En la antesala de la audiencia pública por la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de riesgos de trabajo, que se realizará este miércoles en la Legislatura provincial, los abogados y médicos laboralistas reiteraron su rechazo a la reforma, a la que consideran inconstitucional.
En línea con los planteos de la mayoría de los sindicatos, especialistas del campo de la medicina laboral señalaron que la litigiosidad viene bajando en forma sostenida desde 2016, motivo por el cual no es necesaria una nueva ley sobre riesgos de trabajo.
El proyecto por el cual Santa Fe adhiere a la ley nacional 27.348 tiene media sanción del Senado provincial desde el 4 de julio. En la Cámara de Diputados no hay consenso en torno al tema, por eso convocaron a sindicatos, abogados laboralistas, dirigentes empresarios, especialistas y académicos a un debate público en el hall de la Legislatura para “analizar en profundidad las objeciones planteadas al proyecto”, en particular desde el lado de los trabajadores.
La presidencia de la Cámara de Diputados anunció que la audiencia iba a realizarse el 21 de agosto, pero unos días antes de esa fecha se postergó hasta el 28 de agosto. Lo mismo ocurrió con la segunda fecha y la audiencia finalmente fue convocada para el miércoles 18 de septiembre.
La adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART es una de las principales demandas de la Nación. El proyecto apunta, según el gobierno de Mauricio Macri, a bajar los costos laborales y la litigiosidad. Y establece que, ante una situación de enfermedad o accidente laboral, antes de un litigio judicial contra el empleador o la empresa, el trabajador deberá iniciar en forma obligatoria un trámite ante las comisiones médicas (serán cinco en toda la provincia) para resolver el conflicto de manera más rápida. Para el empleador, implica una rebaja en el costo de las ART.
Los sindicatos rechazan la nueva normativa porque, según entienden, es un paso más hacia la flexibilización laboral que intentó llevar adelante el macrismo con fuerte resistencia del arco político opositor. Los especialistas también rechazan la nueva ley y así lo plantearán este miércoles en la Legislatura.
Una ley inconstitucional
Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, explicó que la Cámara de Diputados no tiene que aprobar la adhesión a la ley 27.348 porque asigna a las comisiones médicas la competencia jurisdiccional en materia laboral, lo que por mandato constitucional corresponde a la Justicia ordinaria.
“Las facultades otorgadas a las comisiones médicas son funciones propias del Poder Judicial y por ello vulneran el principio del juez natural, el de supremacía constitucional, el artículo 5 de la Constitución Nacional, al desconocer el poder jurisdiccional de las provincias y, en definitiva, la forma republicana de gobierno”, sostuvo Elizondo.
“Al establecer la obligatoriedad de las comisiones médicas jurisdiccionales, la ley 27.348 impide a los trabajadores el acceso directo a la Justicia laboral”, agregó el abogado. “Conforme al artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones”.
En esa línea, Elizondo indicó que las provincias que acepten la “invitación” de adherir a la nueva ley “deben delegar facultades a estos organismos que dependen del Estado nacional, adecuando sus normas procesales. Estas disposiciones son claramente inconstitucionales”.
“Las comisiones médicas carecen de idoneidad para investigar los accidentes y enfermedades del trabajo, las condiciones, medio ambiente y la relación entre éstos y las enfermedades. Están compuestas exclusivamente por médicos, que sólo están capacitados para determinar enfermedades y grados de incapacidad. No los integran ingenieros o técnicos en seguridad en el trabajo, ni otros especialistas, ni se prevén las inspecciones a los lugares de trabajo”, agregó el abogado.
“El proyecto que tiene media sanción del Senado viola el federalismo y el sistema republicano, al obligar a los trabajadores víctimas de accidentes y enfermedades del trabajo a someterse a un procedimiento ante un órgano que no reviste el carácter de un tribunal. Y limita injustificadamente el derecho de acceso a la Justicia, configurando una evidente discriminación de clase”, concluyó el vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.
Baja la litigiosidad
Para Jorge Kohen, médico laboralista y docente investigador de la UNR, el debate es “tardío e innecesario” y la posible adhesión de Santa Fe a la nueva normativa resulta un “cepo a los reclamos de los trabajadores”.
El especialista entiende que el resultado de las elecciones primarias implica que “la enorme mayoría del pueblo argentino le dijo no a la reforma laboral macrista, de la cual la ley 27.348 es la única expresión que logró aprobar en el Congreso Nacional el gobierno de Cambiemos”.
En la provincia de Santa Fe los accidentes de trabajo y la litigiosidad disminuyeron desde 2016 de manera significativa. De 15.666 juicios iniciados en el año 2016, han disminuido a 11.428 en 2018 y la tendencia continúa en descenso para este año, según consigna la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en su boletín de litigiosidad correspondiente al primer trimestre de 2019.
“Este dato –sostiene Kohen– echa por tierra la necesidad y urgencia que tiene Santa Fe para adherir a la reforma de la ley de riesgos de trabajo para combatir la desocupación y garantizar la reactivación económica”.
Por el contrario, Kohen indica que uno de los problemas centrales es la concentración del sistema: el 60% de los juicios realizados en la provincia de Santa Fe se concentran en cinco ART. “Esta concentración coincide con una política de cartelización que aplican las aseguradoras de riesgo del trabajo sobre los empresarios santafesinos”, expresó.
“Los empresarios santafesinos también sufren las consecuencias de un mercado concentrado y de los incumplimientos de las ART de los cuales ellos son también víctimas. La inmensa mayoría de los empresarios, en particular los pymes, desconocen cuáles son los servicios que deben brindarles las ART y por lo tanto caen en incumplimientos que luego los transforman en corresponsables de las aseguradoras”, añadió Kohen.
Los comités mixtos
En lugar de la adhesión a la nueva ley nacional de ART, a la que considera “inoportuna y sin sentido”, Kohen propone debatir una ley provincial de prevención de accidentes y riesgos del trabajo para actualizar la ley 19587 (higiene y seguridad del trabajo) sancionada en 1972.
“El verdadero debate que debemos darnos en la provincia es cómo logramos la reactivación económica después del desastre al que nos llevaron las políticas neoliberales y desindustrialistas del gobierno que se va el 10 de diciembre, respetando y garantizando derechos para los trabajadores a un trabajo decente y seguro para su salud”, opinó el médico laboralista.
En ese sentido, Kohen propone avanzar en la implementación de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, junto con la constitución de las comisiones médicas en las ciudades más importantes de la provincia.
Por último, el especialista sostuvo que “hace 24 años, con el argumento de terminar con la industria del juicio, se cambió la ley 9.688 por la ley de riesgos de trabajo 24.577 y hoy, con el argumento de terminar con la industria del juicio, se modificó esa ley y la provincia tiene que adherir. No es la ley, evidentemente; son las causas de los incumplimientos de las ART las que llevan a los trabajadores reclamar en la Justicia”.
