños, embarazadas, personas mayores, personas en situación de calle. Albornoz señala la necesidad de avanzar en leyes que declaren la emergencia alimentaria para poner en foco que esas personas hoy están condenadas al hambre. “Es fundamental no vender esas niñas y niños a un futuro de mierda, porque en realidad a eso está apostando este Gobierno nacional: a que los pibes que ya no tenían futuro ahora tampoco tengan ni siquiera para comer”.
“Queremos dejar en claro que no tenemos problema con que nos auditen”, dice Albornoz.
“Tenemos registrados quiénes son los que comen en comedores comunitarios, cuántas raciones hacemos, cuántas trabajadoras y trabajadores hay en cada comedor”, argumenta. A nivel nacional, La Poderosa cuenta con 150 comedores, en los que trabajan 1800 personas y se entregan 44 mil raciones. En la provincia, tienen uno en Santa Fe, uno en Santo Tomé y tres en Rosario. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, entregan 300 raciones cada fin de semana. Y la ayuda para ese comedor por parte de la provincia es solamente 220 mil pesos mediante la tarjeta institucional.
El 80% de quienes cocinan, preparan las raciones, se ocupan de entregarlas y de lavar todo para el día siguiente, son mujeres. Durante el año pasado, desde La Poderosa reclamaron una ley que reconozca el trabajo de las cocineras comunitarias, y que estipule el pago a cada una el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil (hoy 156 mil pesos).
Pero esa ley no llegó a tratarse. Sigue habiendo una deuda del Estado con esas trabajadoras sin sueldo que dedican entre seis y diez horas a darle de comer al barrio. Desde el gobierno anterior, estas mujeres ya tenían que hacer magia para elaborar menús nutritivos con módulos alimentarios cada vez más escuálidos y con productos cada vez más pobres en términos nutricionales. Hoy hacen lo que pueden ante las panzas cada vez más vacías de los pibes y los oídos cada vez más sordos del Gobierno.
Algunas de esas mujeres cobran el Potenciar Trabajo, que son 78 mil pesos por mes (la mitad de un salario mínimo, vital y móvil). “En verdad, esa política nació en función de ser un piso para que puedas generar ingresos dentro de la economía popular. Pero ese no es el caso de las cocineras, porque las raciones de comida no se venden: se dan gratuitamente justamente porque la gente no puede comprar su alimento”, diferencia Albornoz.
“Este es un trabajo que se hace para la comunidad porque hay Estados que empobrecen a través de sus políticas y quienes atienden los problemas alimentarios de las personas empobrecidas son los movimientos sociales a través de sus comedores”, explica. Y agrega: “Somos quienes organizamos la situación alimentaria en los barrios populares donde llega muy poca política estatal, ya sea nacional, provincial o municipal”.
“No ajustan a la casta, ajustan a la canasta”
En Rosario, el Movimiento Evita cuenta con una red de 80 comedores que, entre todos, alimentan a 5000 familias. “Nuestros comedores, copas de leche y centros comunitarios son espacios donde se fortalecen los vínculos entre los vecinos”, enfatiza Pablo Basso. Son ámbitos donde se ayuda con la tarea escolar, se organizan cooperativas y hasta huertas comunitarias. Allí, se contiene —entre otras situaciones— a jóvenes con problemas asociados al consumo de los barrios más marginados de la ciudad.
De la red de comedores, hoy no todos están funcionando por la falta de recursos. El espacio donde trabaja Basso es La Fávrica, que comenzó como un comedor y un merendero y hoy es un espacio cooperativo, que cuenta con un club de fútbol y también con psicólogos que abordan específicamente la problemática del consumo. Actualmente, da de comer a 60 familias.
“Este es un gobierno que ganó con la consigna de ajustar a la casta pero lo único que está ajustando es la canasta, haciéndola inaccesible para cientos de miles de familias. Esto no se resuelve con ayudas individuales, porque la canasta alimentaria aumenta cada vez más y no hay tarjeta alimentaria que pueda solucionar eso”, argumenta el entrevistado.
Califica el retiro de partidas como “vergonzoso”. “Dicen que ‘no hay plata’, pero la plata está: el presupuesto está asignado para el ministerio. Lo que no se está haciendo es ejecutarlo”, subraya. Y añade: “Hasta que se les ocurra un nuevo sistema para distribuir la ayuda, deberían continuar entregando los alimentos, porque el hambre no puede esperar”.
Para Sandra Pettovello, lo que hacen los movimientos sociales es “gerenciamiento de la pobreza”. Basso responde: “Decir ‘gerenciamiento’ es no conocer ni cómo se organiza una copa de leche ni cómo se genera un espacio comunitario. Lo único que nace y se genera en esos espacios son vínculos de solidaridad y de compañerismo de vecinos que se organizan y le abren la puerta a los hijos de sus propios vecinos para que hagan la tarea o para servirles un vaso de leche o un plato de comida”.
Para el militante, “esto no es solo una definición política de un ministerio, sino que es garantizar la injusticia social y la desigualdad que es el proyecto que está aplicando el Gobierno nacional con esta nueva gestión, con políticas neoliberales que ahora vienen acompañadas por un discurso que pretende justificarlas y que es muy violento”.
En la ciudad de Santa Fe
“Grave, preocupante y desbordante”, así define Carlos Abad la situación. “La devaluación y la corrida cambiaria del señor Caputo hizo que en un mes aumentaran un cien por ciento los productos de la canasta básica alimentaria. Es un golpe criminal al bolsillo del pueblo, lo que se agrava por el desfinanciamiento de los comedores comunitarios”, contextualiza. En la capital provincial hay 170 comedores, donde se alimentan al menos 50 mil santafesinos.
“El Gobierno nacional ya venía funcionando mal. Pero ahora el Gobierno cortó todo. Y nosotros no dejamos de recibir cataratas de vecinos, vecinas, laburantes que antes no lo hacían y ahora vienen a buscar un plato de comida”, dice Abad.
Si bien en Santa Fe existe, desde 2018, una ordenanza de Emergencia Alimentaria por la que se crea el Programa de Fondos de Alimentos, el integrante de Nuestramérica hace sus reservas: “Ese programa nunca ha funcionado bien. Siempre ha sido implementado discrecionalmente según el color político de la gestión de turno. Los fondos están desactualizados desde noviembre y hay organizaciones, como la nuestra, a las que directamente le retiraron el beneficio”.
Por semana, Nuestramérica entrega 9.600 raciones por semana, para un total de 3.200 vecinos, en 18 comedores distribuidos en diferentes barrios. “Con lo que tenemos, no cubrimos ni un 50%”, advierte Abad. “Y lo que no hay se transforma en ausencia: en familias que, haciendo la cola, se enteran de que no hay más comida, en gente que se quiere anotar y la rechazamos, en un desborde de la situación de los barrios”, finaliza.
