Por decreto, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro que cese la querella criminal contra el ex mandatario Mauricio Macri, pero sobre todo contra los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, en la causa por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019. De todos modos, tres días antes, la jueza María Eugenia Capuchetti había resuelto archivar el expediente. El que las hace, no las paga.
El decreto de Milei fue publicado en oscuridad: apareció la noche de este jueves en el Boletín Oficial. La decisión previa de Capuchetti, nombrada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 por el mismo Macri al que benefició, y de fluidas relaciones con dirigentes del PRO, generó polémica. Tanto, que el mismo fiscal Franco Picardi apeló contra el cierre de la causa.
El expediente indaga el destino de los más de 41 mil millones de dólares que el FMI le otorgó al entonces presidente Macri. Se trata de un impresionante monto que terminó desapareciendo en las corridas contra el dólar durante el último tramo de la gestión macrista: fuga de divisas.
La causa es por presunta defraudación. El Decreto 87/2026, que además de Milei firma el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deroga el artículo 1° del Decreto 239/21. El argumento oficial para justificar esa decisión es que la Procuración «actuó de manera excepcional en el proceso penal» y que su participación en este tipo de expedientes no es parte de su especialidad técnica.
La investigación que la jueza y el Gobierno pretenden sepultar lleva el número 3561/2019 y está caratulada «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros». La querella criminal fue anunciada por el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
La jueza amiga
Capuchetti argumentó en su decisión de archivar el caso que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos». Y fundamentó eso en «la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados».
Dos centralidades del expediente tienen relación con lo actuado por la actual administración libertaria. Es que uno de los ejes de la acusación contra Macri y sus funcionarios (que también lo son del actual Gobierno) es el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público porque se esquivó al Congreso en la decisión de una toma de deuda inédita cuyas consecuencias excedían con creces el período presidencial. Ese «puenteo» del Poder Legislativo, por otra parte, viola lo que dispone la Constitución nacional y varias leyes.
Otro correlato entre las administraciones macrista y libertaria en el núcleo de la causa es la presunción de que el préstamo del FMI no se destinó a fortalecer las reservas, como argumentó el oficialismo de entonces, sino para financiar la fuga de divisas con un dólar barato. Los beneficiarios, según la documentación que aportaron varios denunciantes, fueron los fondos de inversión y financistas internacionales cercanos, precisamente, a los ex (y actuales) funcionarios imputados.
El que las hace, no las paga
La Procuración del Tesoro impulsó la denuncia en marzo de 2021. Los abogados del Estado remarcaron que, como organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), «había detectado ya que buena parte de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA para la venta de divisas al mercado, en violación a los compromisos asumidos ante el organismo internacional en cuanto al destino de esos recursos».
En esa investigación, la SIGEN agregó que esos fondos «debían ser empleados como apoyo presupuestario y sólo excepcionalmente podrían ser empleados para su venta». También, que «las autoridades incumplieron la obligación de realizar informes periódicos que aseguraran la trazabilidad y transparencia en el uso de aquellos fondos».
La Oficina Anticorrupción, por su parte, destacó en un informe incorporado en la causa que «las divisas (del préstamo del FMI) fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos (deber de probidad)».
Por ello, el fiscal federal Picardi objetó el cierre de la causa. Afirmó que Capuchetti realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas».
Picardi añadió que la resolución de la jueza «posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».
