La Cámara de Diputados dio media sanción, ayer, a la ley de protección de testigos y víctimas: la última de las cinco normas complementarias del nuevo Código Penal que aún no había sido votada en la Legislatura. El oficialismo logró acuerdo de la oposición y la sanción fue por unanimidad. El jefe de la bancada socialista, Raúl Lamberto, se manifestó optimista respecto del trámite en el Senado –donde el reutemismo tiene amplia mayoría– y aseguró que finalmente se aprobará la ley, porque ya hubo un trabajo conjunto con legisladores de todos los bloques del PJ para lograr que los cinco proyectos sean sancionados.
Se trata del último paso legal para que se pueda aplicar en forma integral el nuevo Código Penal. Los cuatro anteriores ya son ley: el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de la Defensa Pública, la ley de Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial y la ley de Transición. Lamberto descartó cualquier traba política de la oposición; dijo que la sanción del paquete de normas fue “una obligación que nos impusimos cuando sancionamos en su momento el plan de transición (2008), donde contemplábamos las cinco leyes”.
La que ayer tuvo media sanción lleva el nombre de Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales.
Cuando el programa entre en vigencia, el mecanismo determina que será la persona interesada quien deba pedir la incorporación. En ese caso, el Estado le brindará protección física y psíquica y llegado el caso podrá incluso disponer el cambio de domicilio del testigo o la víctima en cuestión. “Alternativas que permitan una seguridad personal”, resumió Lamberto. La dirección encargada del programa evaluará cada caso de acuerdo a “la necesidad y la realidad”, según explicó el diputado socialista.
Como antecedente se tomó la experiencia de la protección de testigos en las causas por delitos de lesa humanidad que se realizaron en Santa Fe y Rosario. La intención ahora es extender el programa, del que se encarga una unidad especial de la Policía “técnicamente muy preparada y adiestrada para este tipo de casos” bajo el control civil del Ministerio de Justicia de la provincia.
Sobre ese antecedente, el diputado Lamberto opinó: “Fue la primera experiencia que se hizo con un grado orgánico. Posibilitó que los testigos que participaron de los procesos tuvieran protección. A través de esta ley, ahora extendemos este tipo de protección a delitos que exceden el marco de lesa humanidad y que forman parte del damero delictual de la provincia, especialmente los delitos complejos”.
El legislador oficialista remarcó la importancia del proyecto, al que consideró imprescindible para que el Estado pueda brindar un mejor servicio de justicia: “Muchas veces el aporte del testigo es fundamental, pero ante la falta de seguridad los testigos declinan sus testimonios y eso impide llevar adelante las investigaciones”.
