Las Justicia de Venado Tuerto condenó a un abogado, un comerciante y un gestor en el marco de la megaestafa inmobiliaria, una causa que comenzó a investigarse hace 5 años y que implicó una estructura que birló unas 26 propiedades.
El abogado Antonio Di Benedetto fue sindicado como la cabeza de la banda y deberá pasar 12 años en prisión efectiva y deberá pagar una multa de $2.340.000 e inhabilitación por diez años para ejercer la profesión. El gestor Raúl Jaime fue condenado a 10 años de prisión y deberá pagar $1.160.000. En tanto, el comerciante Marcelo Sava pasará 3 años y 6 meses preso, y fue multado con $270.000. El juicio duró cinco meses, la presencia de más de 70 testigos y una resolución de más de 1.300 páginas con los fundamentos del tribunal presidido por el juez Leandro Martín. El otro dato relevante es que los bienes inmuebles involucrados en las estafas volverán a sus propietarios originales.
Según detallan en Venado24, que siguió las audiencias del juicio, la historia comenzó en agosto del 2017, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe denunció que detectó en el Registro General de la Propiedad una serie de operaciones inmobiliarias concretadas con documentos apócrifos con el presunto objetivo de quedarse con campos y propiedades ubicadas en: Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo. Luego detectaron casos similares, lo que se convirtió en la megaestafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina ya que el patrimonio estafado alcanza la cifra de veinte millones de dólares.
El fiscal Matías Merlo tomó el caso en junio del 2018 y definió acordar un procedimiento abreviado con el objetivo de lograr una rápida condena de los implicados (con prisión incluida para los principales integrantes de la banda) y un justo resarcimiento a las víctimas.
Y el año pasado el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori había confirmado la sentencia convenida en procedimiento abreviado para la mayoría de los acusados. Pero, luego fue el propio Di Benedetto (que el abreviado había logrado una pena mucho menor a la de hoy, seis años) definió dar marcha atrás y apelar lo que el mismo había previamente firmado, por manifestarse en contra de la calificación legal atribuida (jefe de la asociación ilícita). En ese momento, Merlo ya advertía de que se trataba de una estrategia “para dilatar su ingreso a prisión”
La historia continuó con la decisión que trascendió el viernes 12 de noviembre, donde un tribunal rosarino integrado por los camaristas: Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi, que declaró nulo el abreviado. Lo que implicó que los principales acusados (Di Benedetto y Jaime) fueran al juicio público cerrado hoy. Distinta es la situación de Sava, quien decidió no acordar el procedimiento abreviado desde un principio (no podía hacerlo porque tenía otra causa anterior) y su caso pasó directamente al juicio oral. Por otra parte, vale aclarar que a las condenas de hoy, se suma a la de las otras trece que fueron acordadas en los mencionados procedimientos abreviados.
“Ha sido un desafío y más allá de las tensiones lógicas del proceso, hemos podido desarrollarlo razonablemente bien. En los fundamentos hemos analizado caso por caso y cada una de las situaciones en función de la acusación del fiscal y hemos definido nuestra resolución como jueces de primera instancia”, indicó el magistrado en conferencia de prensa.
Martín explicó que se realizó una evaluación del rol de cada uno de los participantes en la asociación ilícita, por eso “Sava obtuvo una pena inferior y mucho más parecida a las de otras personas que ocupaban un lugar similar en la organización, luego las personas que tenían un rol superlativo tuvieron una respuesta punitiva mayor. Eso está justificado en los fundamentos de la pena, se han evaluado todas las circunstancias a la luz del tipo legal y el lugar que cada uno ocupaba”.
Entre los argumentos técnicos, el presidente del tribunal explicó por qué Di Benedetto recibió una condena más elevada a la que había acordado en el juicio abreviado: “Entendimos que el artículo 405 diferenciaba entre el acuerdo devenido de un procedimiento acordado y la pena devenida de un juicio. Acá hubo una sentencia declarada nula y por eso no aplica. El Código diferencia muy bien entre juicio como debate y procedimiento, y nosotros no podíamos no respetar esa interpretación”.
Restitución
E fiscal general Matías Merlo, que estuvo al frente de la investigación, se mostró satisfecho con el fallo “en virtud que pudimos acreditar cada uno de los hechos sometidos a proceso de Di Benedetto, Jaime y Sava, dando por acreditada la asociación ilícita de esta organización criminal que durante diez años mantuvo en jaque a los diferentes bienes inmuebles urbanos y rurales de Venado Tuerto y la zona”.
Además el funcionario judicial destacó que “se solicitó la caducidad de la inscripción registral, de manera que al haber inscripto títulos falsos ante el Registro de la Propiedad ahora no tienen efecto y pasan a la inscripción anterior, a los verdaderos dueños y víctimas de estafa”. Y puntualizó casos de inmuebles de 286, 500, 196 y 240 hectáreas que vuelven a sus dueños o herederos. “Todas las operaciones posteriores a la estafa quedan nulas”, agregó.
Repercusiones
La diputada provincial, Clara García, junto al exsecretario de Gestión Pública de la provincia durante la última gestión del Frente Progresista, Matías Figueroa Escauriza, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, presenciaron , la audiencia final del juicio, donde el tribunal integrado por los jueces Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, impuso condenas para los tres imputados.
“Es un día trascendente para el futuro institucional de Santa Fe, porque presenciamos una sentencia que fue histórica, que condena a una organización ilícita, en la cual estaban asociados abogados, escribanos, contadores, y hasta un médico, para falsificar documentación y apropiarse de inmuebles en toda la zona”, destacó García.
Cabe recordar, que las acciones legales comenzaron tras la presentación de 8 denuncias de 39 estafas detectadas dentro del Registro de la Propiedad durante la gestión de Miguel Lifschitz como gobernador. De esta manera, la sentencia establece restituir los inmuebles a sus legítimos dueños.
“Es importante porque es la primera vez que un Estado, en este caso la provincia de Santa Fe, cuando era gobernador Miguel Lifschitz, toma la decisión política de investigar y reunir todas las pruebas, y luego denunciar y sostener en la Justicia este complejo proceso”, valoró la diputada del Partido Socialista.
Delincuentes de guante blanco
Por su parte, Figueroa Escauriza (denunciante en la causa), contó que las maniobras pudieron ser detectadas “gracias a la modernización que incorporamos al Registro de la Propiedad”.
“Son delincuentes de guante blanco que se apropiaban de inmuebles por un patrimonio de más de 20 millones de dólares, entre las que había más de mil hectáreas de campos, lotes, casas”, recordó.
“Gracias a las denuncias que presentamos y en la que participé como testigo, fue la primera vez que la provincia lleva a cabo un juicio oral y público contra delincuentes de guante blanco por estafas inmobiliarias, la que entendemos sería la más grande de Argentina, al menos investigada hasta el momento”, cerró Figueroa Escauriza, quien presenció el fallo, al igual que la diputada provincial, Rosana Bellatti.
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