La fiscalía acusó penalmente al ministro de Turismo de Brasil, Marcelo Alvaro Antonio, de haber montado una red ilegal de recaudación de fondos públicos de campaña usando testaferros para el Partido Social Liberal, del presidente Jair Bolsonaro, quien pese a la denuncia lo confirmó en el cargo.
Con esta decisión, la fiscalía espera ahora que un juez del estado de Minas Gerais acepte o rechace la denuncia contra el ministro, uno de los articuladores principales del partido de Bolsonaro.
La denuncia del Ministerio Público acogió la acusación hecha por la investigación de la Policía Federal contra Alvaro Antonio por falsedad ideológica electoral, asociación criminal y apropiación indebida de recursos electorales públicos.
Antes de la denuncia de la fiscalía, pero después de conocida la acusación del informe de la Policía Federal, el presidente decidió mantener en el cargo al ministro.
Así lo informó el portavoz de Bolsonaro, el general Otavio Rego Barros, al comentar el escándalo que involucra al partido de gobierno por cometer fraude electoral usando candidatas a diputadas de fachada para recibir dinero público del fondo electoral de los partidos políticos.
«El presidente de la República aguardará el trayecto del proceso judicial. El ministro permanece en el cargo», dijo el portavoz sobre el ministro Antonio, electo diputado por el PSL, la fuerza a la que pertenece Bolsonaro desde 2017.
El Ministerio Público acusa al ministro de Turismo de haber montado una red para recibir dinero público mediante candidatas fantasma a diputadas para que ellas reciban el fondo electoral.
Ese dinero era devuelto por las candidatas truchas a Antonio, según la acusación.
Además, otras diez personas fueron acusadas por la Policía Federal, fuerza que depende del ministro de Justicia, el ex juez Sérgio Moro.
El ministro dijo que no cometió ninguna irregularidad y que en el juicio que se abre ahora «tendrá oportunidad para demostrar su inocencia», según un comunicado de la cartera de Turismo.
La denuncia se apoya en algunos testimonios, como el que ya ha prestado una humilde mujer, identificada como Zuleide Oliveira, quien dijo que fue «inducida» por el ahora ministro a ser candidata a diputada por el PSL en Minas Gerais a cambio de ceder al partido el dinero que le correspondía de ese fondo público.
Oliveira sostuvo que Antonio participó en forma directa en esas negociaciones, pese a saber que ella «no tenía ninguna experiencia» en la política ni posibilidades de ser elegida.
Las supuestas irregularidades en las campañas de candidatos del PSL no han afectado hasta ahora directamente al mandatario, pero sí llevaron a la destitución, en febrero pasado, del hasta entonces ministro de la Secretaría General de Gobierno, Gustavo Bebianno, quien presidía el PSL en 2018, en plena campaña electoral.
Bebbiano era uno de los hombres de mayor confianza de Bolsonaro, pero la relación entre ambos se quebró por denuncias sobre asuntos similares a los que salpican al titular de Turismo.
Bebianno y Antonio fueron los únicos dos miembros del PSL que Bolsonaro incluyó en su gabinete de 22 ministros cuando asumió el poder el 1° de enero.
Las denuncias de corrupción o lavado de dinero en el entorno de Bolsonaro ganaron fuerza en la primera mitad del año con la investigación abierta en Río de Janeiro sobre una supuesta recaudación ilegal de empleados parlamentarios del hoy senador Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario.
Esta investigación fue frenada por el Supremo Tribunal Federal la semana pasada a raíz de que el caso comenzó a ser investigado por un órgano de contralor financiero y no por un Ministerio Público.
