Dos comisarías y la oficina de una inspección de la Unidad Regional II fueron allanadas ayer por la mañana con orden de la magistrada Alejandra Rodenas en el marco de la causa que investiga por asociación ilícita a la banda Los Monos. Los procedimientos se realizaron tras una investigación que determinó que el prófugo Ramón Machuca, alias Monchi Cantero e integrante del clan al que se adjudica el liderazgo de la organización, se comunicó la tarde del 12 de febrero pasado con la comisaría 6ª de barrio Echesortu, la seccional 27ª y la inspección de la zona 8ª, estas últimas ubicada en la localidad de Arroyo Seco. En estos lugares, uniformados de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) se incautaron los libros de guardia para obtener la identidad de la persona que contestó el llamado del fugitivo, dijeron voceros del caso.
Esta investigación comenzó en marzo pasado cuando un uniformado que trabaja en la seccional 23ª de Funes se presentó ante el Juzgado de Instrucción 4ª (desde hace algunas semanas a cargo de Rodenas) y contó que hacía un par de días que recibía mensajes por parte de una persona que decía ser Monchi. Los textos hacían referencia a los deseos del prófugo de entregarse y solicitaba que averiguara cuáles eran esas posibilidades, indicaron portavoces judiciales.
En ese momento, Rodenas ordenó que el personal de la TOE y de Observaciones Judiciales analizara el contenido del celular que el policía entregó de manera voluntaria.
A su vez, el uniformado contó que con Monchi habló un par de veces cuando en alguna ocasión “lo demoró” y que lo conocía por terceras personas, pero luego reconoció que conocía a la familia Cantero, dijeron las fuentes.
Con respecto a la investigación, apenas tomaron posesión del teléfono llamaron al supuesto número de Machuca pero no obtuvieron respuesta. El chip estuvo activo un tiempo más, cuando el prófugo se comunicó al menos dos veces con el policía para luego quedar desactivado. En ese tiempo, se determinó que la celda que detectaba la señal del celular lo ubicaba en la zona del barrio porteño de Palermo y se dispuso la intervención de las llamadas.
Otra de las medidas ordenadas por la magistrada, según trascendió, fue conseguir el listado de las llamadas entrantes y salientes del número desde el que se comunicaba Monchi Cantero. En ese sentido, los pesquisas establecieron que, entre las 18.30 y las 19 del 12 de febrero pasado, Machuca se comunicó con los teléfonos fijos de la comisaría 6ª, la seccional 27ª y la oficina de la Inspección 8ª, estas dos últimas en Arroyo Seco. En la dependencia de San Luis 3261 (Rosario) la llamada duró un minuto y medio. La de la Inspección 8ª duró un minuto veinte, mientras que a la comisaría 27ª, la cual está en la planta baja del mismo edificio que la inspección, la duración de la llamada fue de casi cinco minutos.
En base a esa información, la magistrada ordenó tres allanamientos que se realizaron ayer a media mañana en estas dependencias policiales. En todas, el personal de la TOE incautó los libros de guardia para intentar identificar al personal que estuvo al momento de las comunicaciones, describieron voceros tribunalicios.
Megacausa
La jueza Alejandra Rodenas heredó la causa judicial que el magistrado Juan Carlos Vienna inició con el crimen de Martín “Fantasma” Paz (cuñado del luego también asesinado Claudio “Pájaro” Cantero), pero derivó en la investigación de una asociación ilícita. Monchi y Mariano “Cacho” Salomón son los únicos prófugos, ya que Máximo Ariel Cantero, de 50 años y padre de crianza de Machuca, fue apresado el pasado 22 de mayo.
En la causa 39 personas fueron procesadas, entre las que se encuentra más de una decena de uniformados, con distinto grado de participación en una asociación ilícita. A mediados de abril de este año, casi la mitad de los imputados (18) acordó un juicio abreviado pendiente de homologación. Máximo Ariel “Guille” Cantero, hijo de “el Ariel” (como se conoce al jefe de familia), recibiría una pena a 9 años de prisión como partícipe secundario en el crimen de Diego “Tarta” Demarre y jefe de asociación ilícita, además de una condena anterior por tenencia de arma. La Fiscalía ya pidió elevar a juicio escrito a otros 18 encausados y resta definirse la situación de otros tres procesados.
