Un joven dirigente campesino fue asesinado y otro quedó gravemente herido en Santiago del Estero en un ataque atribuido por sus allegados a “sicarios” contratados presuntamente por un empresario sojero. A raíz del asesinato de Cristian Ferreyra, de 25 años, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) al que el joven pertenecía, convocó a una marcha para hoy desde el Obelisco hastala Casade Santiago del Estero en Capital Federal, para reclamar el esclarecimiento del hecho.
La convocatoria fue realizada durante una conferencia de prensa en el Salón José Luis Cabezas dela Cámarabaja, junto a los diputados Claudio Lozano, Victoria Donda, Eduardo Macaluse (FAP) y Liliana Parada (Proyecto Sur), entre otros (ver aparte).
Antes de la conferencia, el Mocase denunció que Ferreyra fue asesinado el último miércoles por “sicarios” presuntamente contratados por el empresario sojero oriundo de Santa Fe, Mario Ciccioli, a quien acusan de intentar desalojar a la comunidad de San Antonio.
El hecho tuvo lugar en el distrito de Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero, en una casa familiar, donde según denunció la agrupación se presentaron “Javier y Arturo Juaréz, sicarios del empresario Ciccioli oriundo de Santa Fe, y dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristian Ferreyra”.
La organización que representa a los campesinos indígenas de la zona señaló que, además, resultó herido de gravedad César Godoy, de 31 años –propietario de la casa donde tuvo lugar el crimen– quien se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña.
El episodio se inscribe en una disputa de larga data entre las comunidades indígenas de Santiago del Estero y diversos grupos empresarios por la propiedad de una vasta extensión de tierras que ocupan los campesinos.
Durante la conferencia realizada enla Cámarade Diputados, el dirigente de Mocase Julián Roqué señaló que “la responsabilidad comienza por el gobierno provincial de (Gerardo) Zamora y el gobierno municipal de Monte Quemado”.
Además, afirmó que “el juez penal de Monte Quemado Alejandro Fringes Sarria, no está cumpliendo con sus deberes de funcionario público” porque “tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona”.
“Los empresarios que generan este grado de violencia son Ciccioli, Villa y Julianes”, aseguró Roqué, quien advirtió que los presuntos autores materiales del asesinato son “conocidos” en la comunidad y actualmente “están prófugos”.
Otro de los dirigentes de la agrupación, Carlos Nica González, sostuvo que “Monte Quemado es una zona conflictiva porque están quedando pocos territorios que no fueron ocupados por las empresas sojeras”.
Los dirigentes se refirieron, además, a la ley contra la extranjerización de las tierras que aguarda tratamiento en Diputados y advirtieron que “no hay posibilidad de discutir una verdadera ley de tierras si no se parte de esta realidad de los movimientos sociales que luchan por la propiedad que les pertenece”.
En este sentido, se conoció ayer que la comisión de Agricultura y de Ganadería dela Cámarabaja no obtuvo quórum para tratar su temario, donde en primer lugar aparecía en el orden del día el proyecto de la ley de Tierras que impulsa el oficialismo.
Además, los dirigentes campesinos le apuntaron ala Corte Supremade Justicia, a la que le pidieron “resolver la cuestión legal” en torno a la propiedad de las tierras, tras señalar que “la ley dice que la tierra es de quien la cuida y la trabaja luego de 20 años”.
A su turno, el diputado Claudio Lozano sostuvo que “hace dos o tres años es costumbre que aparezcan estos casos de situaciones represivas, que tienen como marco la connivencia política” y recordó los hechos de violencia que se desencadenaron en Formosa y en el Parque Indoamericano, relacionados con problemáticas habitacionales.