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Massa se juega a garantizar el rumbo económico

El diagnóstico de Massa confirma la idea oficialista de que la economía argentina está funcionando bien así como está, y que el problema es la “administración del Estado”. Por eso, no hay diferencia sustancial entre Guzmán, Batakis y Massa

Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber

 

Fundación Pueblos del Sur (*)

 

Especial para El Ciudadano

 

En el contexto de la asunción de la ex ministra Silvina Batakis, ya se sabía que el equipo técnico cercano al diputado Sergio Massa estaba trabajando en las medidas que implementaría como próximo ministro de Economía. El fugaz paso de la funcionaria por la cartera económica refleja que la cosa iba en serio.

Por este motivo, las medidas propuestas por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, no tardaron en ser anunciadas. El mismo día de su jura, se dieron a conocer en una conferencia de prensa en la que quedó claro su perfil político; eso sí, faltaron los detalles técnicos y las precisiones operativas de sus propuestas.

El nuevo ministro coincidió en el diagnóstico económico con el presidente de la Nación, hecho que preocupa sobremanera. Se pone gran énfasis en la crisis internacional y sus efectos sobre la economía nacional; el diagnóstico de Massa confirma la idea oficialista de que la economía argentina está funcionando bien así como está, y que el problema es la “administración del Estado”. Por eso, no hay diferencia sustancial entre Guzmán, Batakis y Massa; los tres se esforzaron por enmarcar su gestión dentro de los términos y condiciones del acuerdo celebrado por el gobierno argentino con el FMI en marzo de este año. Eso ratifica que Alberto Fernández y el Frente de Todos tienen en claro a dónde quieren ir.

Tal vez, la diferencia que explica la reacción desigual de los sectores concentrados de la economía (el mercado), es que Batakis no se pronunció específicamente en cómo iba a ejecutar el ajuste fiscal pretendido, ni dio garantías al sector exportador en su objetivo de apropiarse de la gran parte del ingreso de divisas que genera el aumento de las exportaciones. Massa lo hizo y “el mercado” lo recibió con tranquilidad.

Pero ninguno cuestionó en absoluto el rumbo económico que el gobierno definió con la firma del acuerdo con el FMI. Aunque el oficialismo haya eliminado de su retórica este hecho fundamental, la política económica del gobierno nacional tiene el sólo margen de acción que le permite el organismo internacional, direccionado por los Estado Unidos y el poder financiero global.

Lo absurdo, pero estrictamente cierto, es que este gobierno, que llegó con una fuerte crítica a la gestión anterior, terminó ratificando y profundizando el mismo rumbo económico. Dada su condición de fallido e insostenible, terminó acentuando sus injusticias, perjudicando a los sectores de ingresos medios y bajos, y beneficiando a los grupos concentrados de poder.

Es que el modelo económico actual (que el Frente de Todos no ha cambiado en absoluto) es el que han impuesto los grandes sectores concentrados (y asociados) de la economía nacional (transnacionales del comercio exterior y poder financiero especulativo con terminales políticas en el extranjero) cuyo objetivo es apropiarse de la riqueza y el trabajo de los argentinos con la “libertad”, la “seguridad jurídica” y la “previsibilidad” que se necesita para hacerlo legalmente de manera sostenida en el tiempo.

Cuando este modelo manifestó su propia inconsistencia, en abril de 2018, el FMI asistió al país sabiendo que ello implicaba un cambio de acreedor, ya que con los recursos frescos recibidos (44.000 millones de dólares) el gobierno de Mauricio Macri financió la fuga de divisas para que los fondos de inversión, bancos, algunas empresas y personas físicas puedan dolarizar sus ganancias en pesos y girarlas al exterior.

En efecto, los principios del programa anunciados por Sergio Massa, ratifican que el gobierno de Alberto Fernández seguirá garantizando, de la misma manera, este circuito. No debe asombrar entonces que muchas de las medidas que se presentan ahora ya fueron ejecutadas durante el gobierno de Juntos por el Cambio (restricción monetaria, financiamiento externo en dólares con organismos multilaterales de crédito, Repo con contraparte en el extranjero, favoritismo con el sector agroexportador, etcétera) y que, por lo tanto, no puede esperarse un desenlace mucho mejor.

