El presidente Javier Milei intervino el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, al que acusó de «beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones» y de impulsar tomas de tierras.
La medida fue adoptada a través del Decreto 285/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y que también lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
El organismo estará intervenido por un plazo de 90 días y quedará bajo las órdenes de Inés Liendo, una abogada del PRO.
Al fundamentar la decisión, el jefe de Estado señaló que «en relación con los programas y acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, es el propio personal del Instituto quien busca y detecta al potencial beneficiario, lo asesora, lo guía e impulsa la tramitación».
«Dicho accionar da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación», alertó.
Además, agregó que se informó «sobre situaciones de ocupación de tierras fiscales provinciales o municipales y/o tierras privadas, ya sea con permiso o sin él, en adjudicación de venta; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas, entre otros casos».
«Dicha autoridad también ha informado otros casos especiales como la ocupación de Áreas Naturales Protegidas, con la gravedad institucional que conlleva», señaló.
Por eso, el líder libertario consideró que «corresponde realizar un análisis minucioso sobre los programas con financiamiento externo como así también con relación a su nivel de ejecución, estado de avance de las obras y prestaciones otorgadas de transferencias de aportes no reintegrables (ANR)».
«Corresponde también realizar la rendición de cuentas para cada proyecto, de acuerdo con los propios manuales de procedimiento vigentes, ello con el fin de verificar la consistencia de la documentación presentada», remarcó.
Ante esta situación, estableció que «es necesario proceder a una reorganización profunda» del organismo y «efectuar un rediseño organizativo que resulte más conveniente para que los objetivos tenidos en vista al momento de su constitución sean alcanzados con la mayor eficacia, eficiencia y economía».
