El presidente Javier Milei inauguró este viernes 1º de marzo, en un inédito discurso nocturno ante la Asamblea Legislativa, el 142 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En una lectura de la que sólo se apartó un puñado de veces para repetir y reforzar algún párrafo final, y con sonoras interrupciones desde las gradas con aplausos en las bancadas del oficialismo, los diputados y senadores de la oposición mantuvieron un respetuoso silencio ante el tono beligerante que, por momentos, asumía la palabra presidencial.
El esquema repitió el discurso de asunción, 82 días atrás, de una descriptiva revista a la situación catastrófica del país, culpando al Estado, a la emisión monetaria y al populismo por los “100 años de decadencia”, para luego enhebrar un esquema de soluciones presentadas bajo el escudo de la “libertad”.
Entre ellas resaltaron, dentro de una construcción épica el anuncio de un regreso del sistema de jubilación privada, del cierre de la agencia estatal de noticias Télam, la destrucción de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo –forzando la primacía de acuerdos por empresa por sobre paritarias por sector– y el regreso de la ley ómnibus con una convocatoria a los gobernadores para firmar el “Pacto de Mayo”, el próximo 25 de mayo en Córdoba, previo acuerdo para aprobar la norma que el oficialismo había retirado del Congreso.
En términos un mensaje que en todo momento apeló a la lógica amigo-enemigo, el presidente Milei anticipó la convocatoria a un pacto de 10 políticas de Estado, ofreciendo a cambio un “paquete de alivio fiscal” a los gobernadores que accedan. Así redobló la apuesta sobre la caída ley ómnibus, pero repitiendo que, en caso de que no accedan, apelará a otros mecanismos para llevar adelante su plan.
Los 10 mandamientos
Milei propuso a las provincias un decálogo de políticas públicas que asoma, a primera mano, como enunciados globales, por ahora sin letra chica. Estos son:
- La inviolabilidad de la propiedad privada.
- El equilibrio fiscal innegociable.
- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
- La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
- Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
- Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron, y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
- Una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global
Los diez puntos que anunció Milei tendrán como contraprestación en el anzuelo un “paquete de alivio fiscal” del que sólo anunció el título, pero aclaró que forma parte de un nuevo acuerdo entre el Estado nacional y las provincias. El planteo asoma como un escenario que va más allá del decálogo del Pacto de Mayo y busca, redoblando la apuesta, quebrar inédito frente de gobernadores que se conformó en la puja entre el gobierno central y el de Chubut. El mandatario local, Ignacio Torres, del PRO, recibió apoyo político de todos los mandatarios patagónicos primero, y después del conglomerado de diez gobernadores de Juntos por el Cambio y de los gobernadores peronistas.
El paquete “anticasta”
En el último tramo de su discurso, el presidente Milei anunció el envío al Congreso de una serie de leyes a las que denominó «anticasta», entre las que mencionó la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente y la penalización como delito «imprescriptible» y asimilable a “los delitos de lesa humanidad” que funcionarios y legisladores aprueben «un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria».
Milei cuestionó en su discurso a los legisladores, a quienes se refirió como «ricos» en un contexto de pobreza.
También anticipó que entre esas leyes estará la modificación de los convenios colectivos de trabajo, avanzando en que los acuerdos que alcancen “en asociación libre los trabajadores de una empresa” primarán “sobre los convenios colectivos del sector». Se trata de un viejo anhelo patronal nunca antes alcanzado y que ahora va a aparecer como proyecto de ley.
De avanzar sería un mecanismo para debilitar el poder de fuego sindical al fragmentar las negociaciones, pero además echaría por tierra con la ultraactividad, el mantenimiento de condiciones laborales y derechos de los trabajadores al habilitar múltiples acuerdos, entre ellos los que pueden ser a la baja, en un mismo sector. Para el jefe del Estado no es más que un supuesto privilegio: «Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años», definió.
En esa línea, Milei anticipó que una de las iniciativas establecerá la obligación de los sindicatos de «elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres, supervisadas por la Justicia Electoral» y que sus mandatos se limiten a un máximo de 4 años y una sola reelección.
En esa línea, Milei anticipó que «se descontará la jornada de sueldo a los empleados que no vayan a trabajar por paro».
A la par anunció que un proyecto de ley –¿o será un segundo ómnibus abarcando todo tipo de temas?– tendrá como objetivo eliminar «el financiamiento público de los partidos políticos», en una reforma que retrotrae los principios de equidad: «Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios, o afiliados propios», definió.
Otro de los anuncios refirió la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente. Y también proclamó que «todo ex funcionario con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario». Milei agregó que se establecerá que «las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse en elecciones nacionales».
Anunció también que reducirá «drásticamente la cantidad de contratos para asesores” de diputados y senadores. “Ha sido una práctica común de la política que armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos», aseveró.
Con todo, el presidente ensayó una defensa del DNU 70/2023, al que debilitó políticamente con sus escaramuzas con gobernadores y legisladores de todas las fuerzas políticas, y de la ahora resucitada iniciativa de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que él mismo retiró del Parlamento luego que el oficialismo en la Cámara de Diputados pidiera su vuelta a comisión al comenzar a perder las votaciones en el tratamiento artículo por artículo. «Reflejaban algunos de los cambios que queremos avanzar», sostuvo ahora Milei y ratificó que el proyecto de ley «tiene como norte volver a abrazar el modelo de la libertad que fue manoseada y rechazada por una parte de la clase política que se resiste a cambiar».
«No debemos engañarnos. Hay un sector importante de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen», sostuvo el presidente.
