El fin de la feria judicial en todo el país prevé, para febrero y marzo, novedades de importancia en la reanudación de casos relevantes como la mafia de los medicamentos, el espionaje ilegal telefónico por el que está procesado Mauricio Macri y el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.
Desde el martes, la agenda más nutrida en principio es la de la megacausa de los medicamentos a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la cual ya comenzó una nueva ronda de declaraciones indagatorias que seguirá el 8 de febrero con el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin. Continuará en marzo con los testimonios de empresarios, otros funcionarios y el detenido sindicalista Juan José Zanola junto a su mujer Paula Aballay, ambos citados por nuevas pruebas surgidas en su contra.
Además, la sala de feria de la Cámara Federal porteña resolverá de manera inminente si concede un nuevo planteo de excarcelación para Zanola y Aballay, luego de una audiencia realizada en pleno receso judicial de enero. Oyarbide también trabaja en la resolución de las situaciones judiciales de imputados ya indagados en la causa como el ex titular de la Superintendencia de Salud de la Nación, Héctor Cappacioli.
En materia de excarcelaciones habrá novedades el martes en otra causa importante, la que investiga el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca el 20 de octubre pasado.
La Cámara Nacional de Casación Penal citó a una audiencia ese día para anunciar si libera o no a los procesados por ese crimen (Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Pablo Díaz y Jorge González), todos acusados por “homicidio calificado” y cuyas excarcelaciones fueron ya rechazadas por la jueza del caso y la Cámara del Crimen.
Además, la jueza de instrucción Wilma López tendrá que decidir en los primeros meses de 2011 si hace lugar a un pedido de la ex fiscal de la causa y actual viceministra de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, para citar a indagatoria al titular del gremio ferroviario José Pedraza, entre otras medidas que quedaron pendientes.
Por otra parte, tanto la Cámara Federal como su superior –Casación– tienen que resolver, con el reinicio de la actividad judicial, dos planteos que definirán el futuro de la causa por el espionaje ilegal telefónico, donde está procesado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
La sala I de la Cámara Federal tiene que volver a resolver sobre un pedido de apartamiento de la causa al juez Oyarbide, que había sido rechazado y Casación ordenó volver a fundamentar para analizar si los dichos del magistrado a la prensa pudieron indicar pérdida de imparcialidad, como argumentó Macri.
Por otro lado, el máximo tribunal penal debe decidir sobre una recusación presentada a una de sus miembros, Liliana Catucci, magistrada que votó a favor de apartar a Oyarbide del caso y recién entonces dedicarse a analizar la apelación presentada por Macri contra su procesamiento como supuesto “integrante” de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal telefónico.
En cuanto a las causas que comprometen al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el fiscal federal Carlos Rivolo presentará en los próximos días un requerimiento para que el ex funcionario justifique el incremento patrimonial que se le atribuye, en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, antes de que el juez Oyarbide resuelva si se lo cita o no a indagatoria.