Esta situación puede verificarse en los hechos mediante otros indicadores. A pesar de tener un superávit comercial cercano a 35.000 millones de dólares durante la gestión de gobierno, con control cambiario vigente, el BCRA posee menos reservas que al momento de su inicio. Lo dicho con anterioridad explica a dónde, y a manos de quiénes, fueron esas divisas.

El total dominio extranjero sobre el quehacer político nacional se ve reflejado en la realidad de que no ha habido diferencias importantes respecto a la orientación de las medidas de la triada Guzmán-Batakis-Massa. Los planteos de los tres funcionarios confluían en: énfasis exportador; ajuste de las cuentas públicas y mayor presión tributaria para aumentar la recaudación, a los fines de reducir el déficit fiscal; restricción monetaria (aumento de tasas y cero emisión para financiar al Tesoro) y contracción del mercado interno.

Es que, en rigor de verdad, la estafa de la deuda, y posterior acuerdo con el FMI, tenía como principal objetivo consolidar y profundizar este programa económico. La subordinación política es total. Solo con analizar algunos de los objetivos planteados en el programa de Massa como ministro de Economía podemos concluir en que no hay, en absoluto, posibilidad de crecimiento y desarrollo con justicia social; por el contrario, restringe la economía, agudiza sus problemas estructurales y profundiza su dependencia.

Los principios enumerados respecto al orden fiscal se reducen a continuar el plan de ajuste fiscal diseñado por el FMI. El mismo puede continuar por la vía inflacionaria o reducción de inversión pública.

Adrede, se evitó mencionar el enorme déficit que produce la emisión de pesos por intereses de instrumentos especulativos (leliqs, notaliqs). Eso, en combinación con las medidas de congelamiento para la planta del Estado y el recorte de subsidios implican que el ajuste será pagado por el pueblo trabajador. No el sector especulativo (bancos) ni el exportador (empresas transnacionales) que se llevan el grueso de la emisión monetaria.

En cuanto a lo enunciado para lograr mayor superávit comercial, se harán masivos los beneficios para el sector exportador (el más rico y concentrado de la economía nacional) profundizando la primarización del aparato productivo (ventas de materia prima, alimentos y energía). No es un plan de recuperación de empleo sino uno de recaudación de divisas, que finalizarán en el extranjero como giro de dividendos o pago de deuda (estafa) con el soporte de la ley de inversión extranjera directa vigente.

Por otro lado, mientras se encuentra vigente un plan de ajuste y no existen créditos para las pymes ni para el consumo interno, se habilitarán para aumentar las exportaciones.

En cuanto a las importaciones solo se habla de restricciones, no se plantea la administración de las mismas, ni mucho menos un plan para sustituirlas en beneficio del trabajo nacional y el fortalecimiento del mercado interno.

Para cumplir con el objetivo de fortalecer las reservas, se propone incentivar la liquidación de exportaciones a cambio de permitir que las empresas puedan dolarizar un porcentaje de las mismas. Esto será un alivio a corto plazo y un daño enorme a mediano y largo, porque finalizarán como fuga de capitales.

A su vez, y en coincidencia con lo realizado por el gobierno de Juntos por el Cambio, se ejecutará un empréstito por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales, otro con la CAF por 750 millones de dólares adicionales y Repo con contrapartes extranjeras. La salida propuesta es más deuda, más dependencia, más ajuste. Nada de desarrollarnos, fortalecer el mercado interno y fortalecer las reservas sustituyendo el enorme caudal de importaciones vigentes.

Finalmente, en este marco y bajo este programa, no hay lugar para ninguna medida que se oriente a la justicia social. Será por eso que hasta han cambiado esa histórica bandera del movimiento nacional por un término totalmente distinto: “inclusión social”.

Como conclusión podemos afirmar que, al repetirse las viejas fórmulas, los resultados no serán distintos: plan de ajuste fiscal, aumento de las exportaciones y reducción del mercado interno. Fortalecimiento de reservas en divisas que finalizarán en el extranjero como fuga de capitales o pagos de deuda-estafa. La rotación de figuritas y personajes son para ganar tiempo de gobernabilidad ante la crisis social en aumento. Es simular que se cambia algo mientras todo sigue igual.

Hoy más que nunca, con una clase política totalmente alineada a un mismo modelo y programa económico, la salida a los problemas profundos de la Patria radica en volver a encontrarnos, crear comunidad, a partir de certezas estratégicas. Debatir y unirnos detrás de un proyecto, que, necesariamente, debe ser de liberación nacional.

(*) fundacion@pueblosdelsur.org

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