El gobierno nacional intervino la empresa distribuidora de gas Metrogas después de la comunicación que presentó la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires respecto de que no podrá afrontar una deuda millonaria por su complicada situación financiera. La decisión oficial apuntó a “garantizar la normal prestación del servicio público” a más de 2 millones de usuarios entre la Capital Federal y once partidos del conurbano bonaerense.
La empresa trasnacional responsabilizó al gobierno por su supuesto crítico estado financiero, porque no la autorizó a aplicar una fuerte suba tarifaria. Tras presentar un concurso preventivo, la firma reconoció su incapacidad para afrontar la deuda que asciende a 250 millones de dólares. En rigor, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ordenó su intervención, por lo que desde ahora la firma será presidida por Antonio Gómez, propuesto por la Casa Rosada.
Tal como lo hizo con Aguas Argentinas y Aerolíneas, el Estado se hizo cargo de otra empresa que fue privatizada en pleno neoliberalismo de los 90 –que ahora podría terminar siendo reestatizada– y sumó así participación en el sector privado, donde también tiene adquiridas acciones que pertenecían a las eliminadas AFJP y las jubilaciones pasaron a manos de la Ansés.
Desde el Ministerio de Planificación indicaron que no comparten los argumentos esgrimidos por la empresa acerca de que la causa sean las tarifas congeladas, “sino que el origen e índole de esa deuda, que no guarda ninguna relación con las inversiones realizadas, debe buscarse en los motivos que llevaron a otras empresas y a nuestro país a la crisis de 2001”.
“Es necesario remarcar que la renegociación del contrato con Metrogas no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dado que por principio el gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión”, añadió.
“Es pública y notoria nuestra voluntad de renegociar los contratos en condiciones favorables a nuestro país, como lo evidencian los casos de otras empresas del sector que obtuvieron mejoras en sus tarifas”, señalaron en el comunicado que emitió la cartera que comanda De Vido.
“La renegociación aludida por la compañía no es tal, ya que sólo contemplaba la creación de un fideicomiso para obras que nunca se materializó. La renegociación del contrato nunca fue posible debido a la mencionada negativa de la empresa a deponer su demanda”, continuó el escrito.
El Ministerio de Planificación concluyó en su comunicado que “la intervención (de Metrogas) tendrá como objetivo la reestructuración de la deuda y se extenderá hasta que ésta haya concluido satisfactoriamente”.
En tanto, al argumentar su decisión de presentar un concurso preventivo de acreedores en un comunicado que sorprendió en la Bolsa porteña, la firma Metrogas aseguró que las propuestas recibidas de su asesor financiero “no se condicen con las reales posibilidades de la sociedad”.
“La sociedad no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar vencimientos inminentes de su deuda financiera ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas”, añadió la mayor distribuidora de gas del país en su texto.
Si bien dijo que “la operación de Metrogas no se encuentra comprometida y se mantiene la calidad en la prestación del servicio de distribución de gas” en su área de concesión, el gobierno de Cristina Fernández optó por intervenirla y hacerse cargo de la empresa.
