Negui Delbianco
Cinco entrerrianos asaltaron en marzo a los dueños de una despensa en Esperanza. El caso no pasó desapercibido por dos factores: uno fue el monto denunciado como robado por las víctimas: 9 millones de pesos y 13 mil dólares. El segundo fue que ese mismo día, dos de los ladrones cayeron en el acceso a Santa Fe con poco más de 4 millones de pesos y dos kilos de cocaína de máxima pureza, por lo que una mejicaneada o el cobro de una deuda no tardó en aparece como hipótesis de los investigadores. Esa presunción se materializó a los meses cuando la granjita de la pareja fue allanada por personal de la Gendarmería, que incautó más cocaína junto a otros tantos millones de pesos. En julio, los propietarios de la despensa, Sebastián “Pepe” Bramuel y Vanesa “Gringa” Amable, fueron procesados por la Justicia Federal y esta semana el titular de la Fiscalía Federal 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel pidió la elevación de juicio de la causa.
La mejicaneada
El lunes 21 de marzo pasado a media mañana cuando cinco asaltantes se presentaron en la despensa de Pepe Bramuel, de 40 años, y su pareja Gringa Amable, de 36, ubicada en Moreno al 4800, del barrio La Orilla, de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias.
En el local, estaba la Gringa y una amiga, quienes fueron trasladadas bajo amenazas a un dormitorio. Uno de los ladrones le exigió que le entregara toda la plata que tenía. La muchacha denunció en sede policial que le robaron 9 millones de pesos y 13 mil dólares.
La granjita está a alejada de zona urbana de Esperanza –localidad del centro-oeste de la provincia con poco más de 40 mil habitantes– y a cuatro cuadras de la ruta provincial 70, por lo que, tras la denuncia, los policías de la Unidad Regional XI enfocaron sus esfuerzo para atrapar a los asaltantes por esa vía.
En un patrullaje se encontraron con el conductor de Fiat Palio color rojo, quien iba con un acompañante. Los policías intentaron identificarlos y empezó una persecución que duró 28 kilómetros y terminó cuando la chata policial chocó al Fiat en el acceso oeste, a la altura del Mercado de Abasto, de la capital provincial. Los detenidos fueron identificados como Andrés Fernández, de 59 años, y Eduardo Tarsia, de 66, ambos domiciliados en Paraná, provincia de Entre Ríos.
En la requisa, los uniformados le secuestraron celulares, dos revólveres calibres 22 y 32, junto a 4.634.400 de pesos en efectivo. Además, tenían dos envoltorios, tipo ladrillo, de cocaína de máxima pureza de poco más de un kilo cada uno, de acuerdo a lo informado por voceros policiales en dicha oportunidad.
Así la investigación se dividió: el asalto quedó a cargo de la Justicia provincial y el secuestro de la droga fue a parar a la Fiscalía Federal 1, de Onel.
Para mayo, los otros tres cómplices del atraco millonario fueron detenidos tras los peritajes de los celulares incautados y el análisis de las cámaras de seguridad en la zona del asalto. Se trataba de tres entrerrianos, identificados como Maximiliano Casala, de 34 años; Damián Puigarnau, de 27, y Cristian Rivero, de 49, este último, empleado de la Municipalidad de Paraná.
Los cinco fueron procesados por el titular del Juzgado Federal 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez como coautores del delito de “transporte de estupefacientes, agravado por la participación organizada de tres o más personas”, por lo cual el fiscal Onel también solicitó la elevación de la causa a juicio.
En tanto, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Esperanza, Alejandro Benítez, los imputó del delito de robo calificado y privación ilegítima de la libertad. En ese marco, el juez Nicolás Falkenberg les dictó la prisión preventiva. En una de esas audiencia, una de las defensas alegó que sus representados no cometieron un robo sino que fueron a “cobrar una deuda”.
La granjita, una fachada
El fiscal federal Onel no tardó en relacionar los dos kilos de cocaína, que los pesquisas presumían habían sido mejicaneados por los entrerrianos junto con los millones, con el pasado de Pepe Bramuel, quien en 2016 había quedado sindicado junto a uno de sus hermanos en una causa por venta de drogas al menudeo y justamente le habían allanado esa vivienda de Moreno al 4800, donde aún no funcionaba el almacén.
En ese operativo de seis años atrás, los pesquisas encontraron poco más de 700 gramos de marihuana y unos 54 gramos de cocaína, por lo que Pepe y su hermano fueron condenados el 17 de agosto de 2017 a cuatro años de prisión.
Ese fue el marco en que el fiscal federal decidió ordenar una investigación al personal de la Unidad de Investigación y Delitos Complejos (Uniprojud) de Gendarmería que comenzó el 28 de marzo pasado y tuvo como blanco a Pepe y su pareja la Gringa.
Por casi cuatro meses, los pesquisas hicieron seguimientos, se apostaron en las inmediaciones de la granjita y tomaron registros fotográficos.
De acuerdo a voceros judiciales relacionados a la causa, un dato que resaltó de este cúmulo de indicios fue que en una oportunidad, en media hora ingresaron más de 20 personas, quienes llegaban al almacén a pie, en bici, autos o motos y se retiraban sin bolsas o paquetes.
Tras recibir ese informe, el fiscal Eduardo Costa Calvo, quien reemplazó por un tiempo a su par Onel, solicitó un allanamiento al juez Rodríguez que se produjo el 7 de julio pasado en la granjita de Pepe y la Gringa.
Los gendarmes detuvieron a la pareja luego de secuestrar del local más de 3 kilos de cocaína de máxima pureza que estaban en ladrillos, y 969 dosis de la misma droga ya fraccionada y lista para la venta; una balanza de precisión, una máquina de contar billetes, más de 3.300.000 pesos en efectivo y 700 dólares. También incautaron tres vehículos: una Ford Ranger Limited 4×4, una Honda XR 250 Tornado y una Corven 110 junto a una escopeta calibre 16 y un revólver 32 largo, de acuerdo a lo informado en dicha oportunidad por los voceros del caso.
El 26 de julio pasado, Bramuel y su pareja fueron procesados por el juez federal Rodríguez por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
En la resolución, el magistrado indicó que los indicios presentados por la Fiscalía corroboraron la hipótesis de que “la despensa sería utilizada como fachada para llevar a cabo la actividad ilícita” y les dictó la prisión preventiva efectiva para ambos. Además, les trabó un embargo de 427.500 pesos.
A ocho meses de la caída en desgracia de la pareja, el fiscal Onel presentó esta semana el pedido de elevación a juicio de la causa al considerar que su investigación tiene por acreditado que el 7 de julio de 2022, Pepe y la Gringa “tuvieron bajo su esfera de dominio y disponibilidad, una determinada cantidad de sustancias estupefacientes con fines de comercialización”, por lo que pareja quedó a un paso de que su responsabilidad en el delito achacado se discuta en un debate oral.
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