Ezequiel Nieva/Corresponsalía Santa Fe
Una vez más, la posibilidad de que la provincia cuente con una ley de libre acceso a la información pública se vio abortada. Fue en la última sesión ordinaria de la Legislatura, el jueves, cuando los senadores del PJ votaron el dictamen de su par Ricardo Spinozzi, que establece cambios al proyecto original sancionado en la Cámara de Diputados. El inciso incorporado por Spinozzi, presidente del peronismo santafesino, establece que los legisladores provinciales no estarán obligados a informar sobre los aportes económicos otorgados a personas físicas, excepto con consentimiento expreso de los beneficiarios.
Cada senador provincial dispone, mensualmente, de 20 mil pesos para repartir a personas o instituciones; el único control lo ejerce una comisión interna –que está presidida por Ricardo Olivera, ex senador del PJ– que es el órgano ante el que deben rendir cuentas de cómo repartieron esos fondos, que hacen al año 240 mil pesos por cada senador. O, que es otra forma de decirlo, 4.560.000 pesos anuales que el Senado santafesino entrega con absoluta discrecionalidad.
El proyecto de libre acceso a la información establecía, entre otros puntos, que los senadores debían hacer público el detalle del reparto en caso de que algún ciudadano quisiera saber. El cambio introducido por la oposición devuelve el proyecto a la Cámara baja, donde este año había sido sancionado por unanimidad.
Una vez sancionada, la ley regulará el acceso a la información pública a fin de permitir y garantizar que todos los ciudadanos ejerciten su derecho a solicitar, consultar y recibir información de cualquier órgano o entidad pública: la administración pública provincial centralizada, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado, los poderes Legislativo y Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y, cuando se hayan puesto en marcha, también del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa, dos nuevos órganos incorporados en la reforma judicial.
El proyecto establece que toda persona física o jurídica, pública o privada, sin necesidad de invocar derecho subjetivo ni interés legítimo tiene derecho a acceder y recibir información pública, y no se requerirá patrocinio letrado ni se podrá exigir que se invoque el motivo del pedido. Ese punto, al menos, quedó tal como había sido previsto; a diferencias de años anteriores, ahora la cláusula de “interés legítimo” –que hizo caer varias veces el proyecto– no figura entre los requisitos que exige el PJ para negociar la sanción de la norma, aunque sí piden que se haga una excepción para que puedan ocultar a quiénes otorgan los subsidios de que disponen.
Según lo aprobado –los senadores del PJ votaron como bloque y lograron imponer su mayoría– los legisladores provinciales no estarán obligados a informar sobre “los aportes económicos otorgados a personas físicas, excepto con consentimiento expreso de los beneficiarios”. Spinozzi lo argumentó señalando que de este modo evitan que los pobres sean doblemente victimizados. “No sólo son víctimas de su pobreza sino también de la exposición que se puede hacer de la misma desde la Legislatura a través de dar a conocer los nombres de quiénes reciben los subsidios”.
