“Hasta que no vuelvan nuestras compañeras nosotras tenemos miedo a que pase algo peor. Las amenazas siguen, las miradas y los malos tratos siguen. Las burlas en busca de reacción siguen. Así como vinieron esa noche, y sin motivo nos encerraron en las piezas y nos tiraron gas lacrimógeno; la represalia y el abuso de poder se puede repetir. Una está asustada. Esa noche, en cada habitación había un menor. Le tiraron gas pimienta a mujeres embarazadas, enfermas y mayores. Queremos que vengan los derechos humanos y que traigan de vuelta a nuestras compañeras”.
Así, una de las internas de la Unidad Penitenciaria N° 5 expresó ayer la situación que viven en la cárcel de barrio Refinería, en Ingeniero Teddy al 300 bis, desde la madrugada del jueves. Esa noche, según denunció públicamente la ONG Mujeres Tras las Rejas, mujeres y niños fueron víctimas de una violenta irrupción del personal del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) que trasladó de imprevisto a un penal de Santa Fe a cuatro chicas.
La situación motivó la interposición de un recurso de habeas corpus correctivo en favor de las internas. Lo presentó el viernes pasado la defensora pública Soledad Carrozza solicitando “el traslado urgente de las mujeres” desde la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Santa Fe a Rosario. No prosperó. El juez Luís María Caterina rechazó el planteo sin siquiera celebrar la audiencia. Una fuente de la Defensoría Pública adelantó que esa decisión será apelada e informó que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Violencia y Corrupción institucional, a cargo de Karina Bartocci, quien no hizo declaraciones a la prensa. Desde el Servicio Penitenciario negaron todas las denuncias sobre abusos en la requisa del jueves a la madrugada y dijeron tener pruebas contundentes porque filmaron el procedimiento.
“No hubo tiros ni gases, nada de eso ocurrió”, afirmó el secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni a medios periodísticos, quien justificó la requisa porque horas antes le habían hallado un teléfono celular a una interna que no quiso entregar.
Mientras tanto, una mezcla de miedo y tensión se vivía ayer en el penal de Refinería, donde las internas no dejaban de reclamar la presencia de organismos de derechos humanos y la renuncia de la directora del penal Virginia Godoy, además de información sobre la integridad de las cuatro chicas que se llevaron la semana pasada, según ellas, muy golpeadas. En particular las inquietaba la salud de una de ellas que estaría “muy mal”, dado que ese mismo miércoles a la noche fue aislada en “un buzón” en Santa Fe y desde entonces no habría podido hablar siquiera con su abogada.
“Queremos que se investigue de verdad lo que pasó. Que vengan los fiscales. Porque estamos en peligro de muerte. Viste cómo es la policía (por las penitenciaras), nos provocan para buscar reacción. Nos hostigan verbal y psicológicamente. Acá hay mujeres con bebés, chicas enfermas, mujeres mayores, no podemos dormir y tenemos mucho miedo”, dijo una de las chicas.
Repudios
La ONG Mujeres Tras las Rejas denunció ayer ante la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe la “acción represiva” cometida la semana pasada por medio de un escrito. “Después de muchos avatares durante toda la mañana logramos que nos reciban el comunicado. Nos dijeron que lo van a elevar en forma de queja al Ministerio de Seguridad”, confió Graciela Rojas, presidenta de la ONG, quien adelantó que hoy lo presentarán en Fiscalía. El texto fue confeccionado a través de un relevamiento propio. Reconstruyen cómo ocurrieron los hechos y solicita la intevención del organismo de Derechos Humanos.
Días atrás ya habían denunciado en un comunicado que no se trató de un motín sino de una accionar represivo contra 23 mujeres y seis niños que llevaron adelante “varones con escudos, armas largas y gases” y que utilizaron como excusa que una chica tenía un teléfono celular en su poder.
Adhirió al repudio la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Santa Fe (integrada por abogados, psicólogos, médicos y sociólogos) que denunció en un comunicado las “violaciones cotidianas a los derechos humanos que sufren las internas” y resaltó la falta de “información oficial” ante hechos de estas características. Desde la entidad instaron a la intervención de los organismos que tienen “el deber legal de velar por la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y de aquellos encargados de fiscalizar la comisión de delitos por agentes estatales”.
