Con la movilización del 2 de octubre en el horizonte, el Gobierno nacional se mantiene en alerta y admite que se trata de uno de los temas más sensibles en la población es la fuerte defensa a la educación pública, en especial, en torno al reclamo presupuestario de las universidades nacionales.
Por eso, monitorean la convocatoria que tendrá lugar el próximo miércoles y a la que se espera fuerte adhesión de la clase media que ya protestó el pasado 23 de abril y dejó una foto que encendió las alarmas al nuclear a casi un millón de personas a nivel nacional.
Mientras tanto, el equipo de Legal y Técnica aguarda la decisión final para publicar en el Boletín Oficial el veto a la ley de financiamiento universitario que se mantiene congelado a la espera de las negociaciones abiertas con las autoridades de las altas casas de estudio parar cerrar las paritarias y acordar antes del 3 de octubre, fecha límite para su oficialización.
«La idea es arreglar el tema paritario antes de sacar el veto», confesó ante la agencia Noticias Argentinas uno de los negociadores.
Si bien es un tema al que la administración libertaria le prestan especial atención, incluso el Ministerio de Capital Humano salió a aclarar hoy que el diálogo con las autoridades universitarias “nunca se ha interrumpido” y que las transferencias, en comparación con gestiones anteriores, “se ejecutan en tiempo y forma”, desestiman que afecte directamente a la imagen del presidente Javier Milei.
Con varias encuestas que reflejan un significativa reducción en la aprobación de la gestión, un alfil de la mesa chica admitió ante la agencia Noticias Argentinas la caída de 4 puntos en la imagen y la vinculó a los aumentos tarifarios en el AMBA, la zona urbana conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Según detallan, el incremento en las boletas de luz, gas y agua sumado al aumento en las tarifas de transporte -consumo que a diferencia de los servicios, no puede regularse- impactó de lleno en la opinión de un sector de la población que albergó esperanzas en el Gobierno.
Pese a que el mandatario se mostró a gusto con las encuestas que reflejaban su alto apoyo, tras la publicación de al menos cinco sondeos que lo daban con acciones a la baja, en Casa Rosada minimizan su impacto y aseguran que los números “no van a cambiar el rumbo” del programa.
Al respecto, un funcionario con despacho en Balcarce 50 admitió que toman nota de los reclamos, pero asegura que se respetará a raja tabla las recetas de ajuste. A ese panorama, otro integrante del circulo rojo vaticinó un repunte económico considerable recién para el mes de octubre del año 2025, en la previa a las elecciones legislativas.
Las opciones en estudio para las universidades
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, se refirió a la problemática de las altas casas de estudio al plantear que es central “pasar de universidades dependientes de la política partidaria a universidades independientes, con autarquía”, y remarcó que «tienen que tener sus propios recursos para tener sus dinámicas de libertad, la universidad se vuelve esclava cuando depende de pedir recursos al Congreso».
«Estoy citando a Estrada, no estoy diciendo que el Poder Ejecutivo no tiene que destinar fondos a las universidades», aclaró en el marco de un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires.
Bajo esa premisa, en la mesa política que sintetiza al Poder Ejecutivo estudian la posibilidad de traspasar las universidades nacionales, con un presupuesto mínimo, a las provincias para que sean los gobiernos provinciales los que se hagan cargo de su funcionamiento y centralmente de su financiamiento, con la posibilidad de avanzar en un potencial arancelamiento si así lo dispone cara jurisdicción.
“Las universidades eligen sus autoridades como quieren, arman plan de estudio y le mandan la factura a la Nación. Así cualquiera”, se jactan por los pasillos de Casa Rosada al tiempo que confiesan lo que hasta ahora es solo una idea a la que le hace falta pulir.
Para poder efectivizar la incipiente voluntad, se debe enviar una Ley Nacional para aprobar el traspaso, y conquistar el visto bueno de cada gobernador.
