La hija y la ex esposa del sindicalista Maximiliano González de Gaetano, que enfrentan un juicio oral y público por una defraudación millonaria conocida como la «megaestafa», cerraron un probation y un acuerdo abreviado con un pena condicional. Las mujeres aparecieron en algunas transacciones apócrifas que se realizaron para desapoderar de propiedades, puntualmente dos campos en General Lagos. En uno de ellos, el grupo acusado pretendía llevar adelante un loteo. El juez Héctor Núñez Cartelle dispuso la suspensión del juicio a prueba para la menor de ellas y homologó un procedimiento abreviado a un año de prisión en suspenso para la madre.
El debate inició el 27 de febrero y 13 personas se sentaron en el banquillo. Al comienzo eran 14, pero Leandro Lelo Pérez firmó un acuerdo abreviado el viernes previo al debate y quedó preso por tres años por lavado de activos.
Llegaron a juicio escribanos, un empresario, un gestor, un sindicalista y varios civiles que en muchos casos prestaron su nombre para intervenir en transacciones que eran parte del engranaje para desapoderar a sus dueños de sus propiedades. Se sentaron en el banquillo: escribano Martín Torres, Juan Bautista Aliau, Luis María Kurtzemann y José Bordó, el gestor Juan Roberto Aymo, su pareja Ramona Rodríguez, el empresario Marcelo Basilio Jaef, el sindicalista Maximiliano De Getano, Vanina Viglione, Omar Buscellato y Andrés Alejandro Martín.
Entre las acusadas también estaban Magalí González De Gaetano y su madre Sandra Moresco, hija y ex pareja del sindicalista Maximiliano González De Gaetano, el único que llegó preso al debate porque pesa sobre él otra investigación penal.
A las mujeres el fiscal Sebastián Narvaja les pidió 3 años y medio y cinco años de prisión respectivamente más el pago de una multa por participar en las actividades ilícitas achacadas al grupo. Aunque le dedicó una fuerte elocución al sindicalista, al que considera que tuvo un importante protagonismo en las maniobras defraudatorias al que considera organizador. Habló de su capacidad para contratar abogados a pesar de que ahora tiene un defensor oficial, quien solicitó la suspensión del juicio porque hacía poco tiempo que había tomado la defensa, lo que fue rechazado por el tribunal de juicio integrado por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón.
El fiscal dijo que tiene una activa participación en su defensa, cambió de abogados en varias oportunidades y deslizó el poder que este hombre ejerció sobre estas dos mujeres que brindaron una declaración a poco de empezar el juicio y donde dijeron que las hacían firmar documentación de la que desconocían la práctica o el objetivo.
A su turno la defensora oficial Martina Giraudo contó que conoció a las mujeres poco antes del juicio y coincidió con el fiscal en la influencia de De Gaetano sobre sus clientas.
La acusación
El fiscal le achacó a Moresco la intervención en el desapoderamiento de un campo de 2,5 hectáreas en General Lagos a una mujer que se había ido a vivir en el exterior. La sindicó como una de las personas que brindó su nombre para hacer un pasamanos a través de un poder por escritura pública que le firmó a su ex marido.
Mientras que un campo de 18 hectáreas en la misma localidad y pertenece a la misma víctima, fue desapoderado mediante distintas maniobras hasta llegar a un fideicomiso donde el gestor Juan Roberto Aimo y el sindicalista De Gaetano utilizaron los nombres de sus hijos Nicolás Aimo, Magalí y Juan Cruz De Gaetano (los dos varones suscribieron un abreviado y fueron condenados) para desarrollar un loteo, su urbanización y administración, dijo el fiscal. A lo que sumó que el fiduciante luego le cedió ocho lotes a Sandra Moresco.
Para el fiscal el sindicalista es uno de los organizadores de los fraudes inmobiliarios, financió al grupo e involucró como testaferros o prestanombres a su núcleo familiar. Generó activos ilícitos para luego colocarlos en el mercado legal con otros miembros del grupo. Este hombre tenía contacto con Aimo, Pérez, Jaef y el escribano Gordó entre los involucrados, aseguró.
Probation y abreviado
Este viernes en una audiencia que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal, madre e hija le dieron un cierre a su situación procesal en el caso.
Magalí De Gaetano accedió a la suspensión del juicio a prueba por el delito de lavado de activos por acciones propias de recepción y testaferreo. El fiscal Sebastián Narvaja planteó la concesión de un probation por el término de un año con el cumplimiento de ciertas reglas de conducta entre ellas trabajo comunitario por 100 horas.
Para Moresco la propuesta fue de una condena, mediante acuerdo abreviado, al que arribó con la defensora oficial Martina Guirado, de un año en suspenso por los delitos de lavado de activos por acciones propias de recepción y testaferreo y falsificación de documento más el cumplimiento de reglas de conducta entre ellas trabajo comunitario por 100 horas.
Tanto el probation propuesto como el acuerdo abreviado fueron apoyados por el juez Héctor Núñez Cartelle que dictó la suspensión del juicio a prueba para la menor de las mujeres y homologó el convenio y condenó a una pena condicional a la mayor de ellas.
