Facundo Madariaga / Gastón Martínez / Rocío Putero / Bruno Rossi Pizzi / Huiguis Silva
En un notable estudio sobre la proliferación de muros internacionales en las últimas décadas, la académica norteamericana Wendy Brown opina que los muros gratifican ópticamente el deseo de poder y protección soberana. Más aún, pareciera que la noción de cerrarnos al afuera peligroso se anima por el anhelo de resolver la vulnerabilidad e indefensión producida por una miríada de fuerzas y flujos globales que cruzan las naciones hoy día. Ante la complejidad de este asunto, surge la inquietud acerca de las caravanas de migrantes que, partiendo desde Centroamérica, buscan cruzar la frontera sur de Estados Unidos para radicarse allí. Imágenes que, por cierto, han dado la vuelta al mundo. Ahora bien, ¿cuál es la actitud del gobierno mexicano, país de paso de los migrantes? ¿Qué rol le cabe a la nueva administración izquierdista encabezada por Andrés Manuel López Obrador al respecto?
Destino final
Muchas veces se tratan de esconder bajo la alfombra situaciones que incomodan a los gobiernos. La situación se ha tornado difícil para alrededor de 15 mil personas que han solicitado entre enero y febrero de 2019 sus Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias para poder permanecer en territorio mexicano. Y esto es así en parte porque el gobierno mexicano ha comenzado a ocupar desde hace unos años el lugar de gendarme que otrora ejercía el gobierno de Estados Unidos en el rol de obstruir el flujo migratorio hacia el norte. Si la administración Obama pudo decir al final de su gestión que las deportaciones de migrantes ilegales habían bajado, se debe a que éstas ahora son hechas por las autoridades mexicanas. Ahora bien, según los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), han sido más de 18 mil las solicitudes efectuadas desde enero a abril de 2019 para obtener el estatus de refugiados en el país azteca, la mayoría de las cuales provenía del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Está claro que la acuciante realidad que atraviesan esas naciones no les permite a los refugiados perseguir la materialización del American Dream, sino que México se torna una opción plausible para erigirse como destino final de los centroamericanos. Ante tamaño escenario es preciso interrogarse sobre cuál es la postura del gobierno progresista de México. Es aquí donde se pueden observar diferencias sustantivas entre la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la de sus predecesores y la de su homólogo estadounidense: mientras que Trump acusa a México de ser el responsable directo de la porosidad de su frontera sur, amenazando con imponer aranceles a los productos mexicanos en caso de que no cese el “aluvión” migratorio hacia el gigante del norte, Amlo adoptó el “Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México”, un ambicioso programa de impulso económico regional en Centroamérica. La iniciativa es resultado del mandato que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) recibió en diciembre de 2018 de parte de los Presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, para elaborar un plan de desarrollo integral con el propósito de formular un diagnóstico y presentar recomendaciones para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo y generar una nueva mirada sobre la complejidad de los procesos migratorios. Esta propuesta señala la propensión a la concertación en lugar del conflicto del presidente mexicano; en pocas palabras: a construir puentes en vez de levantar muros.
Un cambio radical
La arriesgada jugada del presidente mexicano demuestra, por otra parte, la imperiosa necesidad de otorgarle a los fenómenos migratorios una solución que trascienda la coyuntura, en pos de generar niveles de desarrollo humano aceptables en Centroamérica, para que sus habitantes no se vean obligados a dejar su tierra. Claro está que esta es una estrategia a largo plazo, y que lamentablemente tiene poco para aportar al debate más urgente, que se centra en la necesidad de frenar los flujos migratorios hacia el norte. Por otra parte, sería provechoso que Estados Unidos se involucre en semejante empresa, dado su interés en dejar de ser el destino más atractivo de los llamados “sin papeles”. Resta entonces el interrogante sobre la postura del presidente Trump, cuyo accionar en política exterior suele basarse en impetuosos golpes de timón, en vez de seguir un plan prolijo y preestablecido. Según especialistas, la nueva política migratoria de México es un cambio radical, ya que pasa de un esquema policial a uno que protege los derechos humanos. Así lo cree Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien señaló “Vamos a dejar atrás la política de discriminación, de estigmatización y de criminalización a los migrantes para establecer una política de derechos”.
Tendido de puentes
Otro capítulo a considerar es el accionar de las autoridades mexicanas y las reacciones que ha provocado en la propia población mexicana el impacto de estos nuevos flujos migratorios desde el sur, la decisión del presidente López Obrador de “impulsar el desarrollo de los países de Centroamérica y de nuestro país para que la gente no tenga necesidad de migrar” ha de generar crispaciones en la opinión pública, además de miradas divergentes al interior de la administración pública mexicana. Por otra parte, no hay certezas de la reacción estadounidense ante la invitación a formar parte del proyecto. Así, los vaivenes de la política se meten de lleno en la contienda, por lo que la incertidumbre es lo que reina. Ante una propuesta integral como la esgrimida por la Cepal con el beneplácito mexicano, queda en evidencia que la salida de la crisis migratoria centroamericana no puede reducirse a la construcción de muros, ni físicos ni simbólicos, es sólo a través del tendido de puentes socioeconómicos y culturales que se puede avizorar un apaciguamiento de la situación.
