Seis personas serán imputadas este viernes en los Tribunales en el marco del caso conocido como megaestafa, que investiga a una serie de profesionales y empresarios como cabeza de una banda destinada a desapoderar fraudulentamente de propiedades a las víctimas. Lo confirmó el fiscal de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja este jueves, tras nueve allanamientos desarrollados durante la madrugada en Rosario y Pueblo Esther, en los que la Policía de Investigaciones de Santa Fe se incautó de elementos de interés para el caso, como vehículos de alta gama. Entre los nuevos acusados, por una causa que investiga el fraude con cinco propiedades contra una mujer residente en Arroyo Seco, hay un escribano –quien se suma a otros tres notarios apuntados en esta pesquisa– y el hijo de un sindicalista que está detenido en el marco de la investigación.
“Es uno de los primeros casos donde estamos aplicando la ley de lavado de activos”, recordó Narvaja en conferencia de prensa, para añadir: “Los allanamientos tienen que ver con un caso que verdaderamente terminamos de dilucidar luego de los allanamientos de octubre –cuando la causa salió a la luz–. Teníamos alguna información, por escuchas, que a una señora que no sabíamos quién era le habían estafado cinco propiedades”.
“Determinamos que se había ido a vivir a Italia en 2011 y nunca había vuelto a la Argentina. Aprovechando que la señora estaba fuera del país generaron estas escrituras falsas” para desapoderarla de los cinco bienes, describió el fiscal.
Narvaja informó que se había ordenado la detención de seis personas, aunque cuatro de ellas no quedaron presas al comprometerse a estar presentes este viernes a las 9 en la audiencia imputativa, donde les achacarán estafa, falsificación de documento público y lavado de activos. Sí quedaron tras las rejas, informó la Fiscalía, Juan Cruz González de Gaetano, hijo de un sindicalista que está bajo proceso en esta investigación, y otro hombre identificado como Omar B. Entre los otros cuatro hay familiares de personas ya encausadas y un escribano. Y hay una séptima persona que se mantiene como prófuga.
Narvaja estimó en unos 100 millones de pesos las propiedades que fueron desapoderadas por las casi dos decenas de acusados en la pesquisa, recordó que hubo embargos a los imputados por más de 200 millones de pesos, y aseguró que la investigación sigue, ya que hay otros hechos bajo la lupa.
