La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex recaudador de la campaña kirchnerista Héctor Capaccioli, acusado de integrar una asociación ilícita en el marco de la causa por la denominada «mafia de los medicamentos».
Capaccioli fue el recaudador de la campaña kirchnerista de 2007 y también se desempeñó como titular de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que quedó bajo la lupa por irregularidades en los reintegros que daba a las obras sociales de los sindicatos por supuestos tratamientos complejos que otorgaban a sus pacientes.
En la misma resolución, la Cámara también confirmó el procesamiento como integrante de una asociación ilícita al también ex recaudador de la campaña kirchnerista de 2007 Sebastián Gramajo.
La Cámara también confirmó el procesamiento de Capaccioli por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, pero le revocó el que en primera instancia había resuelto el juez Norberto Oyarbide por los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
La Cámara a su vez fijó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes de Capaccioli (Oyarbide le había fijado unos 10 millones), y de 350 mil para Gramajo.
En uno de los párrafos del fallo, la Cámara volvió a reprender al juez Oyarbide para que eleve la mega causa por la «mafia de los medicamentos» a juicio oral. «Que el juez transite los pasos pertinentes para encaminar las situaciones de quienes cuentan con procesamiento confirmado por la alzada instancia oral», reclamó la Cámara en el fallo al que accedió Noticias Argentinas.
Asimismo, declaró nulos los procesamientos por lavado de dinero que en primera instancia se le había impuesto a Capaccioli, Gramajo y Hernán Diez, titular de Lotería Nacional; y del empresario Gabriel Brito, titular de Global Pharmacy.
Por medio de Global Pharmacy, Brito, tal cual figura en las constancias, aportó unos cheques por un monto de 310 mil pesos a la campaña kirchnerista de 2007, aunque el empresario lo negó y atribuyó esa maniobra a una estafa por parte de su par Néstor Lorenzo, titular de la droguería «San Javier, y uno de los principales imputados en la causa.
Capaccioli está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a vender medicamentos en forma irregular desde 2005, así como defraudar al Estado a través las tramitaciones irregulares de subsidios y reintegros a la APE, organismo en el cual él estaba al frente.
Según Oyarbide, el entonces funcionario tenía fuertes vínculos con Lorenzo cuando era titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, desde enero de 2006 a noviembre de 2008. Capaccioli está procesado en otra causa por la supuesta utilización de fondos de la APE para fines personales.
En esa causa, Oyarbide le imputó el otorgamiento -como titular de la Superintendencia- a 52 obras sociales de la suma de 47.744.950 pesos «para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades», y de haber utilizado dinero público para gastos personales que van desde ropa de marca, objetos tales como una lupa de 500 pesos, un llavero de 350, una cuna, mates, bombillas marca «Cardon», y hasta una caja de bombones declarada como «regalo a un diputado».
