No hubo gestos de asombro, ni de angustia o al menos no se exteriorizaron en una sala colmada de periodistas como el primer día de audiencia, allá por noviembre pasado. Apenas el tribunal se sentó en el estrado este lunes, su presidente, el juez Ismael Manfrín, comenzó a leer la parte dispositiva de la sentencia del juicio a Los Monos por asociación ilícita y cinco homicidios. Las altas condenas resonaron en el recinto. Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, se llevó la más elevada, 37 años, número similar al que implica una condena a prisión perpetua en el país. A su esposa, Silvana Gorosito, le dieron 3 años de prisión condicional como testaferro de la organización: su semblante no cambió. Durante media hora cada acusado esperó el turno para calcular su destino. Los que llegaron al juicio presos, nueve, fueron condenados casi en consonancia con los pedidos fiscales. De los civiles que transitaron el juicio en libertad, hubo dos absueltos, entre ellos Lorena Verdún (madre de los hijos del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero), y dos con penas condicionales. De los 13 policías enjuiciados, cuatro fueron absueltos, dos de ellos eran jefes de importantes reparticiones como Drogas y Delitos Complejos. Mientras que de los nueve uniformados condenados (la mayoría como miembros de la asociación ilícita y violación de secreto profesional) cuatro fueron absueltos por cohecho pasivo, un delito con el que machacó la Fiscalía durante el juicio.
La presencia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, no pasó inadvertida en el recinto de audiencias. El funcionario dio una conferencia de prensa previa a la sentencia pidiendo penas ejemplares: “Esperamos que las condenas sean importantes y que estos personajes paguen por los delitos que cometieron”. Tras lo cual se lo vio asomarse a la sala por la misma puerta por la que momentos después ingresaron los jueces Marisol Usandizaga, María Isabel Más Varela y Manfrín. Ya conocido el fallo celebró: “Estamos demostrando que golpeamos fuertemente la impunidad”.
Durante la media hora que duró la lectura, el silencio en la sala fue una constante. Sólo la voz del presidente, que dio a conocer la suerte de cada uno de los acusados, se escuchó en la sala. Previo a rechazar todas las nulidades planteadas por las defensas, el juez dispuso las condenas para 19 acusados, 18 de ellos como integrantes de una asociación ilícita encabezada por Ramón “Monchi” Machuca y Máximo Ariel “Guille” Cantero. Su padre, el viejo Ariel Cantero, quedó relegado a una participación, a diferencia del pedido fiscal: se llevó 6 años y quedó a 40 días de poder pedir salidas transitorias.
Además de la asociación ilícita se condenó a Monchi como autor intelectual del crimen de la adolescente Lourdes Cantero, el 15 de mayo de 2013, y el triple homicidio de Marcelo Alomar, Nahuel y Norma César, el 28 de mayo de ese año. Mientras que Guille fue penado con 22 años de cárcel, ya que se sumó su participación como autor material del crimen de Diego Demarre, el 27 de mayo de 2013. En este caso, Andrés “Gitano” Fernández –el único que no fue acusado en la asociación ilícita– como partícipe primario, mientras que Leandro “Gordo” Vilches y Jorge “Ema” Chamorro fueron considerados partícipes secundarios. Durante el juicio oral, Monchi fue procesado como autor intelectual de este crimen, pero su situación se dirimirá en otro proceso.
“Exorbitantes e ilegales”
Tras escuchar el veredicto, los defensores Carlos Edwards y Carlos Varela no se sorprendieron por el fallo: “Desde el primer momento la defensa marcó la notoria parcialidad de este tribunal de juicio. Los pedidos de nulidad ya habían sido resueltos en el juicio oral por el crimen de Claudio Cantero (asesinado en 2013), donde dos de los jueces que están en este caso ya resolvieron (la absolución de los acusados por ese homicidio)”, dijo Edwards, quien tildó como “exorbitantes e ilegales” las penas impuestas.
“Ha habido una cuestión política, una clara injerencia a lo largo del juicio, ha estado viciado por cuestiones eminentemente políticas”, dijo Varela, y añadió: “En aquel momento el gobierno central, que es del mismo tinte político que este, buscaba tratar de demostrar una lucha contra la inseguridad y ha elegido a miembros de esta familia, muchos de los aquí acusados”.
Agregó el defensor Varela: “También debemos tener en cuenta el contexto político que hoy: lo que está pasando la provincia también tiene mucho que ver con fallos que puede dictar el Poder Judicial; por ejemplo hay en ciernes una reforma constitucional por ahí puede haber tenido alguna injerencia”.
“Tarea superlativa”
“En líneas generales estamos conformes”, opinaron los fiscales Luis Schiappa Pietra, Gonzalo Fernández Bussy y Alejandra Rodríguez. “La labor de la Fiscalía fue superlativa, pudimos probar lo que decíamos y analizaremos caso por caso lo que tenemos que seguir haciendo”, dijo Fernández Bussy. “Las sensaciones son satisfactorias, estamos contentos con el fallo”, remarcó Schiappa Pietra. Mientras que su par Rodríguez agregó: “Vinimos acá a traer una banda y una asociación ilícita. Una banda con sus delitos de asesinato”.
El jefe de los fiscales, el procurador Jorge Barraguirre, destacó que con las condenas de ayer ya son 36 los penados por asociación ilícita, sumados los once abreviados que se firmaron en 2015. Ante la consulta sobre el cambio de criterio fiscal, que en un primer momento negoció un acuerdo abreviado para algunos de los acusados, cuyas penas no superaban los 9 años, y hoy las condenas llegan a los 22 y 37 años para los cabecillas, Barraguirre dijo que no ve cuál es la contradicción. Dijo que es otra la Fiscalía de Cámaras y “son otros fiscales que están trabajando en función de una instrucción de la Procuración General”.
“Si yo mal no recuerdo se cambiaron los fiscales por agosto, septiembre de 2015, por lo tanto no hay inconsistencia, ni tampoco hay inconsistencia en la generalidad de los casos. Básicamente lo van a ver con un caso especial, donde había una Fiscalía de Cámaras que hablaba de una participación secundaria (en el caso de Guille por el homicidio de Demarre) y se entendió con otra Fiscalía de Cámara, que es una cuestión distinta”, aseguró.
En cuanto a la participación del fiscal Fernández Bussy, quien está en la causa desde la actuación de los fiscales de Cámaras Guillermo Camporini y Cristina Rubiolo, dijo que no es el funcionario a cargo de la causa de Demarre. “El fiscal que tomó la causa es Schiappa Pietra, el otro cambio que se dio fue el de (María Eugenia) Iribarren, que se hizo cargo en la apelación. Cada uno dentro del marco de discrecionalidad interpreta las pruebas”, evaluó y dio como ejemplo la causa del Triple Crimen de Villa Moreno, donde uno de los acusados fue condenado a 28 años y absuelto en segunda instancia. “El primer round fue satisfactorio, con la ley de traspaso (de los fiscales del viejo al nuevo sistema penal) lo voy a ver como un ciudadano más”, dijo en relación con la apelación que adelantó que hará la Fiscalía (también las defensas). Así se atajó sobre lo que pueda dictaminar la Cámara Penal, de ahora en más con la responsabilidad de defender el controvertido material probatorio de la causa en manos del Ministerio Público de la Acusación.
Una por una las condenas
