Por Carina Ortiz – Luciana Mangó
El domingo a la noche Micaela J. apretó seis veces el botón de pánico cuando su ex pareja fue hasta la puerta de la casa para amenazarla. Horas antes el hombre, siempre según dijo la mujer, colgó un pasacalle en la cuadra donde vive con una foto de ella. La imagen estaba trucada y la mostraba desnuda. También la acusaba de ser corrupta y tener un problema de consumo de drogas. Micaela llamó al 911 y la Policía envió un móvil para vigilar la casa. Este lunes por la mañana ella se reunió con los profesionales del Área de Atención en Violencia de Género de la Municipalidad de Rosario y fue a los tribunales provinciales para denunciarlo por acoso y hostigamiento. Durante los últimos tres años ella lo denunció 12 veces en la Justicia por golpes y amenazas y sólo consiguió una mediación.
Empeora
Micaela contó que las amenazas son cada vez más fuertes y que el hombre siempre las cumple. Tiene miedo por ella y su familia, y pide que el Estado intervenga. “Las cosas que hace son cada vez más graves y no lo detienen. No puedo sostener más la situación. Me siento abandonada por el Estado. Si las autoridades esperan al proceso penal voy a llegar a tribunales con la cara cortada como me amenazó”, explicó a El Ciudadano.
Micaela estuvo en pareja cinco años con el hombre que denunció una docena de veces. Durante ese tiempo, se separó y volvió con él porque le decía que sino iba a perseguir a su familia. Desde el 7 de enero de este año que cortó comunicación con él y volvió a su casa. Fue el punto de quiebre. “Me llama por teléfono y me contacta por Facebook. Me dijo que si no frenaba las denuncias me iban a pasar cosas más graves. Tengo registradas las llamadas donde reconoce lo que hizo y la Justicia no hace nada”, explicó.
La última
La más reciente de las denuncias de Micaela fue por uso de identidad. Dijo que el hombre se hizo pasar por ella en la red social Facebook y amenazar a su familia. Después colgó un pasacalle y subió videos íntimos desde otro perfil de Facebook. También roció con líquido de freno la puerta de la casa de la familia y el auto de su hermano. Por último, siempre según denunció ella, la amenazó con tirarle ácido y cortarle la cara. “Vivimos cada día peor. Mi familia está asustada. Tenemos cinco chicos que duermen con las luces prendidas y no van al colegio. Ya no sabemos qué hacer”, agregó.
La hermana de Micaela también denunció al hombre por amenazas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Juntas mandaron una carta al gobernador Miguel Lifschitz y al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
Problemas en Fiscalía
La semana pasada, Micaela y el hombre se sentaron en una mesa de mediación. Según contó a este medio, los empleados del Ministerio Público de la Acusación le dijeron que “las pruebas que tenía no servían” para llevarlo a juicio. Él negó todo.
Micaela ayer se reunió con profesionales del Área de Atención en Violencia de Género de la Municipalidad de Rosario y pidieron la intervención del MPA.
La mujer es acompañada por Ademur, una asociación que contiene y ayuda a víctimas de violencia de género. Fernanda Serna, integrante de la agrupación, contó que el hombre tiene una denuncia anterior de hace seis años y la Policía le incautó un arma. “Micaela y su familia están en riesgo. La abandonaron justo en la semana donde se hizo el paro por el Día de la Mujer”, dijo Serna.
Atención
La coordinadora del Área de Atención en Violencia de Género, Lucrecia Donoso, se mostró preocupada por la situación. “Micaela pidió ayuda al Teléfono Verde en marzo del 2017. Durante este año las amenazas crecieron. Ella está en riesgo”, explicó.
La funcionaria contó que Micaela tramitó hace un año el botón de pánico y tuvo atención psicológica del equipo de asistencia a la víctima. El área la contactó con los abogados del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) y pidió que la Policía vigile la casa. También le ofreció trasladarla a un refugio. Micaela se negó porque no vive sola. Está con su familia.
“Micaela siguió todos los pasos. Hoy la sentí más vulnerable y nos preocupó. Hablamos con los profesionales del CAJ para coordinar una estrategia conjunta. Lo fundamental es que el Estado le garantice el acceso a la Justicia”, explicó Donoso.
