El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas sujetas a privatización si se aprueba la “Ley Bases” en el Congreso, se desprendió cerca de 2800 empleados, de los 16.856 que había contratados en diciembre antes de la asunción del presidente Javier Milei, indicaron a Infobae fuentes oficiales de Jefatura de Gabinete.
La firma telepostal arrancó el 4 de mayo con un masivo plan de retiro voluntario, en el marco de la reestructuración que el Gobierno pretende para las empresas públicas. El ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, había precisado en su informe de gestión en el Senado que quienes aceptaron esa oferta de desvinculación voluntaria alcanza a 1700 trabajadores.
Ante la incertidumbre y la preocupación sobre el futuro de la empresa, miles de empleados decidieron aceptar la propuesta oficial. En los grupos de Facebook y en las redes sociales de los trabajadores se multiplican los relatos y anécdotas de agentes con cuantiosos años de antigüedad (algunos superan los 20 años en la empresa), que dejan el trabajo con pesar.
Entre los despedidos hubo casos dramáticos. El cartero Ricardo Albornoz, un vecino de Rosario de la Frontera, provincia de Salta, tenía 40 años de antigüedad y estaba condiciones de recibir la jubilación. Sufrió un paro cardíaco al recibir el telegrama de desvinculación. “La señora me contó que se empezó a sentir mal. Lo encontró muerto en el baño”, contó a Radio Nacional el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.
El presidente del servicio postal, Camilo Baldini, está al frente del plan de reestructuración, bajo las instrucciones políticas de la jefatura de Gabinete libertaria. Baldini es un cuadro técnico que integra los 1867 funcionarios de alta dirección del Estado que aún siguen en su cargo y que provienen de la gestión de Alberto Fernández, según confirmó Posse en su exposición en la Cámara alta.
Baldini había enviado días atrás una carta a todo el personal anunciando la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el pasado viernes 24 de mayo. “Es importante destacar que la readecuación de la dotación está vinculada con una reconversión del modelo de negocio de la empresa”, dice uno de los fragmentos de la misiva oficial.
En el texto se anticipan algunos de los cambios que se aproximan. El más destacado es el de la reconfiguración del modelo de sucursales, con un “nuevo formato de franquicias no exclusivas”. Es decir, habrá stands y puntos de atención en oficinas y dependencias públicas de gobernaciones, municipios y otros organismos del Estado, así como en comercios privados, como kioskos o estaciones de servicio; similar al modelo que aplican algunas empresas conocidas de pagos electrónicos. La intención es “ampliar el alcance” del Correo Argentino en todo el país, abaratando los gastos en personal y los gastos de inmuebles.
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Banderas y pancartas contra el ajuste en el Correo Argentino en una sucursal de la localidad de Cholila, provincia de Chubut
El cambio de paradigma del modelo de gestión territorial se observa en varias localidades del interior, donde hubo cierres de las sucursales tradicionales acompañados de cesantías. En las últimas semanas, los sindicatos de la actividad y trabajadores organizaron protestas frente a los locales que bajaron las persianas en distintas jurisdicciones. La secuencia siempre es la misma. Ante los anuncios o rumores de establecimientos no continuarán con la atención al público, le sigue la reacción de intendentes, legisladores y gobiernos provinciales para que se mantenga la operación de los establecimientos, frente a los efectos negativos que significaría dejar de contar con el servicio postal.
Esa preocupación llegó a la Cámara alta esta semana. El senador de Santa Cruz, José María Carambia (Movere), llamó la atención sobre este punto a Posse durante su informe de gestión. “El otro día tuvimos una teleconferencia con trabajadores de un pueblito que se llama Tres Lagos. Es una comisión de fomento de muy poquitos habitantes. Griselda trabaja en el Correo Argentino y comenzaron con amenazas, a perseguirlas, diciéndoles que si no firman el retiro voluntario antes del 24 de mayo -no sé por qué esa fecha, si será por el Pacto de Mayo-, iban a ver los que les iba a pasar”, ilustró el legislador, que expresó sus dudas si las indemnizaciones se efectuaban para facilitar una “eventual privatización”.
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