A nueve años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sur de México, los familiares de las víctimas aún esperan que las autoridades entreguen toda la información de la causa para resolver un caso icónico en el país, una promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el próximo año culmina su mandato.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desapareció cuando intentaban apoderarse de autobuses en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los estudiantes de magisterio y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos con integrantes de una banda rival.
Sin embargo, la administración de López Obrador ha desmentido esa «verdad», al concluir que fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles.
El mandatario entregó días atrás un informe a los familiares y reiteró que cumplirá con su compromiso de resolver el caso y hallar a los estudiantes antes de que concluya su mandato, al afirmar que su Gobierno no dejó de buscarlos ni «un solo día».
La ronda de reuniones entre el Gobierno y las familias comenzó el martes pasado cuando los familiares acudieron a una junta con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y encargado de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, uno de los equipos que investiga el caso.
Frente al descontento de los familiares de las víctimas con el proceso de la investigación, Encinas dijo en la red social X (antes Twitter) que se «entregará a padres de los desaparecidos de Ayotzinapa toda la información relacionada con el caso» y dejó en claro que «no se oculta nada ni se protege a las personas involucradas».
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos insisten en que falta información y por eso el próximo lunes el Gobierno volverá a encontrarse con ellos.
«Estos nuevos audios y análisis de llamadas telefónicas como pruebas documentales, que hoy están integradas en el caso, comprueban lo que se dijo desde el primer momento, que fue el Estado quien desapareció a los 43 estudiantes», señaló Paula Mónaco, escritora y periodista especializada en derechos humanos, autora del libro «Ayotzinapa. Horas eternas», en declaraciones a Télam.
«El Gobierno de López Obrador, cuando asumió, prometió resolver este tema, y si bien mostró voluntad política, lo cierto es que la investigación se atora por completo en las Fuerzas Armadas, que requieren órdenes de captura. Se detuvo a algunos militares y se entregaron algunos documentos, pero no todos los que se están pidiendo», argumentó Mónaco, que reconstruyó el minuto a minuto de lo sucedido la noche en la que desaparecieron los estudiantes.
Y agregó: «Esta es la razón del definitivo gran distanciamiento de las familias con el actual Gobierno. Una señal oscura para el resto de las familias. Porque si estamos en un país con 110.000 desaparecidos y el caso icónico en el cual el Estado puso toda su fuerza, no se está pudiendo resolver aún con tantas pruebas. ¿Qué queda para los otros casos?», aseguró la periodista, galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de México en sus ediciones de 2019 y 2021.
«Con pruebas y peritajes científicos se demostró que nada de lo que dijo el Estado sobre lo sucedido en la madrugada del 26 al 27 de septiembre había ocurrido. Por el contrario, altos funcionarios sembraron evidencias, como es el caso de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la agencia Investigación Criminal en la administración de Felipe Calderón y de Peña Nieto), que depositó cenizas en un río y con eso fingieron toda una narrativa del hecho que finalmente se comprobó», señaló Mónaco.
Los sobrevivientes negaron desde el principio tener vinculación con el narcotráfico, como había surgido de los testimonios de algunos de los detenidos por la desaparición.
«A nueve años de lo ocurrido en Iguala queda claro y me parece que es importante decirlo, que cada una de las palabras que dijeron los sobrevivientes de lo que ocurrió esa noche se confirmó», observó Mónaco desde México.
Para la escritora, hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en la Argentina, «la masacre condensa el poder oscuro de la estructura narco y expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado».
«Nada de lo que testimoniaron los sobrevivientes se pudo contradecir, nada se probó que no fuera así. Por el contrario, tenemos la certeza de que todo lo que dijeron ocurrió», apuntó.
La investigadora destacó el esfuerzo de investigación de profesionales internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), «que demostraron científicamente que lo que durante al menos un par de años el Estado había construido y sostenía como una supuesta verdad histórica, no tenía nada de verdad y tenía mucho de ficción y de mentira».
Por su parte, Manuel Vázquez Arellano, conocido como «Omar García», actual diputado federal del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sobreviviente de Ayotzinapa, destacó que López Obrador se comprometió a resolver el caso.
«Desde Morena estamos impulsando algunas iniciativas que tienen que ver con la memoria. Entiendo que la represión en todos los Estados tiene el propósito de dar una lección, dar un escarmiento para que no hagas eso que les molesta a ellos, que resistas, que exijas justicia, educación, empleo o el respeto al territorio», señaló en diálogo con Télam.
«La represión tiene su objetivo, pero no solo contra quien protesta, sino contra la población en sí misma. Porque cuando reprimes a estudiantes, le estás avisando al resto de la población que no hagan eso o te puede pasar lo mismo», añadió.
Vázquez Arellano recordó momentos de lo ocurrido esa madrugada: «Aquella noche hubo muchos ataques. A mí me tocó estar hasta el final, ya en la última balacera. Soy uno de los chavos que acude en auxilio de los que estaban en Iguala. Había mucha sangre en todos lados, incluso dentro de los micros. No sabíamos ni qué hacer», rememoró.
Los familiares de los 43 desaparecidos instalaron un plantón frente a las instalaciones del Campo Militar 1, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Ciudad de México, con el fin de comenzar la jornada de lucha por los nueve años de los hechos ocurridos en Guerrero y se mantendrán hasta el 25 de septiembre.
En tanto, la Acción Global por Ayotzinapa y México anunció una marcha en la capital para el próximo 26 de septiembre, al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas.
