En octubre pasado, una familia de bajos recursos de zona oeste presentó un habeas corpus preventivo para denunciar hostigamiento policial. Pero el pedido fue rechazado “in limine” por el juez de primera instancia, lo que significa que ni siquiera se realizó una audiencia para que se ventilen los hechos denunciados. Este martes, la Cámara Penal dejó sin efecto esa resolución y ordenó que se tramite “urgente” la solicitud de la familia, que a casi nueve meses de los hechos tendrá la oportunidad de ser escuchada por la Justicia por primera vez.
La decisión la tomó la jueza de cámara Georgina Depetris en una audiencia realizada este martes en los Tribunales provinciales, a la que no pudo acudir la familia que dijo ser víctima de hostigamiento policial por tener a la hija menor enferma. En su resolución, Depetris revocó el decreto de fecha 3 de octubre de 2016 (en el que el juez Javier Beltramone había rechazado “in limine” el pedido) y ordenó que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha “urgente” para que se realice, en primera instancia, la audiencia de habeas corpus preventivo.
De esa manera, la Cámara Penal dio lugar a los argumentos esgrimidos ayer por la abogada de la familia denunciante, la defensora pública Alejandra Paolini, quien explicó que el pedido fue presentado a raíz de las intimidaciones ejercidas por efectivos policiales a sus defendidos y que el juez de primera instancia “sin escuchar a sus representantes” decidió rechazar in limine el habeas corpus preventivo con fundamentos “que no tienen nada que ver con lo que se estaba plantando”, respecto de los “actos intimidatorios y no a las detenciones ilegales”.
Esa no fue la postura de la fiscal de Cámara Gabriela Bassagaisteguy quien justificó al juez de primera instancia y dijo que si no escuchó a los afectados fue porque pidió informes y esas personas estaban bajo la orden de un fiscal que luego les dio la libertad, por lo que pidió que se confirmara la resolución de Beltramone y no se de lugar al habeas corpus.
Ante ello, la defensora Paolini reiteró que hay un “error de interpretación”, ya que se está ante un pedido de habeas corpus preventivo, y el código establece que corresponden una audiencia para que se pueda escuchar al denunciante y tratar la cuestión de fondo. Como la familia no pudo asistir ayer, la jueza ordenó que se fije una fecha, que será programada para los próximos días.
El hecho
Según la versión policial, el 16 de septiembre de 2016, a las 7.30, los agentes del Comando Radioeléctrico Ayelén Jorgelina S. y Oscar Ángel V. detuvieron a 11 personas (tres de ellas mujeres) a las que les achacaron resistencia a la autoridad, lesiones y les secuestraron un cuchillo. Informaron que el hecho ocurrió en inmediaciones de Virasoro y las vías, donde tiene jurisdicción la seccional 19ª.
Según los efectivos del Comando, observaron a un masculino con un arma de fuego en inmediaciones de Felipe Moré y Virasoro que les apuntó y se dio a la fuga hacía las vías férreas. La pareja de policías dijo que lo persiguió, le dio la voz de alto pero que el muchacho se guardó el arma en la cintura y se tomó a golpes de puño con el uniformado, que logró reducirlo. Pero que entonces apareció un grupo de personas que golpeó al personal policial para liberar al masculino. Siempre de acuerdo a esa versión, los policías pidieron apoyo y lograron detener a un hombre por “entorpecer el accionar policial” y luego, en la comisaría, detuvieron a otras cuatro personas que se acercaron a pedir su liberación, aduciendo que los reconocieron porque también habían entorpecido el accionar policial. Y en esos momentos, siempre según el relato oficial, una recepción vía radial les avisó que en el mismo lugar había un masculino efectuando detonaciones por lo que volvieron y arrestaron a otras seis personas, una con un cuchillo. A casi nueve meses del hecho la versión de los detenidos nunca se escuchó.
