El día que Matilde Bruera dejó su oficina en la Cámara Federal de Casación –más conocida como Comodoro Py, por la avenida donde está el edificio en Buenos Aires– saludó a una secretaria. “Me voy a casa, a ver si prendo Netflix y puedo finalmente ver a un narco”, bromeó al despedirse. La abogada había trabajado una década como defensora en los Tribunales federales de Rosario y ese era su último día tomando casos de todo el país en la última instancia judicial antes de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría eran de pequeños vendedores y consumidores de droga detenidos por la Policía.
Bruera fue una de las gestoras del fallo Arriola, que hace 10 años marcó que va contra la Constitución condenar a alguien por consumir una droga de venta ilegal en Argentina. El caso empezó en Rosario y dejó, para quienes quisieron escuchar, un mensaje: el dinero y la inteligencia del Estado debe usarse contra las grandes redes de tráfico y para no perseguir personas con dos porros o unos pocos gramos de cocaína.
Diez años después, la estadística muestra que el mensaje de Arriola no fue escuchado en los tribunales. En un año la Justicia federal en Rosario triplicó las causas a personas que tenían poca cantidad de droga encima. En 2017 habían sido 121 y en 2018 fueron 399. En paralelo, bajaron a la mitad las que investigan a quienes trafican, de las 1.152 en 2017 a las 571 en 2018, según el informe de la Procuraduría General de la Nación.
Para Bruera, las estadísticas de Rosario reflejan cómo trabaja el gobierno nacional: Dicen una cosa y hacen otra. “Cambiemos construyó un discurso sobre la persecución del narcotráfico. Hacen marketing con los números de incautaciones y mienten. Abandonaron ese objetivo para dedicarse a perseguir consumidores”, dice durante una charla con El Ciudadano.
La abogada explica que el gobierno de Macri creó, como hicieron otras administraciones en el mundo, un mito del “narco” y con un discurso de fe atrajeron votos. A ella le recuerda lo que decía uno los padres del penalismo, Francesco Carrara: “La gente tiene más fe en el curandero que en el médico”.
El slogan “Argentina sin narcotráfico” de Cambiemos encontró, según Bruera, tierra fértil por casi 90 años de políticas prohibicionistas y un aparato cultural que naturaliza la idea del narco como problema principal. “A Nación le interesa saber cuántas causas tienen los tribunales. No preguntan para qué hiciste un juicio. Igual pasa en la Policía. Importa cuántas personas detuvieron, y no por qué”, sostiene Bruera.
Hacer cómo
Otra prueba del doble discurso de la Nación fue la presentación del nuevo Código Penal que hizo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano a principio de 2019. En distintos medios de comunicación afines al gobierno hablaron de que iba a incorporar la “doctrina Arriola” de no perseguir a quienes consumen o tienen poca cantidad de droga encima. “No es cierto. Incluyeron un nuevo artículo que define penas iguales (de un mes a seis años, según tenencia simple o para consumo personal) cuando trascienda el ámbito de la privacidad. Consumir no afecta a terceros. No afecta a nadie si estas en una plaza y fumas un porro. Al menos no más que fumar un cigarrillo de tabaco, tomar alcohol o drogas por receta compradas en una farmacia”, opina Bruera.
Nueva etapa
El 25 de agosto de 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia publicó el fallo Arriola, Bruera y los demás defensores pidieron la nulidad de los juicios a consumidores que habían sido detenidos en Rosario. Los jueces aceptaron. Incluso dejaron de forzar las probation a quienes eran enjuiciados, donde les hacían elegir una tarea comunitaria –pintar la puerta de una iglesia o un club– para que le desapareciera el antecedente. Sin embargo, la defensora no pudo celebrar por mucho tiempo.
Arriola había marcado la inconstitucionalidad de condenar a quien tenía poca cantidad de droga encima, pero la Corte había hecho hincapié en saber si el consumo había afectado a terceros. “Abrieron una puerta para nuevas causas”, recuerda Bruera. Algunos jueces, ayudados por quienes trabajaban en el Servicio Penitenciario, detectaron a presos usando droga en las cárceles y los procesaron por afectar la salud de los demás reclusos.
Tiempo después, la por entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gil Carbó pidió a la Justicia que, en vez de perseguir a quienes consumían en la cárcel, investiguen cómo entraba la droga al penal. “Aún los presos tiene derecho a la privacidad (tampoco es legal revisarles el correo o las pertenencias sin una orden o pedido de requisa). La privacidad no es estar solo. Es tener derecho a la autonomía personal. Es ridículo si la interpretación de Arriola es tener un cigarrillo de marihuana solo encerrado en la casa. Ahí no interviene el sistema penal”, explica Bruera.
Después de leer Arriola varias veces Bruera lamentó que la Corte no se haya acercado más al fallo Bazterrica. En 1986 la Justicia había liberado de culpas al guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, por cargar tres gramos de marihuana y 0,06 de cocaína en 1981. Entendieron que no era un delito. Ese escrito retomaba el artículo 19 de la Constitución y hablaba autonomía personal, no de “vida privada” o afectación a terceros.
Las buenas intenciones
Para Bruera, otro de los problemas que no desinstaló el fallo Arriola fue que la persecución de quien consume lo aleja de las posibilidades de acceder a un tratamiento. “Si la persona tiene un consumo problemático no se va a acercar a un centro de salud privado o público por miedo a que lo denuncien por usar”, opina la abogada y recuerda las antiguas “medidas curativas” que daban los jueces en casos de consumo. Los obligaban a hacer un tratamiento por adicciones, algo hoy restringido por la ley de Salud Mental y Adicciones.
Perejiles
Bruera representó a cientos de consumidores y sentía el despilfarro de la Justicia a diario. Algunas veces incluía entre sus argumentos de defensa una cuenta matemática para el tribunal. Sumaba los sueldos de los tres jueces, el fiscal y los empleados de la audiencia de juicio. Después comparaba ese número con el precio de los pocos cigarrillos de marihuana o gramos de cocaína que habían llevado a quien consumía a la Justicia.
Para Bruera, que dos de cada 10 causas por la ley de drogas de 2011 a 2018 hayan sido a quienes consumían significa que los recursos de las fuerzas de seguridad y la Justicia no son bien usados. “No los destinan a la investigación de los casos de tráfico de estupefacientes. Tampoco al lavado de dinero o los delitos económicos importantes vinculados al narcotráfico. Tiran la plata”, cierra la abogada y recomienda ver Breaking Bad antes que el Patrón del Mal.
