La investigación sobre una asociación ilícita integrada por policías y una célula de Los Monos, liderada por Guillermo «Chupa» Sosa, que se hizo pública hace una semana con detenciones de uniformados sigue dejando al descubierto los alcances de la narcocriminalidad organizada: este viernes fue el turno de la pata económica, cuando un intermediario financiero, un clásico arbolito, fue imputado por hacer de enlace entre el ex policía Juan José Raffo, prófugo de la Justicia en esta causa, y una sociedad de bolsa para lavar dinero proveniente de múltiples microeconomías delictivas. El magistrado Facundo Becerra aceptó la acusación y resolvió que el imputado transite el proceso en libertad con algunas restricciones, luego de garantizar una caución de 100 mil pesos.
José Luis V. fue detenido el lunes pasado en un hotel céntrico de Corrientes al 1500, donde se estaba hospedando, y casi en simultáneo el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanó la financiera de Mitre al 800.
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La pesquisa que data desde octubre del año pasado está a cargo de los fiscales Matías Edery y José Luis Caterina, quienes sindicaron a José Luis V., de 61 años, junto al ex policía Raffo –condenado a 5 años y 10 meses en 2018 en la llamada megacausa Los Monos por asociación ilícita y homicidios–, por una compra de dólares ilegal cometida el 4 de enero pasado alrededor de las 13, en la sociedad de bolsa Brancatelli SA, de Mitre al 800. Por hacer de enlace, José Luis V. cobró 100 mil pesos, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía.
De la investigación se conoció que José Luis, a quien los pesquisas le encontraron unos 3.000 contactos al abrir sus dos celulares, se movía por diferentes bares y hoteles del microcentro como también en casas de cambio de la city rosarina.
«Con este accionar se permitió que el dinero aportado por Raffo y que entendemos, éste lo obtiene de las actividades ilegales de la asociación ilícita a la que pertenece y brinda soporte técnico y económico, sea inyectado en el mercado financiero a través de Brancatelli SA», explicaron los fiscales para agregar que esta plata «proviene de los negocios –entre ellos extorsiones, balaceras, manejo de los negocios ilícitos de la barra de Newell’s, homicidios, explotación gastronómica– que llevan a cabo Sosa, quien, a su vez, responde a las órdenes de Leandro «Pollo» Vinardi, gerente de la monada en Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco, y del máximo líder: Ariel «Guille» Cantero”.
También los acusadores dejaron en claro que José Luis V. era figurita repetida en el submundo criminal: los números de sus dos celulares estaban agendados en los teléfonos de Julio Rodríguez Granthon, conocido como Peruano y preso con causas federales y provinciales, también vinculado a la monada; de Gustavo Shanahan, el otrora superpoderoso empresario caído en desgracia al ser procesado en el fuero federal por cambiarle dólares al Peruano; el de Guido Garay, relacionado a la financiera Cofyrco que recibió una probation por una causa originada en marzo de 2021 tras el asesinato del narcobarra de Newell’s Marcelo “Coto” Medrano, y el de Víctor Maldonado, ex policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), imputado el año pasado por robar y vender armas junto con otros uniformados.
Los fiscales Caterina y Edery pidieron la prisión preventiva efectiva para José Luis V. mientras que la defensa, representada por Rodrigo Mazzuchini y José Luis Abichain, presentó sus argumentos para solicitar el paso de la causa al fuero federal, la libertad o en su defecto la prisión domiciliaria de su cliente.
Tras un cuarto intermedio, el juez Becerra aceptó la acusación, rechazó el paso del expediente a la Justicia federal y resolvió que José Luis V. transite el proceso en libertad bajo la siguientes condiciones: «Fijar domicilio, presentación semanal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), prohibición de salir del país y de acercamiento respecto a la sociedad de bolsa». Además, le ordenó constituir una caución real por 100.000 pesos.
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La pata policial
El subinspector David Luciano Esteban Arellano y el suboficial Marcos Emanuel Barúa -el primero trabajaba en la Unidad Fiscal de Homicidios del MPA de Rosario y el segundo en la seccional 9a-, fueron detenidos el viernes pasado por la noche en un galpón de Guatemala al 2200 mientras comían un asado con comisarios retirados, un alto jefe policial y tres civiles.
Además, allanaron las casas particulares de los policías Arellano y Barúa, quienes este martes fueron imputados por brindarle información a Chupa Sosa, lo que derivó en el crimen de Chivo Saravia, asesinado en octubre de 2021 en San Nicolás al 3700.
Para la Fiscalía Regional Rosario, los organizadores del crimen fueron Chupa Sosa y Nicolás Alejandro “Rengo” Ficcadenti. Este último en ese rol de líder de la barra, se ocupó de la logística, además de tomar un arma e ir a la casa de la víctima.
Para la Fiscalía, el homicidio se enmarcó en una lucha de poder dentro de la sucesión de la barra del club. Edery explicó que todos los involucrados son parte de una facción del paravalanchas encabezados por Sosa y Ficcadenti.
Otros de los participantes en el hecho fueron, según la acusación, Brian Alexis D., Juan Manuel A., Jonatan Ezequiel B. y Kevin Nahuel J., imputados junto con los dos organizadores, además de Alexis Gabriel O., quien cayó unos días después de la audiencia de acusación formal a los seis primeros involucrados.
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