Alvaro Arellano
La modificación en la segmentación de subsidio a las tarifas energéticas todavía no fue oficializada por el gobierno nacional pero ya genera inquietud entre los usuarios santafesinos. En la provincia la cantidad de hogares electrointensivos (solo con red de electricidad y sin gas natural) duplican a aquellos que cuentan con ambas prestaciones, por lo que es probable que superen cómodamente el tope de consumo subsidiado por el gobierno nacional.
La modificación generó más de un cuestionamiento por parte de entidades en defensa de consumidores en la provincia, quienes incluso llegaron a plantear que para avanzar en esa cuestión debería celebrarse una nueva audiencia pública. Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el gobierno nacional agregó un detalle al modelo inicial de segmentación y dispuso que todo consumo eléctrico residencial que supere los 400kw no tendrá subsidio y pagará tarifa plena.
El agregado modifica sustancialmente el panorama. Ya de por sí el número de registrados para mantener el subsidio (cerca de 10 millones) estuvo bastante por debajo de lo estimado inicialmente por el gobierno (17 millones). Todavía resta el cruce de datos para determinar si las solicitudes corresponden con los ingresos declarados, pero ahora el ahorro para el Ejecutivo puede resultar aún mayor si se tiene en cuenta que el subsidio no será indeterminado, sino que será solo para una parte del consumo.
Según datos oficiales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Santa Fe cuenta con 1.319.941 Pequeñas Demandas, abastecidas también por pequeñas cooperativas. En simultáneo, Enargas registra un total de 705.350 usuarios de gas por redes en territorio santafesino. Para los organismos de defensa de los consumidores, ese desfasaje expone una problemática, y es que lógicamente quienes no cuentan con abastecimiento de gas por red, compensan en buena parte con el uso de electricidad. Esto determina consumos que superan cómodamente el límite que quiere establecer el gobierno nacional.
En diálogo con El Ciudadano, el abogado Cristian Galindo, referente de la Red Argentina de Consumidores, explicó: “Una familia tipo en un departamento de dos dormitorios con un uso racional de la energía, e incluso con gas natural, está en un consumo promedio de los 500kw, con lo cual se pasarían del tope que se quiere establecer. Si no tienen gas natural la tarifa crece geométricamente”.
Por el momento solo se pueden elaborar estimaciones, ya que el gobierno nacional todavía no oficializó la segmentación tarifaria ni su modalidad de implementación. Desde la Empresa Provincial de la Energía mantienen el hermetismo sobre el impacto en Santa Fe y nadie quiere adelantarse al detalle que dé el Ejecutivo. Hasta ahora se sabe cuál sería el tope de consumo subsidiado para las tarifas eléctricas y que la intención es aplicarlo a partir del 31 de agosto. Ese tope de subsidio no correría para usuarios de la tarifa social, que tendrían el servicio totalmente subsidiado.
Piden nueva audiencia
A la espera de mayores detalles, las entidades en defensa de consumidores consideran que la segmentación contaría con un agregado que no estuvo en el debate de la última audiencia pública, con lo cual cualquier participante podría considerar que eso no estuvo incluido y llamar a una nueva audiencia pública.
“Hubo audiencia pública en mayo/junio por el tema aumentos pero la cuestión de topes para subsidios no se discutió. Si vamos a lo técnico, esto tendría un vicio que podría ser atacado y repetirse un fallo con similares argumentos al fallo Cepis”, sostuvo Galindo.
Se trata del dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, por medio de la cual fueron anuladas las Resoluciones del Ministerio de Energía durante el año 2016 que establecieron un nuevo régimen tarifario del servicio público esencial de gas natural para todos los usuarios de la República Argentina sin celebrar audiencia pública previa.
“Más allá de si corresponde o no y de los apuros del gobierno, este agregado modifica la propuesta, no es lo que se discutió en las audiencias, donde sí se incluyó el tema segmentación”, insistió el abogado.
Consumo en Santa Fe
Además de lo estrictamente técnico y legal, desde las entidades de consumidores analizaron con preocupación el impacto que puede tener el tope tarifario en la provincia. En primer lugar, hay que aclarar que la EPE ya dispone un rango de consumo progresivo, es decir, que a mayor consumo, mayor costo de la energía. De implementarse la modificación que pretende Nación, habrá que ver cómo conviven ambos topes.
Por otra parte, advierten las dificultades que puede generar en territorio santafesino el valor del consumo por encima de los 400kw. Es que los datos exponen que los usuarios registrados en el servicio de energía eléctrica duplican a los de gas por red. Esto determina que la gran mayoría compensa esa ausencia del servicio de gas por red utilizando artefactos eléctricos, y aumentando el volumen de consumo.
Al respecto, Galindo analizó: “La mitad de los usuarios de electricidad de Santa Fe no tienen gas natural, entonces muchos de esos usuarios son electrointensivos, es decir que consumen electricidad de manera más intensa que quienes tienen también gas”.
A su vez, agregó: “No hay que irse muy al norte de la provincia para encontrar hogares sin gas natural, muy cerca de Rosario podemos encontrar localidades sin gas, como por ejemplo Totoras o localidades que están sobre la Ruta 34. Si esos usuarios son tratados de igual manera que los que tienen gas natural, estaríamos en una situación discriminatoria, porque le estarían cobrando tarifa plena a usuarios que están en desventaja”.
Mientras los usuarios se mantienen en alerta por la definición que vaya a oficializarse, desde el gobierno analizan en detalle los pasos a seguir. Esta nueva modificación incluiría en el pago de la tarifa plena a un universo que no estaba contemplado inicialmente, y que significaría un ahorro adicional de 500 mil millones de pesos.
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