Nuevos allanamientos tuvieron lugar durante la mañana de ayer en la causa de estafas millonarias que investiga la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y que tiene como sospechosos a escribanos y empresarios de alto nivel adquisitivo. Esta vez, la medida estuvo destinada a secuestrar documentación de interés por lo que los operativos se realizaron en financieras y una mutual céntrica. Por otra parte, la Cámara Penal confirmó a la jueza Mónica Lamperti al frente de las audiencias sobre la Instrucción Penal Preparatoria.
Los allanamientos que se realizaron ayer tenían como objetivo la búsqueda de documentación Una de las firmas allanadas en Santa Fe al 1400 figura como Brio Valores. Según la página de la Comisión Nacional de Valores, donde existe información de la firma, aparece una copia de algunas páginas del estatuto donde figura Jorge Oneto.
Otras de las direcciones asignadas a esta firma fueron: Corrientes al 700 (donde desde hace unos meses ya no funciona la compañía que la fiscalía allanó, según refirió una fuente) y Santa Fe 1214. Está última dirección figura en la página web del mercado de Valores de Rosario (www.mervaos.com.ar) y está asignada a Brio Valores, Agente de Liquidación y Compensación dentro de su listado de agentes.
Los otros dos procedimientos tuvieron lugar en el edificio de Mitre 907, puntualmente a una oficina asignada a la Mutual 18 de Julio y en una escribanía de calle 9 de Julio 500. Fuentes de la pesquisa aclararon que no hay nuevas personas investigadas, sino que buscaban documentación específica vinculada a la causa.
Recusación
La jueza Mónica Lamperti, cuestionada por los defensores de los empresarios Leandro Pérez y Marcelo Jaef, continuará al frente de las audiencias de la Instrucción Penal Preparatoria. La Cámara Penal confirmó el rechazo a la recusación planteada por los defensores Carlos Varela y Adrián Martínez quienes pidieron su apartamiento con el fundamento de que previo a la audiencia imputativa había tenido contacto con el caso al rubricar las órdenes de allanamiento. El vocal Daniel Acosta sostuvo que los fundamentos de la defensa serían aplicables en el caso de que la jueza Lamperti tuviera que brindar una opinión de fondo, exclusivamente relativa al juez que habrá de dictar sentencia. Y agregó que de lo contrario “consumiría la garantía del juez natural”, tornaría inviable la investigación penal que se consumiría en permanentes reenvíos que repercutirían en el escaso número de jueces, y detalló y apoyó la decisión de la magistrada. Los defensores, en tanto, apelarán interponiendo un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Un nuevo procesamiento
El escribano Eduardo Torres tiene en su haber otro procesamiento en el viejo sistema. Esta decisión data de julio de este año cuando fue enviado a juicio por un fraude a la administración pública. El profesional fue intimado por API a pagar una tasa retributiva de servicios y se le inició un expediente . Torres acompañó una declaración jurada de una hipoteca y un ticket de pago del Banco de Santa Fe emitido en fecha 25 de septiembre de 2007 por 31.710,12 pesos que resultó falso. La denuncia fue presentada en marzo de 2013 y la pericia contable determinó que el pago no se encuentra registrado en la entidad bancaria. La jueza Alejandra Rodenas, procesó al escribano por fraude a la administración pública y giró las actuaciones al Juzgado de Instrucción 11ª donde cuenta con un procesamiento anterior.
Aquel golpe céntrico
En agosto de 2012 un empleado de la mutual 18 de Julio fue asaltado en el edificio de Mitre 907: tres asaltantes le arrebataron un bolso con dinero que acababa de retirar del Standard Bank y se fueron en moto con el botín y la pistola de un policía que quiso evitar el robo. El monto denunciado, 300 mil pesos, generó suspicacias en la pesquisa.
Cautela en las cuevas
La investigación que lleva adelante el fiscal Narvaja con los allanamientos y las detenciones no pasó desapercibida en el circuito financiero local. Y según el sitio web Puntobiz desde el mismo día de las detenciones, los operadores de la llamadas “cuevas” se agazaparon. Incluso, en las primeras horas, cuando no estaba claro sobre quiénes estaban cayendo los fiscales, hubo mesas de dinero que dejaron de operar y prepararon la retirada. Lunes y martes, la actividad empezó a normalizarse pero con restricción atendida y sólo para clientes muy conocidos, por temor a nuevas redadas, y operaciones mínimas. Nadie quería levantar la cabeza.
“Contra comisarios éticos”
El ex ministro de Justicia Juan Lewis, que defiende a dos de los escribanos acusados en la megaestafa, sostuvo en declaraciones radiales que “la Fiscalía ha generado expectativas inusitadas en relación a esta causa que le va a costar muchísimo sostener y eso condiciona a los operadores judiciales a la hora de resolver”. Consultado sobre las críticas que generó su decisión de representar a los dos escribanos, Lewis reiteró que “está convencido” de su defensa y que se trata de dos personas que conoce hace muchos años (en referencia al escribano Luis Kurtzemann, que ya logró la libertad, y a Juan Bautista Aliau, que quedó detenido). “Veo por todos lados que están apareciendo comisarios éticos que señalan que uno no debería tomar esta causa. Lo que estoy haciendo es usar las herramientas que el Estado de derecho tiene para defender a una persona acusada y en este caso injustamente acusada”.
Lewis había sido duramente cuestionado, junto con el ex ministro Héctor Superti, por funcionarios socialistas por haber asumido la defensa de algunos de los detenidos en la megacausa, y ambos tuvieron que dejar sus cargos como asesores en la Legislatura.
Apelarán las prisiones preventivas
Las prisiones preventivas que dictó la jueza Mónica Lamperti sobre nueve de los 11 detenidos en la causa que investiga estafas inmobiliarias millonarias serán apeladas por varios de los defensores que tienen a sus clientes, de alto poder adquisitivo, presos en comisarías rosarinas. Con excepción de dos de los acusados, el escribano público Luis María Kurtzemann y el gerente general del diario La Capital Pablo Abdala, ocho hombres continúan privados de la libertad y una mujer cumple prisión domiciliaria por tener a cargo un hijo menor de cinco años y a su marido preso en la misma causa.
Los fundamentos de la resolución de Lamperti respecto a las medidas cautelares llegaron ayer en forma de notificación a los abogados defensores, que tienen tres días hábiles para apelar. La mayoría de los letrados tiene previsto apelar ante la Cámara Penal.
Adrián Martínez calificó como “muy pobres, pobrísimos” los fundamentos esgrimidos por Lamperti que dejaron a sus dos clientes con prisión efectiva. Al respecto, el letrado dijo no entender las “diferencias de criterio” que la magistrada expuso para dar o negar libertades y aseguró que apelará. Entre ellas, mencionó que su clientes, el empresario Leandro Pérez y el contador Marcelo Jaef, a quienes representa junto a Carlos Varela, ofrecieron fianzas que rondan el millón de pesos y que fueron negadas pese que no se advierte peligro de fuga. En ese sentido, y en relación a que Abdala volvió del Caribe y se puso a disposición de la Justicia, Martínez ironizó: “Jaef estaba en el gimnasio cuando allanaron. Tuvo la mala suerte de no estar de viaje, parece que es una cuestión de distancias”.
