El gobierno dio un nuevo paso en la puesta en marcha de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, tras la reglamentación de la norma, publicó ayer una resolución que establece que a partir de hoy correrá el plazo de un año para que grupos concentrados se desprendan de las licencias, de acuerdo con lo que establece la nueva normativa. Se trata del punto más irritante de la ley para los grupos concentrados de medios, cuya última carta se juega en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver la cuestión de fondo de una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín contra la “cláusula de desinversión”, que le resultó favorable en primera y segunda instancia.
El mecanismo de desinversión está contemplado en el artículo 161 de la también llamada ley de Medios, que la semana pasada se puso en vigencia con su reglamentación, y ayer fue formalizado mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 297/2010, que lleva la firma de Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
La cláusula en cuestión afecta particularmente –pero no únicamente– al poderoso Grupo Clarín, que ostenta más de 250 empresas de su propiedad entre diarios, radios, canales de televisión abierta, cable, servicio de internet, producción de papel de diarios, por ejemplo.
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio.
Así, un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley de Radiodifusión anterior, aprobada durnate la última dictadura, permitía que una persona fuese dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
Además, a ningún operador se le permitirá que brinde servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. En este punto, Clarín debería desprenderse de Canal 13 o de la señal de cable Todo Noticias (TN).
También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable, lo cual cerró la puerta a Telecom y Telefónica. Este artículo fue incluido en la norma a instancia de los legisladores socialistas, que la pusieron como condición para dar su voto favorable a la ley.
La resolución firmada ayer por la autoridad de aplicación de la norma tiene tres artículos y un anexo que detalla qué deben hacer los grupos mediáticos que tengan más empresas que las permitidas en cada rubro. “Establécese que el plazo no mayor a un año previsto por el artículo 161 de la ley 26.522, comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en la presente resolución”, dice el primer artículo de la resolución.
Una de las opciones es la adecuación voluntaria, donde los titulares de las empresas que no cumplan con los requisitos podrán “iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada, a través de la cual propongan la regularización de su situación”. Otra alternativa es la adecuación por transferencias, que podrá ser voluntaria en caso de que el titular de la empresa presente una propuesta con un potencial adquiriente de alguna de sus licencias y que la misma sea autorizada por la AFSCA.
En caso de no encontrar en un plazo de 180 días un potencial comprador o si el mismo resultara rechazado, la resolución aclara inmediatamente que se podrá autorizar al organismo que conduce Gabriel Mariotto para que oferte públicamente las licencias o bien realice un concurso de precios y condiciones de adquisición.
En tanto, en caso de que los titulares de las licencias no dieran cumplimiento a las disposiciones de la ley y su reglamentación en los tiempos previstos, se dispondrá la transferencia de oficio.
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