Otro de los imputados en la causa por la megafaestafa inmobiliaria que incluye imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en ampliar su declaración ante el fiscal Sebastián Narvaja fue el empresario rubro de compra y venta de autos Juan Roberto Aymo. El acusado desligó ayer a su esposa –cumple arresto domiciliario– del caso y describió la relación que posee con los otros imputados, de los que dijo no tener vinculación con la mayoría. El miércoles había sido el turno del propietario de la clínica de implantes dentales de Oroño y San Juan, el contador Marcelo Jaef. Además, también declaró un testigo aunque hubo total hermetismo sobre esta cuestión. Simultáneamente, sigue el trámite en segunda instancia sobre los recursos de apelación presentados por los defensores en cuanto a la medida cautelar dictada contra sus defendidos.
Aymo se presentó ayer ante Narvaja y amplió su primera declaración. “Hizo una explicación pormenorizada de los hechos y detalló cómo se conectaba en la escena y aclaró que no tiene vinculación con los (otros nueve) imputados”, señaló Maximiliano Nicosia, su abogado defensor ante los medios. A su vez, el empresario que está acusado como integrante de la primera célula descrita por la Fiscalía –que sostiene la existencia de un sistema de redes en la asociación ilícita– con su esposa Ramona Rodríguez, su ex chofer Jonatan Zárate, el escribano Eduardo Martín Torres y el prófugo Tránsito Retamar Portillo, describió que con el único que tuvo contacto de los acusados fue con el sindicalista Maximiliano González De Gaetano, porque realizó las transacciones de la venta del campo y contó que a los demás no los conoce.
El empresario se puso a disposición de la fiscalía y asumió su responsabilidad frente a su esposa Ramona, de la que sostuvo que es totalmente ajena debido a que “sólo le dijo que vaya a firmar directamente el boleto” de compraventa del campo de Villa Amelia propiedad de la viuda de un ex camarista penal, continuaron las fuentes judiciales. Sobre la pregunta de Narvaja acerca de su relación con los demás imputados, Aymo contó que el escribano Torres era el que le proveía el poder para vender la propiedad y señaló que a la escribanía fue sólo tres veces. También manifestó que nunca estuvo presente cuando la persona firmaba el poder en el estudio de Torres.
En los testimonios de Aymo apareció una persona ajena a la causa. El empresario del rubro concesionarias indicó que un hombre lo llamaba con frecuencia para decirle que había interesados en vender un inmueble y se definió como un intermediario. “Ese dato hay que corroborarlo”, contó una fuente judicial sobre la persona que al parecer le acercaba “clientes” a Aymo. Por su parte, el imputado agregó que se contactaba con el interesado y le decía que fueran a la escribanía de Torres a firmar, y después cobraba su comisión. El acusado habló durante dos horas en la Unidad Fiscal a cargo de Sebastián Narvaja, ubicada en Mendoza y España, y dijo que “nunca habló con los demás imputados y aclaró que a Juan Bautista Aliau lo conoció porque era el escribano de De Gaetano cuando fue la venta del campo de 124 hectáreas. “Fui firmé y me fui”, dijo Aymo.
A su vez, dio su versión sobre la causa anterior que también lo tiene acusado, en el Juzgado de Instrucción 11ª, junto con Torres por el departamento de Pasco 1038/40. Aymo contó que cuando le dieron la casa se dio cuenta de que tenía problemas de embargos e inhibiciones. Por ello contrató a un abogado, quien le informó que se reunirían con los abogados del propietario, que era Bauen Pilay. Le llevaron un oficio donde decía que estaba levantado el embargo y efectuó la venta. Aymo aclaró que, antes de que se conociera “todo este problema”, ya estaba en contacto con los abogados de Bauen para solucionarlo. Añadió que ofreció para cerrar el acuerdo devolver el inmueble y el dinero.
En todas las ventas dijo que su función era la de un mediador entre las partes, como lo hace con los automotores.
También Aymo declaró su intención ante Narvaja de devolver los inmuebles donde él figura, la de calle Pasco y la de Córdoba al 7600, pero sólo a los dueños y no a los intermediarios que los reclaman, describió el vocero. Sobre su chofer, Jonatan Zárate, acusado de presentar poderes de personas fallecidas, el empresario de concesionarias lo desligó. “Quedó enganchado de la nada”, sostuvo.
La investigación por la megaestafa tiene 11 imputados: nueve detenidos, más el ejecutivo Pablo Abdala y el escribano Luis María Kurtzemann hijo, acusados en libertad tras el pago de una fianza de 800 mil pesos.
