La ciudad mexicana de Chilpancingo amaneció ayer sitiada por las fuerzas de seguridad tras las violentas protestas que se registraron anteayer, durante las cuales fueron quemadas las instalaciones de la sede del gobierno local en repudio a la desaparición de 43 estudiantes de magisterio, el pasado 26 de septiembre. Ayer, el gobierno federal confirmó la muerte de El Benjamón, líder narco y presunto asesino de los estudiantes en coordinación con la policía.
Miles de manifestantes arribaron a Chilpancingo, donde se suspendieron las clases del nivel primario y universitario y se declaró asueto en la administración pública, para sumarse a las protestas. Los manifestantes también llegaron desde la provincia vecina, Morelos, utilizando la misma acción que le costó la vida a los estudiantes asesinados por los narcos y la policía: tomar colectivos.
El gobierno federal confirmó la muerte de Benjamín Mondragón Perea, alias El Benjamón, presunto jefe del grupo Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los estudiantes de la escuela de formación de docentes de Ayotzinapa.
Al verse rodeado, Mondragón “prefirió suicidarse (antes) que entregarse”, dijo a la AFP una fuente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Sin embargo, la fuente señaló que las circunstancias de la muerte de quien se considera la “cabeza” de los Guerreros Unidos deberán ser confirmadas por la fiscalía.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, afirmó, en tanto, que no comprende la actuación de los estudiantes, ya que su gobierno abrió canales de diálogo, y consideró las protestas como “un acto de provocación”. “No se puede entender lo que sucedió ayer (por anteayer), lo que ellos buscaron era que se diera un enfrentamiento, que hubiera sangre de por medio (…). Actuamos con mucha prudencia sin que eso signifique que las cosas vayan a quedar impunes”, advirtió. En tanto, la docente Guadalupe Satos denunció que los 43 desaparecidos fueron “levantados por policías y entregados al narco”, y agregó sobre la manifestación: “Es la voz del pueblo clamando justicia ante un gobierno sordo, ciego y asesino”.
Además de reclamar la aparición de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, las protestas se realizan para exigir la renuncia del gobernador de Guerrero, Aguirre, quien reconoció que una de las hipótesis que maneja su gobierno acerca del ataque a los estudiantes en Iguala, en los que además de los desaparecidos murieron seis personas y 25 resultaron heridas, involucra a la esposa del fugitivo alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de estar relacionado con un cártel narco.
