La dirigente social Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe y su situación procesal se agravó desde entonces con la acumulación de causas y condenas, y mientras continúa bajo arresto domiciliario recibe muestras de apoyo y solidaridad por parte de organizaciones y personalidades que denuncian el «accionar persecutorio» que padece por parte del Gobierno provincial que encabeza el radical Gerardo Morales.
Aquel 16 de enero de 2016, el reclamo en la plaza central de Jujuy, copada por más de 20 organizaciones sociales, para exigir respuestas al mandatario jujeño sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo derivó en la detención de Sala por «instigación a cometer ilícitos y tumultos», hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.
La prisión para Sala significó un devenir de causas judiciales que se instruyeron a nivel local: algunas llegaron a juicio oral, donde fue condenada; otras están pendientes de resolución y, en algunas, fue sobreseída.
Además de la causa por el acampe, se debatirá en un juicio oral el expediente conocido como «Megacausa», en el que también están involucrados exfuncionarios incluyendo al exgobernador Eduardo Fellner y varios exjefes comunales por fraude en la construcción de viviendas.
Además, la Justicia jujeña dispuso la elevación a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador, y en la que Sala está acusada de ser la instigadora.
De este modo, con una causa tras otra que el Ministerio Público de la Acusación ha venido impulsando tras su conformación, con Morales gobernador, la dirigente ha permanecido con prisión preventiva.
Al comienzo estuvo en la cárcel de Mujeres de Alto Comedero (cuatro días después de la detención por el acampe), y desde el 2017 cumple su condena con arresto domiciliario luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una sentencia en tal sentido y que fuera ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
La inquietud de Sala en los últimos años, según ella misma manifestó, tiene que ver con que su situación judicial «ha empeorado» porque tiene «más causas que las que tenía en 2019», y además porque hay otras por las que estarán yendo a juicio ella y otras personas por delitos de fraude o lavado de dinero.
Lejos de ver con optimismo que algo pueda cambiar en su situación procesal, cuando en su espalda tiene un «sistema judicial persecutorio», la líder de la Tupac Amaru considera que mantenerla presa «le sirve» a Morales en época de campaña electoral, más aún cuando hoy está lanzado a la carrera presidencial por la UCR.
Señaló más de una vez que, si en un juicio no recibe sentencia, «Morales hace lo que sea» para que después le dicten una «sí o sí», como pasó en el «Juicio de las bombachas» donde había resultado absuelta pero después le dieron dos años de prisión tras haber estado sentada «cinco días en el banquillo».
Más allá de las acusaciones en su contra, Sala asume la realidad con la seguridad de haber hecho las cosas «bien» mientras estuvo al frente de la red de organizaciones sociales: haber podido llevar adelante numerosas obras significó crear fuentes laborales para muchos jujeños en distintas localidades de la provincia.
«Las obras no son inventadas», expresó en varias ocasiones.
De ese modo se refirió hace poco al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo firme su condena a 13 años de prisión por asociación ilícita en la causa «Pibes Villeros», que según afirmó estuvo «plagada de irregularidades».
Las diversas obras puestas en marcha y terminadas por la Tupac Amaru implicaron además que muchos jujeños pudieran contar con casa propia, colegios secundarios, centros de salud y otros tantos espacios con fotografías que dan cuenta de las obras realizadas en la provincia.
Son más de más de 10 mil viviendas las construidas en Jujuy con fondos nacionales y que se concretaron «con menos plata» que la que recibían las empresas de construcción para realizar los mismos trabajos, advirtió.
Pero ello fue «dejado de lado» por la Corte Suprema que «evitó tratar la cuestión de fondo y se negó» a verificar si los proyectos de la organización social se habían realizado.
En Jujuy se levantó la consigna de «Libertad de todos los presos políticos de la provincia», al crearse el Comité por la Libertad de Milagro Sala el 7 de julio de 2016, y en el que confluyeron numerosas instituciones, entidades sociales, políticas, académicas, profesionales y de Derechos Humanos para expresar su apoyo y solidaridad permanente -también a nivel internacional- a la dirigente social.
Si bien Sala, por el momento, no volverá a una cárcel común, como había pedido el propio Morales tras la decisión de la Corte por la condena contra la dirigente social en la causa «Pibes Villeros», la organización reclama que se resguarden las condiciones de su arresto domiciliario, mínimamente, y dejar a un lado el propósito del mandatario provincial.
Se pronunció en tal sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto a que esa resolución «no modifica la obligación del Estado de proteger su salud física y psíquica», y advirtió que cualquier regresión «significa una profundización del hostigamiento contra ella» ante el pedido de los fiscales para que pase a cumplir pena en cárcel común.
El traslado de Sala a prisión domiciliaria fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante su delicado estado de salud.
Sala estuvo internada el año pasado por un proceso que tiene que ver por una trombosis venosa profunda.
