En su última sesión, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción y giró al Senado una iniciativa que prohíbe por 180 días la pesca recreativa y comercial por motivo de la bajante histórica del río Paraná. La oposición aprovechó para lanzar fuertes críticas al gobierno de Omar Perotti por su “indiferencia e inacción” y por no haber tomado medidas a tiempo ante las advertencias de los especialistas.
El proyecto aprobado el jueves fue elaborado por el diputado del PJ-Frente Renovador Oscar “Cachi”, con aportes de otra iniciativa presentada por el radical del Frente Progresista Fabián Palo Oliver.
A través de la iniciativa, se prohíbe por seis meses en toda la provincia la pesca deportiva, recreativa y comercial pero se exceptúa a la pesca de subsistencia practicada desde la costa, con línea de mano y/o caña de reel y un anzuelo, sólo para consumo propio.
La prohibición, según establece el texto del proyecto que ahora deberán estudiar los senadores, queda sujeta a la “evolución del brote epidemiológico del coronavirus y al mejoramiento efectivo del caudal de los ríos que corren dentro del territorio provincial, especialmente del río Paraná”.
Para paliar las consecuencias económicas de la veda pesquera, se establece una línea de créditos y exenciones impositivas para quienes se vean afectados por la prohibición y también se disponen subsidios a cargo del Ejecutivo provincial para los pescadores que “siempre están por debajo de la línea de la pobreza”, según señaló el diputado Martínez.
La autoridad de aplicación de la ley será un comité integrado por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Turismo de la provincia.
La normativa dispone sanciones por el incumplimiento de la veda: multas equivalentes al valor de 500 litros de nafta súper y, para los operadores turísticos, de 1000 litros de nafta súper, más la inhabilitación por 24 meses.
“La bajante del río Paraná es la más importante y extraordinaria de los últimos 50 años y, según las nuevas normas para medir, de los últimos 100 años”, señaló el diputado Martínez en la última sesión legislativa.
“Esta bajante que afecta al río Paraná se complicó por la falta de lluvias y por la retención de agua de las represas brasileñas”, agregó Martínez, a la vez que alertó sobre “el impacto en el medioambiente y en todas las actividades que se relacionan con la pesca: pescadores, turismo y guías turísticos y en la economía”.
Falsedades
Una vez votada la media sanción, hubo discursos muy críticos respecto de la postura del gobierno de Perotti. El radical Palo Oliver fustigó al gobierno provincial por su “indiferencia e inacción” a pesar de que “todos los especialistas se manifestaron por la veda, al igual que muchos otros actores”.
“El gobierno provincial no quiere vedas y lo fundamenta con falsedades al decir que 50 mil embarcaciones deportivas, por el Covid 19, están inactivas y eso representa el 20% de la extracción de peces. Eso es falso, ya que los puertos de fiscalización no funcionan por el Covid 19”, agregó el legislador de la UCR.
“Otra falsedad del gobierno provincial –siguió Palo Oliver– es cuando afirma que hubo mejoras en la fiscalización, cuando es muy difícil saberlo con 450 kilómetros de ruta ribereña desde el norte provincial hasta Puerto Gaboto, sin contar las lagunas y afluentes del sistema del río Paraná”.
Además, el diputado frentista criticó la “falta voluntad política” del Ejecutivo santafesino “ya que en estos cinco meses de gobierno no se convocó al Consejo Provincial Pesquero”. Y remató: “Quienes no quieren la veda son los funcionarios del gobierno provincial y los frigoríficos”.
Una ley de fondo
Por su parte, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade planteó la necesidad de una ley “definitiva y profunda”, no sólo por 180 seis meses, y se preguntó: “¿De quién es el río? ¿De los 17 frigoríficos que explotan irracionalmente el recurso, ganan millones de dólares y le pagan 6 centavos de dólar por pieza a un pescador de subsistencia? ¿O del Estado provincial que debe hacerse cargo?”.
“El pescado de río no se exporta, se cuida, pero acá no: se exporta irracionalmente. Necesitamos una ley provincial de pesca moderna y actualizada”, propuso Del Frade.
Desoír a la ciencia
A su turno, la diputada socialista Clara García opinó que “gobernar es decidir para que los más fuertes no se aprovechen de los más débiles, pero este gobierno provincial no ha decidido ni ha valorado las ponencias de los dos centros científicos provinciales”.
García señaló que es “muy grave” que “en relación al cupo exportable del sábalo, el gobierno provincial fijara idéntico cupo con 50 centímetros de río”.
