Tal como se había adelantado, el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, anunció ayer la caducidad de contratos de concesión de dos áreas de explotación petrolera a la empresa hispano argentina Repsol-YPF, que ya anticipó que recurrirá a la Justicia para accionar contra el Estado provincial. Se trata de las áreas Ceferino y Cerro Mollar, ubicadas en los departamentos de Rivadavia y Malargüe, respectivamente. El anuncio está en sintonía con las medidas tomadas en igual sentido durante las últimas semanas por las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén.
“Desestimo la respuesta de la empresa”, sostuvo Pérez, en alusión al descargo presentado por la firma tras recibir una intimación del gobierno provincial para que anuncie inversiones y se comprometa a aumentar la producción en un 15 por ciento respecto de 2011.
“En virtud del incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones de producción, mantenimiento y trabajo solicitadas a YPF (…) declaro mediante el decreto 502 de 2012, la caducidad de la concesión del contrato”, dijo el gobernador, en referencia a las zonas cuestionadas.
La medida se hará efectiva en 90 días hábiles, momento en el cual la provincia llamará nuevamente a licitación para la concesión de las áreas petroleras.
De todos modos, YPF anunció que “emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa” de sus derechos, tras la decisión de Mendoza de “revertir unilateralmente” los contratos de explotación, “luego de haber presentado en tiempo y forma su descargo y un plan de inversiones para las mismas”.
En un comunicado, la empresa dijo que cumplió “con las pautas de inversión establecidas en el artículo 31° de la Ley de Hidrocarburos para la producción en la provincia, ya que realizó las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos”.
“En Mendoza se evidencia un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde 2007, que superó los 600 millones de dólares en 2011, y que tras la extensión de las concesiones acordada con el propio gobierno, contempla otros 3.500 millones hasta el final de la concesión”, remarcó.
Con su decisión, Mendoza se sumó a la ofensiva que impulsa la Casa Rosada contra la petrolera YPF, controlada por la española Repsol desde 1999, y que generó que la compañía perdiera ocho áreas otorgadas en concesión en menos de 10 días en el país.
La semana pasada, Chubut y Santa Cruz anunciaron la quita de permisos de explotación en cuatro zonas en la cuenca del Golfo San Jorge y el lunes fue Neuquén la que despojó a YPF de otras dos áreas petroleras, alegando también falta de inversiones por parte de la empresa.
“La provincia de Mendoza tiene importantes reservas y de nada nos sirve tenerlas bajo tierra. Necesitamos sacar el crudo, que se procese en la refinería de Luján y llegue a las estaciones”, afirmó ayer el gobernador Pérez.
“Hace dos años venimos reclamando un aumento del cupo de combustibles en las estaciones existentes y la creación de nuevas estaciones en lugares adonde no existen. La falta de combustible se agrava en épocas de cosecha”, remarcó. En el acto en San Rafael, ante funcionarios y militantes, el gobernador dijo que su administración llamará a licitación para “la telemedición de todos los pozos de los que se saca el crudo en camiones y no por oleoducto”.
La decisión de Pérez generó una airada reacción en un sector del arco opositor nacional, sobre todo de parte de legisladores mendocinos. Por otra parte, fuentes del gobierno provincial adelantaron que analizan la posible caducidad de otras ocho áreas. También confirmaron que se emplazó a la firma Geopark, que ayer envió una contestación y está en etapa de análisis.
