Leandro «Lelo» Pérez, uno de los implicados en la causa conocida como la “megaestafa con propiedades” que involucró a varios escribanos públicos, un jerárquico de un medio de comunicación local y hasta un corredor de bolsa aceptó un acuerdo abreviado y fue condenado. Pérez no sólo saltó a las crónicas policiales con este escándalo de guante blanco sino que además tuvo su paso por las revistas del corazón cuando lo fotografiaron con Vicky Xipolitakis en Uruguay con quien mantuvo un fugaz romance. Ahora Lelo es nuevamente noticia, esta vez por una condena por lavado de activos. El acuerdo que se transformó en sentencia fijó una sanción de 3 años de prisión efectiva y una multa millonaria. El acuerdo se cerró el lunes pasado y el acusado marchó preso para cumplir la pena.
Este lunes arrancó un juicio oral y público contra 13 personas, en su mayoría por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a cometer estafas y algunos por lavado de activos. En el caso de Lelo Pérez, quien debía sentarse en el banquillo de los acusados por participar en una estafa en torno a un campo de 124 hectáreas que pertenecía a la viuda de un camarista. La mujer fue despojada de la propiedad a través de un poder falso y mediante el cual traspasaron a distintas personas a través de escrituras públicas. Pérez aceptó su responsabilidad y fue condenado el viernes pasado.
Según contó el fiscal Sebastián Narvaja durante la primera jornada de juicio, este caso fue la punta del iceberg que terminó desenmascarando una logística formada por varios grupos dedicados a desapoderar a sus legítimos dueños de sus propiedades y producir una cadena de traspasos para blindar las propiedades.
Villa Amelia
El objeto de estafa fue un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que su dueña alquilaba. Pero en 2013 el predio fue desocupado. Luego, y a través de un ardid, la propiedad cambió su titularidad. Apareció un poder firmado en la escribanía de Juan Bautista Aliau a nombre de Juan Roberto Aymo, que en representación de la dueña le vendía al sindicalista Maximiliano González de Gaetano por tres millones de pesos. Estos tres implicados fueron acusados en juicio este lunes.
Entre la libreta de almacenero y el yerno encargado de la pesca
El fiscal dijo que el comprador no registraba ingresos para semejante adquisición, no hubo una referencia a que es una persona expuesta y se demostró que el sindicato era una fachada y había armado una mutual que utilizaba para actividades financieras, contó el fiscal respecto al acusado que hoy está tras las rejas por otra causa.
Esta fue la acción de despojo y después llegaron el las acciones de reciclaje, explicó. Aparece Marcelo Basilio Jaef, hoy acusado en juicio, y en jerárquico de un grupo local de medios que firmó un principio de oportunidad, como compradores de esa propiedad por 3,2 millones de pesos, apenas 200 mil pesos más que la transferencia anterior. Estos compradores primero hicieron un sondeo para lotear el lugar y luego surgió la posibilidad de venderlo a un socio de una conocida inmobiliaria local para comercializar un polígono industrial en el lugar. Finalmente apareció un nuevo comprador, el agente bursátil, que salió de la causa a través de un principio de oportunidad.
El fiscal explicó que en estas transacciones nadie pagó nada, había una cadena de deudas y todos la pagaron con este predio que no era de ellos, dijo.
De Gaetano le debía un par de vehículos de alta gama a Jaef y éste a su vez le debía al jerárquico del medio local 200 mil dólares y este a su vez debía responder por ese dinero. Pérez había comprado el piso 30 en la torre¿ Aqualina y le debía al corredor de bolsa 360 mil dólares y este último quería cobrar. Todo eso se resolvió con la propiedad de Villa Amelia, explicó el fiscal.
En la computadora del escribano Luis María Kurtzemann se encontró, tras un allanamiento, la explicación a estas transacciones, dijo el fiscal. Había un borrador de un boleto de compraventa y permuta que explicaba todos estos pasamanos y como consecuencia Pérez tenía por pagada la deuda del piso en Aqualina.
En los documentos la compra del campo por parte del agente bursátil figuraba en efectivo por un millón setecientos mil dólares, según la documentación aunque en realidad no aportó ese dinero, dijo Narvaja. Entendió que así blanqueó patrimonio que no estaba a su nombre.
A cambio Jaef se quedó con un departamento que estaba a nombre de un testaferro del agente bursátil, una oficina en el edificio Embajador para el jerárquico del medio de comunicación y un departamento en las torres Dolfinas que terminó a nombre de ambos. Todas estas transacciones se hicieron por escrituras separadas y se dejó constancia que se pagaban en efectivo.
Y por separado la transacción del piso en la torre Aqualina a Palabra Santa SRL que fue creada días previos a la escritura y uno de sus socios era Pérez.
Tras la denuncia de la estafa con el campo por parte de su verdadera dueña se inició una investigación penal. En total 21 personas fueron imputadas en el caso. Catorce llegaron a juicio oral y público, uno quedó desvinculado por cuestiones técnicas, ya que no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de los hechos. Además, una mujer fue recientemente imputada y otras cuatro firmaron acuerdos abreviados, el último fue Pérez.
Este viernes acordó un abreviado donde la defensa y la fiscalía propusieron una condena de 3 años de prisión por lavado de activos más una multa de algo más de 13 mil Jus (que es una unidad arancelaria de honorarios profesionales, que a diciembre de 2022 estaba fijada en 17338,94 pesos) es decir algo más de 225 millones de pesos lo que pagará con una propiedad que aún resta tasar, contó la fuente fiscal.