El Ministerio de Seguridad de la Nación interpuso hoy un recurso ante el juez de Quilmes, Luis Armella, destinado a “extender los plazos de desalojo” en el complejo de departamentos ocupado, en el barrio porteño de Flores.
Con esta medida se intenta “establecer un diálogo para convencer a los ocupantes para que depongan su actitud“, según informaron fuentes de la cartera que conduce Nilda Garré.
En tanto, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta mañana que el Gobierno de la Ciudad hará cumplir la orden de la Justicia de desalojar un complejo de más de 200 viviendas tomado por ocupantes desde el fin de semana pasado, en el barrio de Parque Avellaneda, y dijo que ya se está trabajando para conseguirlo “a través del diálogo”.
“Ya se ha tomado contacto con ellos. No queremos llegar a una situación de fuerza. Esto se hace con el diálogo y haciéndole entender a esta gente que por haber tomado ilegalmente una vivienda no se va a llevar ningún beneficio del Gobierno“, sostuvo Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa.
Por otra parte, crece la presencia policial y los ocupas denuncian que pagaron por esas casas y fueron estafados. En el lugar, aumenta la llegada de efectivos de la Metropolitana, la Federal y de Infantería.
El predio cuenta con 204 viviendas, está ubicado en el barrio de Parque Avellaneda, estaba a punto de quedar terminado y había sido construido para que se instalaran allí las familias que viven sobre la ribera del Riachuelo.
“Estas viviendas son para gente que vive sobre la orilla del Riachuelo. La Ciudad de Buenos Aires está trazando una rectificación del borde. Para eso hay que remover a la gente que vive ahí. La gente sabía que se tenía que ir de ahí. Hasta ahí todo perfecto y acordado con el juez. Pero el fin de semana, lo intrusan”, dijo el jefe de Gabinete del gobierno porteño.
Ante la ocupación ilegal, ayer por la tarde el juez de Quilmes Luis Armella dispuso el desalojo y advirtió además que a partir de hoy se aplicará una multa de 500 pesos diarios a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, si no se cumple con esa orden.
El juez dispuso que se proceda “al total desalojo e identificación, en la medida de lo posible, de quienes lo hayan usurpado y se encuentren ocupándolo, para dar lugar al inmediato reintegro de la posesión” a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
La ocupación ilegal del complejo se produjo meses después de otro episodio que causó gran conmoción y que dejó, en diciembre pasado, tres víctimas fatales: la toma del Parque Indoamericano, ubicado a unas diez cuadras de distancia de estas viviendas.
Sobre la toma de este complejo, ocurrida el fin de semana pasado, Rodríguez Larreta sostuvo: “Había vigilancia, pero primero ingresaron mujeres con hijos y no podían ejercer violencia. Tampoco podemos poner un vigilante adentro de cada vivienda. Nosotros no manejamos ni Gendarmería ni la Policía Federal“.
El funcionario remarcó que “esas viviendas están adjudicadas a las personas que viven en el Riachuelo. Por eso el juez que interviene es el de Quilmes”.
Agregó que “ya se ha tomado contacto” con los ocupantes y dijo que en esa tarea está trabajando personal “de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, como el área social, el Consejo del Menor, el Instituto de la Vivienda y la Corporación del Sur”.
“Vamos a buscar solucionar esto desde el diálogo. Vamos a hacerle ver a esta gente que no tiene sentido que se quede”, subrayó el funcionario.
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