Luego de que un drone haya sido encontrado en la terraza del Congreso de la Nación en diciembre pasado y otro cayera cerca de la Embajada de Israel, el gobierno nacional declaró secreta la adquisición de un sistema antidrones y justificó la medida por razones de seguridad nacional. La decisión se confirmó este lunes a través del Decreto 21/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei.
De acuerdo a la norma, la decisión del Ejecutivo fue motivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como “drones civiles”. En el texto, se menciona la facilidad que representa la adquisición de uno de estos objetos y al “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”.
Con la excusa de aumentar la prevención y detección de amenazas de este aparato capaz de grabar audio e imágenes, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich expone que estos dispositivos, debido a su accesibilidad y versatilidad, podrían ser utilizados para «atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave».
En el marco de los posibles ataques que podría sufrir el territorio argentino, la resolución resalta «ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”.
“Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, subrayó el documento.
