El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó este domingo sobre «las consecuencias» que implicará para las provincias la decisión de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022.
«Como Presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias», publicó Massa en su cuenta de Twitter.
Al respecto Massa consideró que «son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente».
«A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia», destacó.
En ese informe se describe cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios.
«Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes», agrega.
Señala que el documento que «en principio, se prevé que, por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional».
El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones.
En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100 % y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $ 18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento».
Agrega que «el proyecto de presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $76.312 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación»
Asimismo señala que «el segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo. Esto impactará en un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación».
«Además, como la ley de presupuesto nacional rechazada en el Congreso incluía una suba extra al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, de $27.000 millones a $46.000 millones, muchas provincias perderían cerca de $ 19.000 millones extras de subsidios al transporte», destaca.
También señala que «las provincias perderán también otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta)».
Además se contemplaba «el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa».
También destaca que «del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros».
«Como Presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias», publicó Massa en su cuenta de Twitter.
Al respecto Massa consideró que «son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente».
«A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia», destacó.
En ese informe se describe cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios.
«Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes», agrega.
Señala que el documento que «en principio, se prevé que, por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional».
El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones.
En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100 % y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $ 18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento».
Agrega que «el proyecto de presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $76.312 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación»
Asimismo señala que «el segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo. Esto impactará en un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación».
«Además, como la ley de presupuesto nacional rechazada en el Congreso incluía una suba extra al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, de $27.000 millones a $46.000 millones, muchas provincias perderían cerca de $ 19.000 millones extras de subsidios al transporte», destaca.
También señala que «las provincias perderán también otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta)».
Además se contemplaba «el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa».
También destaca que «del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros».
