Agustín Aranda
Puede pasar desapercibido, pero desde hace mucho tiempo las organizaciones sociales que convocan a la marcha del 24 de marzo hablan de la última dictadura cívico-militar. “Cívico-militar”, con guion o sin guion, retumba y recuerda que necesitaron, además de apoyo internacional, de una ciudadanía para sus delitos. Eso incluye a las empresas. En 2020 la diputada provincial Matilde Bruera retomó un proyecto frenado de José María Tessa para crear una comisión bicameral en la Legislatura que investigue cómo y quienes fueron cómplices y se beneficiaron en el mal llamado Proceso de Reorganización Nacional. La legisladora explicó cómo funcionaría a El Ciudadano.
—¿Cómo avanzó el proyecto?
—Está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Ha sido demorado, para no decir cajoneado, y habla de una falta de compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Es una vergüenza porque es un proyecto que había tenido media sanción, pero fue frenado en Senadores. Sabemos que contribuiría a la actual etapa de los juicios de lesa humanidad en el país.
—¿Cómo funcionaría la comisión?
—Es un grupo de trabajo donde el Ejecutivo provincial pondría un presidente y serían elegidos seis legisladores (tres de cada cámara) teniendo en cuenta antecedentes. Su tarea sería hacer un informe sobre quiénes facilitaron o fueron beneficiados con los delitos de la dictadura. Podrían pedir documentación al Poder Judicial, organismos públicos y solicitar declaración de personas. También nombrar investigadores expertos. Las empresas eran las que muchas veces hacían las listas de personas a secuestrar. En Villa Constitución, por ejemplo, el centro clandestino funcionaba adentro de una de las fábricas de Acindar y prestaban los camiones para las operaciones. Otro caso es Vincentín, que tuvo operarios presos y desaparecidos.
—¿Cómo valora los tiempos del Poder Judicial en delitos de lesa humanidad en Santa Fe?
—Hay víctimas y victimarios que esperan. Pero los delitos son, además, contra la humanidad y los juicios deben acelerarse. Sino la consigna del “Nunca Más” no funciona. Los juicios tuvieron, además de las condenas, otro efecto: dejar claro lo que había ocurrido. Cuando empezaron las denuncias sobre desapariciones había dudas en la sociedad. Creían que eran exageraciones u operaciones políticas.
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