Iguala, una pequeña ciudad de la región mexicana de Guerrero, tomada por fuerzas federales mexicanas tras la desaparición de 43 estudiantes de entre 18 y 21 años, hace 16 días, no logra desembarazarse del temor que ha sufrido entre una policía corrupta y varios cárteles peleándose a muerte. La búsqueda de cuerpos continuaba ayer en cuatro nuevas fosas clandestinas halladas en el sur, donde se cree que fueron enterrados algunos de los jóvenes, cuando fueron brutalmente atacados por policías locales y sicarios.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo ayer que “algunos de los cuerpos, de acuerdo a los avances que se llevan de los peritajes en materia forense, no corresponden a los jóvenes” de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Aguirre no aclaró de cuántos cadáveres ya se tienen información ni si, entre ese total, hay jóvenes. La fiscalía estimó que el martes o miércoles próximos podrá anunciar al menos la primera identificación.
Muy cerca de allí fueron halladas el 4 de octubre pasado otras cinco fosas con 28 cadáveres calcinados que siguen siendo analizados.
Iguala, situada a solo 200 kilómetros de Ciudad de México, es una zona en disputa por varios cárteles del narcotráfico, al igual que el resto de la convulsa región de Guerrero.
Vecinos de la zona montañosa donde trabajan los peritos hace años que no salen de sus casas por la noche, debido al terror que les tenían a los criminales que irrumpían allí en sus camionetas para deshacerse de sus víctimas.
A veces se oían “gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía a una persona, parecía que lo estaban mochando (amputando) con machetes, y también se escuchaban las risas de otros dos”, relató a la AFP Beto García.
Desde las rendijas de su ventana, el campesino dice que alcanzaba a ver fogatas y luces de linternas en la montaña, donde los narcos plantan marihuana.
“La semana pasada hubo una balacera. Yo salgo de noche y me da miedo que un día te toque”, confiesa Juana Martínez, una estudiante de 16 años, al caminar frente al fuerte operativo militar que impide el paso al lugar donde trabajan los peritos.
A uno de los cárteles, llamado Guerreros Unidos, se le acusa de contar con el apoyo del gobierno local y de colaborar con los agentes municipales en las balaceras contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.
Antes de este crimen, que tiene conmocionado a México, en Iguala (140.000 habitantes) ya se habían encontrado una treintena de cadáveres en fosas este año.
Los agentes de Iguala –26 de ellos detenidos– eran vistos como socios del crimen organizado y fueron relevados en bloque por el cuerpo federal de Gendarmería.
Testigos aseguran haber visto cómo decenas de estudiantes eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.
La fiscalía federal asegura que los Guerreros Unidos, traficantes de amapola y marihuana hacia Estados Unidos, especialmente Chicago, eran hasta hace poco un grupo con escaso poder que peleaba por el territorio con los cárteles Los Rojos y La Familia.
El gobierno quiere interrogar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, pero ambos huyeron dos días después de las desapariciones.
